Con la deuda al cuello... / Análisis de Ricardo Ávila

Quien es reconocido como el gran pensador irlandés, George Bernard Shaw, escribió en alguna ocasión que “las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir”. Ante advertencias de semejante calibre sería de esperar que el mundo hiciera el esfuerzo de no quedar atrapado en la red, pero no es así.

Por lo menos eso es lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada volvió a encender las alarmas por el comportamiento de las acreencias públicas. Según la entidad, los préstamos por pagar serán equivalentes al 100 por ciento del producto interno bruto global al final de la presente década, un nivel nunca visto.

En concreto, una tercera parte de los países –los mismos que representan el 80 por ciento de la economía del planeta– muestran pasivos financieros que aumentan de manera rápida. No hay duda de que la pandemia implicó una aceleración de ese ritmo, pues en dos terceras partes de 175 naciones analizadas las cargas son mayores que en 2019.

El problema es que, en lugar de poner la casa en orden tras el fin de la emergencia sanitaria, más de uno se sigue portando mal. Ese es el caso de Estados Unidos, cuyo Congreso está a punto de aprobar una ley que más que duplicaría el déficit actual, ante lo cual los inversionistas han reaccionado negativamente.

Los bonos del tesoro norteamericano, tradicionalmente considerados el papel más seguro de todos, han elevado su rendimiento en respuesta al nerviosismo. El viernes, el banquero Jamie Dimon, cabeza de JP Morgan Chase, pronosticó que “vendrán grietas” en ese mercado, con coletazos que se sentirán en los cinco continentes.

Ante semejante contexto encontrarse en el grupo de economías cuyos compromisos aumentan con rapidez no suena como lo más apropiado. Lamentablemente, Colombia está ahí y sus perspectivas no son buenas, debido a lo cual ha entrado en una especie de círculo vicioso del cual le será muy difícil salir.

De acuerdo con las cifras del propio Ministerio de Hacienda, al cierre de abril pasado las deudas del Gobierno Nacional Central ascendieron a 1.087’484.551 millones de pesos (unos 20,7 millones por cada colombiano). Dicha suma supera en 20 por ciento el saldo de un año atrás. Puesto de otra manera, en solo 12 meses el salto en las obligaciones fue de 179 billones de pesos (millones de millones), lo cual no tiene precedente.

Como consecuencia de dicha situación, los niveles actuales son los más altos de nuestra historia. Según un reporte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en marzo la deuda como proporción del producto interno bruto ascendió a 61,7 por ciento. Por su parte, un análisis del área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá señala que al finalizar el 2025 el dato podría ubicarse en 63 por ciento, un nivel que parecía impensable hasta hace muy poco.

Puede ser que, en comparación con Japón, Italia o Estados Unidos, donde el tamaño de las obligaciones supera con creces lo que producen anualmente sus economías, esos porcentajes parezcan menores y hasta manejables. La diferencia con los países más ricos es que el costo de las acreencias en nuestro caso es mucho mayor, con lo cual este se lleva una gran tajada del presupuesto nacional.

Basta con ver lo que subraya el Carf: “El gasto en intereses a marzo de 2025 fue 33,9 por ciento del recaudo tributario neto”, en comparación con 25,2 por ciento en el periodo precedente. Puesto de otra manera, ahora se nos va en intereses uno de cada tres pesos de lo que le llega al fisco por impuestos, cuando un año atrás era uno de cada cuatro. “El elevado uso de ingresos corrientes para el pago de obligaciones financieras resta espacio para el gasto social y productivo”, agrega el informe.

Entre los factores que más preocupan aparece un deterioro muy rápido que supera de lejos las proyecciones oficiales. En febrero, cuando el Ministerio de Hacienda presentó el plan financiero para el actual ejercicio estableció que la meta en materia de deuda pública sería del 60,6 por ciento del PIB, ligeramente por debajo del máximo histórico registrado en 2020 por cuenta de la pandemia (60,7 por ciento). Ahora ese nivel apunta a ser más elevado, a menos que se tome la determinación de ahorrar a toda costa.

