Multan a Google con más de 260 millones de euros por recopilar datos y usar la conectividad móvil en Android sin permiso

Un jurado en San José, California (Estados Unidos) ha impuesto una multa a Google por la que deberá pagar 314,6 millones de dólares (más de 260 millones de euros) a usuarios de Android por recoger datos y usar la conectividad móvil sin permiso cuando sus dispositivos estaban inactivos.

Se trata de una demanda colectiva que fue presentada ante un tribunal estatal en 2019 en nombre de alrededor de 14 millones de californianos.

En concreto, demandaron a Google por programar los teléfonos Android para recopilar información y transferirla a sus servidores cuando los dispositivos no estaban conectados a una red WiFi.

En la demanda se recoge también que este acto se llevó a cabo «para promover sus propios intereses corporativos», así como crear publicidad personalizada y ampliar su capacidad para determinar ubicaciones.

Ahora, un jurado en San José, California (Estados Unidos) ha impuesto este martes a Google la obligación de pagar más de 260 millones de euros a estos usuarios, según han informado los abogado de los demandantes a Bloomberg. El jurado también ha acusado a la compañía de haber empleado la tarifa de datos móviles de los propios demandantes.

Por su parte, el portavoz de Google, José Castañeda, ha asegurado a Bloomberg que los usuarios aprobaron estas transferencias al aceptar los términos de servicio y las políticas de privacidad, por lo que la compañía apelará la decisión del jurado.

En este sentido, el portavoz ha argumentado que esta sentencia supone un «revés» para los usuarios, ya que «no entienden servicios que son críticos para la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de los dispositivos Android».

Castañeda ha añadido que esta recopilación de datos es necesaria para mantener el rendimiento de miles de millones de dispositivos Android, y que consumen menos datos que enviar una foto.

Este caso ha provocado que otro grupo de usuarios haya presentado una demanda en un tribunal federal de San José, con las mismas reclamaciones en nombre de ciudadanos de los otros 49 estados. Este juicio tendrá lugar en abril de 2026.