El Gobierno prohíbe a BBVA hacer desaparecer el Banco Sabadell durante al menos tres años

El Gobierno cumple el guion que venía deslizando desde hace meses y torpedea la opa a BBVA. El Consejo de Ministros ha decidido, a propuesta del titular de Economía, Carlos Cuerpo, endurecer las condiciones a la entidad vasca en su intento de adquirir el Banco Sabadell. Una decisión que se ha llevado con mutismo en el seno del Ejecutivo hasta las últimas horas en las que han comenzado a filtrarse aspectos de la decisión. La condición principal es obligar a BBVA a mantener la personalidad jurídica, patrimonio y autonomía del Sabadell durante al menos tres años, lo que supone hacer sobrevivir a la entidad catalana y vetar la posterior fusión durante este periodo.

El movimiento del Gobierno supone ir más allá de lo que fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su resolución, que aprobó la operación con compromisos pactados con el BBVA como el mantenimiento de condiciones comerciales y del crédito a pymes por un periodo, según el caso, de hasta cinco años. Aquellos compromisos se han demostrado insuficientes para el Ejecutivo de Pedro Sánchez al entender que hay elementos de interés general más allá de la competencia que deben ser protegidos.

Con todo, torpedearle la opa a BBVA puede llegar a salirle caro al Gobierno ya que es precisamente lo que la Comisión Europea le había advertido que no debía hacer. Bruselas ha avisado de ello en hasta dos ocasiones al Ejecutivo español, bajo amenaza de «usar sus poderes», lo que se entiende en el sentido de que las autoridades comunitarias podrían llegar a abrirle un expediente sancionador a nuestro país.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha hecho caso omiso a las advertencias de Bruselas y ha optado por poner más trabas a la entidad vasca. BBVA ahora deberá decidir, con las nuevas condiciones en la mano, si la operación continúa siendo viable o, por el contrario, es mejor desistir de ella. Como señaló el presidente del banco, Carlos Torres, antes de conocerse la decisión, todas las posibilidades legales están abiertas.

Lo que es claro es que las nuevas restricciones del Ejecutivo obligarán a la entidad a rehacer parte de los cálculos iniciales sobre el atractivo de la operación que habían previsto en un primer momento. Y, en todo caso, el banco vasco, como dijo Torres, tiene la posibilidad de acudir a los tribunales para intentar tumbar la decisión del Consejo de Ministros ya que el BBVA entiende que la ley no habilita al Gobierno a endurecer las condiciones, sino solo a mantenerlas o suavizarlas.

El ministro Cuerpo ha explicado cómo serán esas nuevas condiciones impuestas a BBVA. El titular de Economía ha recalcado que autorizan la operación «con la condición de que durante tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad». Una sola condición pero dentro de la cual van otras muchas de manera implícita.

Esto, de facto, supone obligar a la entidad vasca a mantener vivo el Sabadell durante al menos los tres próximos años, que son prorrogables hasta cinco una vez se cumpla ese periodo. Así las cosas, de las palabras del ministro se entiende que, temporalmente, el Gobierno veta la fusión posterior de BBVA y Sabadell si triunfara la opa. Por todo lo demás, Cuerpo ha dicho que mantienen los compromisos de la CNMC.

Asimismo, Cuerpo ha señalado que esto también supone que no podrán hacerse procesos de despido en el marco de esta operación, que es algo que precisamente pedía la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en una de sus líneas rojas más duras. Lo mismo ocurriría con respecto a la red de oficinas, que tendrían que ser mantenidas en el marco de esta operación.

El ministro ha explicado que su decisión está fundamentada en cinco criterios de interés general, como garantizar los objetivos de la regulación sectorial en lo que se refiere al crédito, también proteger a los trabajadores, cohesión territorial y promoción de la innovación. Ha explicado que los criterios de interés general están amparados y avalados por el ordenamiento jurídico y que su decisión está alineada también con la normativa europea. A su juicio, esto no es un obstáculo para la integración y la unión bancaria.

Más allá de ello, poco antes de conocer la decisión del Ejecutivo, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advertía de que «la credibilidad del discurso de la integración europea sufre» al no ser compatible con este tipo de actuaciones gubernamentales. «Hay que ver si estas intervenciones son compatibles con los mensajes de integración» que el Gobierno de España y otros socios europeos enarbolan periódicamente en los consejos europeos, pero que después se ven diluidos en decisiones como la que hoy ha tomado el Consejo de Ministros, informa José María Camarero.