Burocracia le costaría este año a las finanzas públicas unos $ 10 billones más que en el 2024, según Fedesarrollo

El panorama económico colombiano luce cada vez más sombrío, lo cual quedó ratificado el jueves de la presente semana, luego de que las firmas calificadoras Moddy's y S&P rebajaran las notas de crédito al país debido, entre otras razones, al débil desempeño fiscal, los altos niveles de endeudamiento alcanzados, el mayor pago de intereses, la suspensión del cumplimiento de la regla fiscal por tres años y el creciente gasto público primario, que según expertos está desbordado.

A lo anterior se suma el hecho de que en las recientes revisiones de perspectivas de crecimiento de la economía colombiana de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), así como de algunas entidades locales, el país no ha salido bien librado.

El primero recortó su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Colombia del 3 al 2,5 por ciento este año, mientras el segundo señaló que este ya no avanzaría 2,7 por ciento sino que ahora espera que lo haga solo a un ritmo del 2,5 por ciento.

Aunque todos esos factores requieren atención prioritaria por parte del Gobierno para recuperar la confianza inversionistas, evitar que el país pierda del todo el grado de inversión, se encarezca aún más su deuda y, en definitiva se le pueda cambiar el curso que trae la economía, hay uno en particular, el 'gasto público desbordado' sobre el que la mayoría de analistas, académicos y economistas vienen llamando la atención en medio de una fuerte caída en los ingresos tributarios y ad portas de una nueva reforma tributaria con la que el Ejecutivo espera recaudar entre 19,6 billones y 25,4 billones de pesos.

No es para menos, cálculos del centro de estudios económicos Fedesarrollo indican que solo “la burocracia crecerá este año 28 por ciento, equivalente a 10 billones de pesos adicionales de gasto. Algo que no tiene ninguna justificación en el contexto de la gravedad de la situación fiscal”, señala Luis Fernando Mejía, director de la entidad.

No son las únicas cifras que evidencian esa grave crisis. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, sostiene que al Gobierno no le alcanza la plata, entre otras razones, por el desborde del gasto. “Para la muestra unos botones: Ministerio de la Igualdad, embajadas innecesarias, subsidios absurdos como ‘pagar por no matar’, generosos convenios con minorías étnicas que aplauden al Presidente y desbordamiento de la prestación de servicios, con 230.000 contratos por más de 9 billones de pesos, mientras se sataniza esa contratación en la reforma laboral”.

Agrega que eso mismo está generando una crisis de caja para atender gastos ordinarios, con un mínimo histórico de 8,8 billones de pesos en junio, aunque el Gobierno asegura que cerrará 2025 con más de 20 billones.

Los expertos coinciden en que los gastos de funcionamiento y la burocracia son los que lideran en crecimiento.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, sostiene que el panorama fiscal colombiano está marcado por el incremento significativo en el gasto público durante 2024, impulsado por un aumento del 20,3 por ciento en los de funcionamiento, incluyendo el servicio de la deuda. Sin considerar esta, ese crecimiento asciende a 25,8 por ciento, impulsado por un alto número de contratos de prestación de servicios por fuera de nómina.

“El gasto en funcionamiento creció 14 por ciento en términos reales, superando por más de ocho veces el económico del 1,7 por ciento registrado el año pasado”, subraya Amorocho, al señalar que, en contraste, los ingresos del Estado apenas lo hicieron en un 2,33 por ciento nominal.

Los cálculos de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio Exterior, hoy rector de la Universidad EIA, sobre los gastos de funcionamiento no difieren mucho de los de otros analistas. Pero llama la atención sobre los de la burocracia, en donde solo las órdenes de prestación de servicio han acumulado un crecimiento de 50 por ciento desde el 2022.

¿Serán suficientes, entonces, los anuncios del Gobierno para tratar de enderezar las finanzas?

El exministro Restrepo dice, por ejemplo, que no cree que la reforma tributaria anunciada prospere, con lo cual al siguiente Gobierno le queda un enorme problema. La salida es apretarse el cinturón del gasto.

Para Mejía, de Fedesarrollo, se requiere un plan de ajuste fiscal que aborde los dos frentes: un importante recorte del gasto público, buscando eficiencia en su destinación y ejecución, y una reforma que amplíe bases gravables. “No hay ninguna posibilidad de que el ajuste sea solo por el lado de los ingresos o del gasto, es absolutamente necesario abordar los dos elementos”.

Incluso, los expertos creen que el Gobierno no prestará mayor atención a las calificadoras. César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones de Corficolombiana, dice que “las calificadoras ya habían advertido que, de no adoptarse medidas correctivas, una rebaja en la nota sería inevitable, como finalmente ocurrió. A partir de ahora, la principal barrera es el propio mercado: que decida no seguir prestando. Sin embargo, por el momento eso no parece inminente, dado el alto retorno que representan los intereses actuales”.

Sostiene que el costo de la deuda también amerita mayor atención. “Los intereses reflejan el costo de la baja confianza. Históricamente, el país destinaba alrededor de 3 por ciento del PIB a su pago; hoy es cerca del 5 por ciento. Y, con los más recientes anuncios de las calificadoras, todo indica que esta situación no cambiará en los próximos años”.