Quienes saben de estos asuntos recuerdan que tradicionalmente la relación entre obligaciones financieras y producto interno solía ser inferior al 40 por ciento, si bien el indicador comenzó a subir en la década pasada. En 2019, para tener un punto de referencia, el nivel alcanzado fue de 48,4 por ciento, algo considerado como manejable.

Cuando apareció el coronavirus y se hizo necesario hacer giros extraordinarios para fortalecer el sistema de salud, comprar vacunas y darles apoyos a empresas y personas, el salto fue repentino. No obstante, siempre se aseguró que, una vez superada la crisis y los confinamientos obligatorios, habría un retorno paulatino a la normalidad. Para 2023, el peso de la deuda mostraba una disminución importante, pues se ubicó en 53,8 por ciento del PIB.

Ahora, Colombia ha regresado a los niveles observados en la época en que el covid-19 hizo estragos, pero sin un episodio catastrófico que justifique el deterioro. La explicación, entonces, recae en un persistente y amplio desfase entre los ingresos y los gastos del Gobierno central que se traducen en un saldo en rojo cada vez más grande.

Así como les sucede a aquellos a los que no les alcanza con lo que ganan, endeudarse es una opción válida para cubrir la brecha, mientras el faltante no sea cada vez mayor. El lío es que el año pasado fue desastroso en ese sentido y este apunta a ser mucho peor. “Nuestro cálculo es que tras un déficit equivalente al 4,3 por ciento del PIB en 2023 y al 6,8 por ciento en 2024, este año llegaríamos al 7,8 por ciento”, afirma Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá.

Dicho en plata, el agujero se ubicaría en 138,8 billones de pesos, otro récord histórico. Ello explica por qué la deuda sería mucho mayor de lo que se afirmaba hace menos de tres meses.

Es verdad que hay analistas que se inclinan por un escenario menos dramático. Por eso, unos y otros esperan con ansiedad la publicación del ‘Marco fiscal de mediano plazo’, prevista para el próximo 13 de junio, el cual dejará en claro la postura de la administración Petro sobre las cuentas estatales.

Mientras tanto, lo que es indudable es que las presiones van en aumento. De un lado, hay un desfase en los ingresos de la Tesorería que ascendería a 27 billones de pesos. Del otro, las presiones en materia de gastos van al alza, como lo reconoció el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el Congreso. El estimativo es que los mayores giros serían de 21 billones, con lo cual el descubierto adicional al inicialmente establecido quedaría en 49 billones de pesos.

¿Cómo evitar un escenario tan angustiante? La respuesta es tan sencilla como difícil de poner en práctica: conseguir nuevas fuentes de recursos permanentes o recortar el presupuesto.

Respecto a la primera, es evidente que no existen las condiciones políticas para impulsar una reforma tributaria ambiciosa. Lo máximo que se puede hacer es arañar unos pesos aquí y allá a través de medidas de emergencia, como la que impuso gravámenes temporales para atender la emergencia en el Catatumbo. Buena parte de ese paquete, sin embargo, fue declarado improcedente por la Corte Constitucional.

Sacar la tijera tampoco es fácil. No hay más que recordar que cuando Diego Guevara impulsó la idea de congelar definitivamente una serie de partidas, salió del Ministerio de Hacienda.

Su sucesor, en cambio, se ha plegado a lo que dice la Casa de Nariño, donde el término ‘austeridad’ sencillamente no es viable. Las denuncias relacionadas con el incremento del 70 por ciento en el volumen de contratos de prestación de servicios han sido ignoradas, a pesar de que el rubro de funcionamiento muestre aumentos que superan el de la inflación.

A lo anterior se agrega un efecto de bola de nieve que resulta de las cuentas pendientes de ejercicios anteriores. Como el Ejecutivo viene experimentando problemas de liquidez, acude a aquello que se conoce coloquialmente como “patear los problemas para adelante”, lo cual le pasó factura en la presente ocasión.

Además de lo mencionado aparecen las que Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, describe como “deudas a costo cero”, que consiste en la actitud estatal de no pagar lo que le corresponde. Acápites como los subsidios de energía o lo que corresponde a la salud se demoran lo que más se pueda o se entierran de manera indefinida.

