El debate sobre el euro digital agrieta la mayoría proeuropea en la Eurocámara pese a su carácter estratégico

La Unión Europea depende de Estados Unidos en muchos campos, pero pocos tan cotidianos y tangibles como los pagos electrónicos. Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Apple Pay, Google Pay conforman un monopolio estadounidense en los medios de pago que tiene implicaciones para la seguridad económica europea ahora que la fiabilidad del socio norteamericano está bajo mínimos. El euro digital, una moneda digital estable y pública, es la solución planteada por el BCE. Pero su esperanza en el proyecto choca con la falta de consenso en las instituciones europeas, especialmente en la Eurocámara, con un PPE que apuesta por la iniciativa privada mientras las demás fuerzas europeístas (socialdemócratas, verdes y liberales) lo abrazan.

La Comisión Europea lanzó su propuesta legal en 2023 y, hasta ahora, se ha avanzado poco. Algunos países con menor implantación de tarjetas y banca electrónica temen que el euro digital acabe por sustituir el efectivo, con Alemania o Austria como ejemplos. Pero con Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, vuelve la urgencia. “La carpeta ha pasado del cajón de asuntos financieros a asuntos de seguridad económica”, resumen varias fuentes en la capital de la Unión. No es para menos, el BCE calcula que Visa y Mastercard concentran el 69% de las transacciones en comercios físicos. A día de hoy, no hay alternativa.

Por eso, el BCE ha contribuido -y mucho− a mover el debate. En Fráncfort ya han decidido que a la vuelta del verano, en octubre, pasarán ya a la fase dos del euro digital (un nuevo paso en las pruebas que está haciendo, no su lanzamiento al mercado). Y para entonces querría que al menos los colegisladores de la UE, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, hubieran definido sus posiciones para después negociar entre ellos las normas legales definitivas. La institución busca alternativas europeas a las stablecoins, divisas digitales que replican al dólar (o en menor medida al euro), muchas de ellas promovidas desde EE UU y con el apoyo de la actual administración.

Dentro del Consejo, varias fuentes apuntan que el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, ha dado prioridad absoluta al proyecto, y otras añaden que Polonia y Dinamarca, que ocupan la presidencia en 2025, han hecho suyo el proyecto pese a no formar parte de la Unión Monetaria. Tanto Varsovia como Copenhague son capitales que han marcado en rojo los asuntos de seguridad en sus prioridades.

El Parlamento, por su parte, no ha empezado a debatir la propuesta, pero todos los grupos reconocen que hay prisa. Lo que no hay es consenso. Socialdemócratas, Renew, La Izquierda y Los Verdes defienden el desarrollo del euro digital y de un sistema de pago público; en la bancada de la derecha, en cambio, hay división. Partidos como Vox rechazan rotundamente la medida. Hace unos meses, Santiago Abascal afirmaba que el euro digital “nos coloca directamente en la tiranía total por parte de las instituciones”, en línea con las posiciones de Donald Trump, que ha prohibido los trabajos ya iniciados sobre el dólar digital. Ahora bien, otros líderes como Giorgia Meloni se han mostrado a favor: “No estamos en contra del euro digital, siempre y cuando no sea sustitutivo” del efectivo, afirmó en la Cámara. El BCE no se cansa de incidir en que el euro digital es un complemento al efectivo.

El Partido Popular Europeo tiene, pese a que le ha correspondido coordinar la propuesta, dudas ligadas a la estabilidad financiera. El ponente es el eurodiputado español Fernando Navarrete. Él prefiere una solución privada paneuropea, un Bizum continental. La idea no es nueva, aunque hasta ahora no ha cuajado. Ahora bien, desde que el euro digital ha cogido fuerza, empiezan a despegar los proyectos: Bizum tendrá interoperabilidad en Italia y Portugal; los bancos franceses, alemanes y belgas han puesto en marcha Wero. El mes pasado la Iniciativa de Pagos Europea (EPI, por sus siglas en inglés), un grupo del que forman parte entidades financieras de varios países, hacía un llamamiento a unificar todas las iniciativas de pagos europeas.

Navarrete está ahora preparando el informe que tendrá que presentar a sus contrapartes en el parlamento. Se espera alrededor del verano. Ahí podrá desplegar su posición, porque la Comisión Europea no piensa retirar la propuesta legal. Él, que trabajó durante años en el Banco de España, defiende que el euro digital sea un plan B por si el sistema privado falla. Justifica su posición en el riesgo que el euro digital supondría para la estabilidad financiera: teme que en caso de crisis los ahorradores corran a retirar sus depósitos de los bancos para convertirlos en euros digitales.

