Otra amenaza para las pensiones

Mucho se ha hablado del impacto del envejecimiento sobre las pensiones públicas, pero existe otra amenaza, menos visible, que podría agravar aún más su sostenibilidad financiera: la disminución de la participación de la renta laboral en el PIB.

En un estudio reciente, basado en simulaciones de la economía española a largo plazo, hemos analizado las consecuencias de esta tendencia. Los resultados son preocupantes: si la proporción de la renta del trabajo sigue cayendo, el déficit del sistema público de pensiones se ampliará de forma notable en las próximas décadas. El problema no es solo que haya menos trabajadores sosteniendo a más pensionistas. Además, aunque el empleo aumentara, puede ocurrir que el conjunto de los trabajadores aporte cada vez menos a la economía, cuestionando todavía más la sostenibilidad financiera de las pensiones.

En los años noventa, los salarios representaban aproximadamente el 55 % del PIB; hoy, esa cifra ronda el 50 %. El otro 50% corresponde a lo que técnicamente se conoce como rentas mixtas, o sea, las rentas de la tierra, del capital y a los beneficios empresariales, intereses, dividendos, alquileres, plusvalías... Es decir, ingresos generados por todos los demás factores que intervienen en la producción que no son el trabajo humano.

En este caso puede suceder, y está sucediendo que, aunque el tamaño de la tarta crezca, la parte de la tarta destinada a sueldos y salarios disminuya. Como los sistemas públicos de pensiones de reparto —como el español— se financian mayoritariamente con cotizaciones sobre los salarios, una menor participación de los salarios en el PIB reduce los ingresos para el sistema con relación al PIB. Este problema se agrava todavía más porque el gasto en pensiones no se ajusta a la misma velocidad que las cotizaciones. Como las pensiones se calculan en función de los salarios pasados, se produce un desfase entre la disminución de los ingresos y la disminución de los gastos lo que resulta en un aumento del déficit del sistema.

Pensemos en un trabajador de 45 años que gana 40.000 euros anuales. Si su salario disminuye a 35.000 euros, sus cotizaciones también caerán, pero su pensión futura, basada en su historial laboral, tardará décadas en reflejar esa disminución salarial. De esta forma, los ingresos del sistema disminuyen hoy, pero la disminución de los gastos solo llegará mucho más tarde. Este desfase amenaza con cronificar los déficits en los sistemas de pensiones si no se toman medidas correctoras de forma inmediata.

Para medir la magnitud de este problema, en nuestro estudio hemos simulado dos escenarios posibles para las pensiones españolas. En el primer escenario, la participación de la renta laboral en el PIB se mantiene estable; y en el segundo disminuye del 52 % en 2018 al 40 % en 2060. La diferencia es substancial: en el segundo escenario, los ingresos por cotizaciones disminuyen de inmediato, mientras que el gasto apenas se corrige, aumentando el déficit como proporción del PIB durante décadas.

Aunque nuestro análisis se centra en España, este problema es extrapolable a cualquier país que tenga un sistema de pensiones de reparto. Nuestro estudio pone de manifiesto que la sostenibilidad de las pensiones no es un problema exclusivamente demográfico; sino que depende también de la evolución de la tecnología que reduce la participación de la renta del trabajo en nuestras economías.

En nuestra opinión, el debate sobre las pensiones necesita ampliarse cuanto antes. Hasta ahora, las soluciones más discutidas se han limitado a fórmulas conocidas: retrasar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones o recortar las pensiones. Sin embargo, esas medidas, aunque necesarias en algunos casos, son insuficientes para afrontar este reto tecnológico.

El problema actual no es solo cuánto tiempo trabajamos ni cuánto cotizamos, sino cómo se estructura el sistema en un entorno económico cambiante, donde el peso de los salarios en la creación de riqueza se reduce de forma persistente. Ante este cambio estructural, la sostenibilidad de las pensiones requiere reformas mucho más profundas: deberíamos avanzar hacia un modelo mixto que combinara un sistema de reparto en el que las pensiones dependan estrictamente de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores con un sistema de capitalización obligatorio.

En este esquema, una parte de las cotizaciones se destinaría a inversiones productivas y diversificadas, que proporcionarían a cada trabajador una fuente complementaria de ingresos para la jubilación. No se trata de sustituir la solidaridad intergeneracional, sino de reforzarla con mecanismos que refuercen la sostenibilidad del sistema frente a los cambios demográficos y tecnológicos que se avecinan.

Nuestra investigación demuestra que el futuro de las pensiones no depende exclusivamente de la demografía, como durante mucho tiempo se ha planteado. Depende también, y de manera crucial, de la forma en la que se distribuye el PIB. Si los salarios pierden peso en el PIB y la riqueza se concentra en formas de capital menos accesibles para la mayoría, la base contributiva de los sistemas de reparto se erosiona, haciendo inviable su sostenibilidad a medio y largo plazo.

En este nuevo entorno de sustitución de trabajo humano por máquinas y algoritmos, la pasividad no es una opción. Esperar a que el problema se agrave para intentar resolverlo solo nos condenaría a soluciones más drásticas y socialmente más dolorosas en el futuro. Si queremos preservar el pacto social que sostiene nuestras pensiones públicas, debemos actuar de inmediato con reformas audaces, técnicamente sólidas y socialmente justas, capaces de reforzar la sostenibilidad financiera del sistema sin sacrificar la cohesión ni la equidad intergeneracional que le dan sentido.