Dentro de ese capítulo se incluye el aumento del anticipo del impuesto de renta correspondiente a 2026, a sabiendas de que eso golpeará los recaudos del año que viene. “Están echando mano de lo que pueden con tal de ahorrar caja, haciendo uso de figuras como esta, que en mi opinión es ilegal”, subraya Restrepo.

Nada de eso ha sido suficiente para evitar que el saldo de las cuentas que el Gobierno tiene en el Banco de la República sea muy bajo, a pesar de que las colocaciones de deuda se han anticipado. Para cualquier observador es notorio que Colombia tiene problemas de liquidez que, de no existir un correctivo, se convertirán en una amenaza seria para el debido funcionamiento de la administración pública en cuestión de meses.

Evitar que las cosas se pongan peor no es fácil. Por ahora, la dirección de Crédito Público ha actuado de manera ingeniosa, acudiendo a mecanismos como la emisión de bonos de tesorería de corto plazo, para solventar las dificultades. Al mismo tiempo, se han hecho colocaciones en aquellas denominaciones que pagan intereses menores que las de los títulos a 10 o 15 años de plazo. Parte del objetivo es aplanar los vencimientos y sustituir papeles que expiren en una fecha más cercana.

Aun así, ningún esfuerzo alcanzará para ocultar lo que es un desequilibrio estructural y creciente en las finanzas públicas. Tal como están las cosas, el próximo gobierno se apresta a recibir una herencia envenenada, consistente en un país al borde de la quiebra que requerirá una cirugía mayor –la cual involucrará mayores cargas impositivas– si quiere salir del atolladero.

Por ahora, lo que se ve es que los costos del endeudamiento vienen subiendo. Hoy por hoy, los márgenes de riesgo que tienen los papeles de deuda colombiana que se negocian en el mercado secundario son los más altos de la región.

Ningún observador medianamente juicioso considera que haya probabilidad alguna de que el país vaya a cumplir con la regla fiscal. A ello se agrega la expectativa de que las firmas calificadoras de riesgo nos rebajarán la nota, algo que ya está implícito en la valoración de los títulos nacionales en el mercado.

Irónicamente, la situación actual hace que el terreno sea muy propicio para los especuladores en bonos nacionales. Con un escenario de intereses en pesos relativamente elevado, entrar y salir con rapidez puede ser muy rentable, sobre todo si hay calma en materia cambiaria, como ha sido el caso en semanas recientes.

Pero la aparente tranquilidad puede desaparecer de un día para otro si el Gobierno no entiende que está obligado a enmendar la plana para que las cosas no sigan empeorando. De lo contrario, serán los colombianos de a pie los que paguen la cuenta a través de mayores intereses, más devaluación y una parálisis de la inversión productiva.

Ojalá no tengan razón quienes creen que aquí hay un cálculo político perverso, consistente en sembrar las semillas de un caos macroeconómico que será aprovechado, cuando los mismos que están hoy en el Ejecutivo se encuentren en la oposición. Por eso hay que apelar a la entereza de los buenos funcionarios que todavía quedan, para que esta no sea la crónica de una debacle anunciada.

No deja de ser una gran ironía que, en medio de tantas afugias, en el Ministerio de Hacienda se haya considerado rebautizar la sala más importante del edificio que ocupa la entidad. Ahora, el espacio que llevaba el nombre de Roberto Junguito tiene el de Antonio García Nossa, descrito como el pionero del pensamiento social en Colombia.

Sin entrar a debatir los méritos del abogado e historiador caucano respecto a la distinción, en los momentos actuales la ausencia de Junguito se siente más. A fin de cuentas, el exministro fue clave para manejar las difíciles coyunturas de 1985 y 2002, cuando se hizo indispensable recuperar la credibilidad en la política económica y garantizar el buen manejo de la deuda pública. Hoy, una sensatez e inteligencia de ese calibre brillan por su ausencia en un gobierno que debería anteponer a sus intereses el bienestar de los colombianos.

RICARDO ÁVILA - ESPECIAL PARA EL TIEMPO