Huelga de jueces en España: quién la convoca, cuáles son las fechas y cómo podría afectarte

La convocatoria de una nueva huelga judicial en España ha reabierto el debate sobre la independencia del poder judicial y el equilibrio institucional en el país. Durante tres jornadas del mes de julio, se espera un parón que afectará a miles de procesos judiciales en todo el territorio. La movilización se plantea como respuesta directa a una reforma legislativa impulsada por el Gobierno, cuyo contenido ha generado una fuerte controversia entre distintos sectores de la carrera judicial y fiscal. Además, la falta de consenso institucional sobre la legalidad de esta huelga añade aún más tensión al conflicto.

Las cinco asociaciones convocantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han fijado el paro para los días 1, 2 y 3 de julio, además de una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo. Su protesta se centra en el rechazo a dos reformas: la primera, que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, y la segunda, que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según las entidades, ambas iniciativas podrían poner en riesgo la imparcialidad judicial al abrir la puerta a procesos de selección más politizados y al reforzar el poder del fiscal general del Estado, figura designada directamente por el Gobierno.

Reacción del CGPJ ante la huelga de jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado reconocer oficialmente la convocatoria, alegando que "carece de soporte normativo" y que, por tanto, no puede considerarse anunciada legalmente. También ha señalado que no es competente para establecer servicios mínimos. Sin embargo, las asociaciones han respondido que el derecho de huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, no admite interpretaciones restrictivas, y han decidido mantener la protesta, estableciendo por su cuenta los servicios mínimos como ya hicieron en anteriores convocatorias similares. Además, el Ministerio de Justicia ha planteado que podría aplicarse una detracción salarial a quienes participen en la huelga, aunque esa medida ya fue anulada en el pasado por la Audiencia Nacional.

Impacto en los procedimientos judiciales

La paralización de la actividad judicial durante tres días conllevará la suspensión de juicios, vistas y señalamientos previamente programados. Tal como ha sucedido en huelgas anteriores, estas interrupciones podrían derivar en retrasos que se prolonguen durante meses, especialmente en casos sensibles o de especial urgencia. Las asociaciones convocantes garantizan que los servicios esenciales —como los asuntos de guardia o las medidas cautelares urgentes— seguirán siendo atendidos para evitar perjuicios irreparables a los derechos de los ciudadanos.