Suspensión de la regla fiscal enfrenta su primera demanda en el Consejo de Estado

Tras los fuertes debates que se han generado en el país y los temores despertados por los recientes anuncios del Ministerio de Hacienda por la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape enfrenta su primer reto judicial; este debate se trasladará a los estrados judiciales.

Todo esto, debido a una acción judicial presentada por Pedro Nel Ospina quien radicó su recurso ante el Consejo de Estado, solicitando la nulidad del acto administrativo adoptado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que habilitó esta medida excepcional, al considerar que no cumplía con los requisitos legales ni constitucionales establecidos.

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Según el demandante, la activación de la cláusula de escape, figura incorporada en la Ley 2155 de 2021 como parte de la reforma a la regla fiscal, fue arbitraria, políticamente motivada y jurídicamente infundada; ya que a su juicio, el Gobierno utilizó indebidamente una herramienta diseñada para choques extraordinarios, como catástrofes naturales o pandemias, para justificar desequilibrios fiscales estructurales que, aunque graves, eran previsibles y forman parte del funcionamiento normal del ciclo económico.

La demanda, radicada este 1 de julio de 2025, sostiene que la decisión del Confis y del Ministerio de Hacienda vulneró principios fundamentales como la legalidad, la sostenibilidad fiscal y la buena fe. Además, argumenta que la suspensión de la regla fiscal debilita los controles institucionales sobre el manejo del gasto público y crea un precedente peligroso al permitir que decisiones políticas se disfracen de necesidad técnica.

Entre los principales argumentos jurídicos, el demandante enfatiza que el Gobierno no demostró la existencia de un “hecho extraordinario e imprevisible” que justificara la activación de la cláusula de escape, tal como lo exige el artículo 28 de la Ley 2155, ya que de acuerdo con el texto, las causas esgrimidas, la caída en el recaudo, el aumento del gasto y el crecimiento del servicio de la deuda, no solo eran conocidas desde tiempo atrás, sino que son consecuencia de decisiones políticas y fiscales previas del mismo Gobierno.

La demanda también señala que no se surtió adecuadamente el procedimiento requerido para activar la cláusula y, en particular, cuestiona que el Gobierno no haya presentado un análisis técnico riguroso que sustentara la urgencia de la medida, y que no se haya dado un papel real al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), cuya función de asesoría técnica en estos procesos es clave para garantizar independencia y objetividad.

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Según el texto de la demanda, la activación se basó en supuestos débiles y no en evidencia sólida, y el dictamen del Carf fue ignorado pese a que había advertido que no se trataba de un hecho extraordinario. En ese mismo sentido, la demanda advierte que el Gobierno incurrió en una desviación de poder al utilizar una herramienta excepcional para fines ordinarios.

Esto, en opinión del demandante, configura una vulneración al principio de legalidad y una desnaturalización de la cláusula de escape, cuya función original es ofrecer un respiro fiscal temporal en contextos de fuerza mayor, no liberar al Ejecutivo de su responsabilidad fiscal en años electorales o de baja ejecución presupuestal.

Además del análisis legal, la demanda subraya los riesgos institucionales y económicos de la medida, acotando que al suspender la regla fiscal sin un respaldo técnico y legal claro, el Gobierno compromete la credibilidad de la política fiscal, aumenta la incertidumbre sobre el manejo de las finanzas públicas y genera señales negativas a calificadoras de riesgo e inversionistas.

“Se está utilizando una figura excepcional para mantener un nivel de gasto que no es sostenible y sin una hoja de ruta clara de retorno a la disciplina fiscal”, afirma el texto.

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Como medidas concretas, el demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad del acto administrativo del Confis que activó la cláusula de escape, y ordenar el restablecimiento inmediato de los límites establecidos en el marco de la regla fiscal vigente. También pide que se emita una advertencia sobre el uso indebido de esta figura, para evitar que se convierta en un instrumento de flexibilización permanente del marco fiscal.

Esta demanda se convierte en el primer proceso formal que cuestiona jurídicamente la decisión del Gobierno de suspender su regla de anclaje fiscal y su desenlace podría sentar un precedente clave sobre los límites legales de las decisiones de política económica, y sobre el equilibrio entre flexibilidad fiscal y responsabilidad institucional.