“Es inherentemente inestable desde el punto de vista financiero. Hemos creado un andamiaje legislativo para desincentivar a la gente a correr al banco; esta es la primera vez que el sector público crea un instrumento cuyo efecto no deseado es facilitar las corridas bancarias”, expone Navarrete. Esta posibilidad, que ha generado temores también en otros grupos de la oposición, se quiere evitar estableciendo un límite de tenencias de unos pocos miles de euros. Aquí está ahora uno de los grandes debates, explican fuentes conocedoras de las conversaciones, en las que el BCE tiene un papel que jugar. No obstante, Navarrete pone en duda la efectividad de esta cuantía, ya que nunca ha sido testada. “Me pone muy nervioso a mí y a muchos parlamentos”, espeta.

El debate sobre los riesgos para la estabilidad financieras no son ajenos entre los demás grupos. Nikos Papandreou, shadow rapporteur [ponente en la sombra] del euro digital para los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo (S&D), reconoce que en el pasado este aspecto le preocupaba, pero ha cambiado de idea. “No van a sacar de repente el dinero del banco, que es algo que pueden hacer ahora también. Ante dificultades financieras, si todos quieren retirar su dinero y convertirlo en euros digitales, estos acabarían en el balance del BCE, seguirían en el sistema. En cambio, sin euro digital, se envían a otro banco o se sacan y se ponen debajo del colchón y no sabemos dónde van. El euro digital no va a traer inestabilidad”.

El ala más de izquierdas de S&D lo ve incluso como una respuesta ante el avance de las criptomonedas y a la posibilidad de que las stablecoins o monedas estables sean capaces de crear un ecosistema monetario paralelo. Los Verdes también aprueban esta medida. Damian Boeselager, de Volt, asegura que su grupo está a favor del desarrollo del proyecto que define como crucial para garantizar la soberanía monetaria. En la misma línea se colocan los eurodiputados de The Left, que se suman a la defensa de esta medida. Pasquale Tridico, shadow rapporteur del grupo, advierte de que la ausencia de un instrumento común y paneuropeo representa una pérdida económica fuerte. “Es esencial para reforzar la autonomía estratégica de Europa, en términos de soberanía monetaria y de independencia frente a otros sistemas internacionales”.

Los grupos de izquierda no rechazan la posibilidad de una solución privada. No obstante, no la ven como una alternativa, sino más bien como una opción más en el mercado. “Las soluciones privadas no impiden las soluciones públicas, y viceversa”, resume Gilles Boyer, el responsable de esta carpeta legislativa en Renew, el grupo liberal.

En octubre de este año termina la fase de preparación y las instituciones deberán decidir si seguir con el desarrollo del proyecto, según los plazos del BCE. Pero para hacerlo es necesario tener la legislación. Y entre los eurodiputados hay dudas sobre si se llegará a tiempo. Navarrete prevé presentar su informe a lo largo de este año, aunque no pone fecha e incide en que los tiempos los dictan los legisladores. Fuentes parlamentarias creen que se está ganando tiempo para dar margen al sector privado, aunque el ponente lo niega rotundamente: “No es mi intención jugar con los tiempos. El reto de la sobre dependencia de proveedores no europeos es grave y hay que resolverlo lo antes posible”.

La funcionalidad offline es el elemento que Navarrete salva de este instrumento: haría posible hacer pagos sin cobertura móvil, con mayores niveles de privacidad, y tiene menores riesgos de ser usado como depósito de valor. No obstante, sigue siendo una alternativa de último recurso, y prefiere la salida privada, a la que hay que dar “un espacio de tiempo que no puede ser infinito”. Para Navarrete, ambas soluciones no pueden coexistir, porque el mercado es estrecho. Una iniciativa privada podría competir con otros operadores como Visa y Mastercard, pero no con uno público que operaría con ventajas, gracias a subsidios y financiación pública. “Si llegan antes los privados, no hay necesidad del euro digital”, espeta.

Aunque el BCE sigue con sus pruebas sobre las funcionalidades de pago y los casos de uso del euro digital, llegará un momento en el que sin la legislación no podrá avanzar. Y su desarrollo requiere tiempo: Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del BCE, estimó que desde la aprobación de la normativa se necesitarán unos dos años y medio para que el euro digital vea luz.