Cuando Sánchez juega con el relato: así acaba lo que ya avanzó en privado Lagarde a Calviño sobre el impuesto a la banca

La guinda de esta singular historia que muestra la tentación y el juego de Pedro Sánchez por montar un relato político para disfrazar un varapalo se ha producido este martes. El Banco de España publicó, con visto bueno del gobernador José Luis Escrivá, el informe de Estabilidad Financiera que critica del impuesto a la banca del Gobierno.
La institución ha tenido que ser coherente con lo que defendió ya en octubre de 2022 y, tras describir todas las contraindicaciones del tributo criticadas por el Banco Central Europeo, señala en el documento: "El Banco de España comparte las conclusiones y recomendaciones del dictamen del BCE". Nada de particular si no fuera porque cuando nació este impuesto, en otoño de 2022, el entonces ministro Escrivá descalificó el informe del banco europeo: "Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos (...) Hay que rebajar muchísimo su estatus (...) En ningún caso entiendo que el BCE quiera interferir en la legitimidad de un Gobierno de regular estos temas". Eso dijo el ministro, que está ya ahora en otra onda.
Pero lo que asombró entonces en Fráncfort fue lo que sostuvo Sánchez en ese mismo 4 de noviembre. Culpó del dictamen del BCE a su vicepresidente: "El señor De Guindos, que es bien conocido por la política española, porque fue ex ministro de Economía del Gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Previamente fue responsable de un gran banco, el de Lehman Brothers (...) Yo agradezco las ganas de ayudar del señor De Guindos [con este dictamen]".
Sin embargo, Sánchez ya había sido informado sobradamente por su entonces vicepresidenta, Nadia Calviño, de lo que le había avanzado la propia presidenta del BCE,Christine Lagarde y es que no era Guindos el responsable, sino clara doctrina y decisión de la institución de Fráncfort. Según ha podido confirmar este diario, hubo una reunión en la ciudad alemana que no trascendió entonces que delata a Sánchez. Calviño aprovechó que acompañaba al Rey a una visita al BCE el 19 de octubre de 2022 para intentar conocer cuál sería el dictamen de la institución sobre el gravamen a la banca lanzado entonces por el Gobierno español.
Lagarde aceptó ver a Calviño y a su entonces secretario general del Tesoro,Carlos Cuerpo, al margen de la visita de Felipe VI y llegó acompañada del consejero holandés responsable de asuntos legales, Frank Elderson. Ambos expusieron a Calviño, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que se avecinaba: la institución iba a seguir la doctrina ya aplicada con otros países contraria a la iniciativa del Gobierno de Sánchez. Su respuesta sería crítica y daría con ello armas a la banca española afectada para litigar contra el Estado. Es decir, un mazazo para el Ejecutivo que suele además presumir de que está en la vanguardia de las corrientes europeas.
El dictamen fue dado a conocer en los primeros días de noviembre y Sánchez decidió centrar su ira en Guindos. Eso facilitaba el relato de que no era la principal institución federal europea la que le daba un varapalo, sino un viejo enemigo político del Gobierno de Rajoy. El vicepresidente del BCE replicó que él no tenía capacidad de "sesgo" en la institución. El dictamen fue aprobado por unos 30 altos cargos de toda la Eurozona y firmado por la propia Lagarde, pero Sánchez ignoró esos matices y lo que sabía Calviño.
El BCE tomó nota de la reacción del Gobierno y, cuando María Jesús Montero volvió a prorrogar el impuesto el pasado otoño, volvió a lanzar un dictamen crítico similar que Sánchez ya optó por ignorar sin insistir en Guindos.
En cuanto a Escrivá, abraza ya esta doctrina del BCE que, discutible o no, desautoriza los impuestos especiales a la banca con el argumento de que les restringen la capacidad de conceder crédito y fragmenta además el mercado único bancario que se pretende unir.
No es sorprendente tampoco la crítica de la Comisión Europea a que el Gobierno intente frenar la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell aprobada por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y el BCE por incoherencia. Se llenan la boca los gobiernos sobre que falta la Unión Bancaria como pilar de la Eurozona, pero ponen a la vez trabas al juego del mercado ya sean fusiones transnacionales como el Ejecutivo alemán, o nacionales como el italiano de Giorgia Meloni o el de Sánchez. En el caso del Sabadell, frenar su fusión es fundamental para todos los variados socios catalanes del PSOE que son claves para seguir en el poder. En Bruselas no gusta este freno, pero no está ahí De Guindos sino Teresa Ribera. Veremos qué depara la factoría de relatos.
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