Consumo impone el bloqueo de 65.000 anuncios de Airbnb que considera «ilegales»

Airbnb ha recibido un golpe en la guerra que mantiene con el Ministerio de Consumo. Según ha informado en una nota, el departamento que dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- ha instado a la plataforma de pisos turísticos a eliminar un total de 65.935 anuncios que considera «ilegales» por contravenir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.

Se trata de viviendas ubicadas en distintas comunidades autónomas y todas son alojamientos completos de uso turístico; es decir, no hay ninguna habitación individual.

Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara con un auto que avala las actuaciones de Consumo, que habían sido recurridas por la plataforma para tratar de evitar el bloqueo. Según el Ministerio, en los últimos meses ha enviado hasta tres resoluciones a la compañía, «resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad», se lee en la nota del Ministerio.

Pues bien, ahora el TSJ da la razón al Gobierno con un auto -emitido el pasado viernes-en el que insta Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata; no solo de la Comunidad de Madrid, también de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Un auto no es una sentencia, pero aun así da argumentos al departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Exactamente, Consumo asegura haber detectado tres irregularidades. La más recurrente -sobre los anuncios que han sido investigados- es la no inclusión del número de licencia o registro, extremo que es de obligación en varias normativas autonómicas. A su vez, habría anuncios que no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores -si son profesionales o particulares-, un hecho que, no hay que olvidarlo, resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. La lista de infracciones sigue y termina con la localización entre los anuncios analizados de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

La ofensiva no termina ahí, pues desde el Ministerio aseguran que están trabajando en actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades y niveles de la Administración y les han ofrecido asistencia técnica, entre otras cosas "para que pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados", se lee en la nota.

Se trata del último capítulo de una guerra que empezó el pasado mes de junio, cuando el Gobierno requirió a cierta plataforma -todavía no se conocía el nombre, aunque se sospechaba- información sobre miles de anuncios que estaban siendo publicitados sin licencia. Tras la negativa de la compañía a retirar los anuncios, a esto siguió un expediente sancionador en diciembre. Este expediente seguirá su curso más allá de lo anunciado hoy, que en todo caso redobla la presión contra la multinacional estadounidense.