Acusan a embajador en Canadá de nexos con crimen organizado

Carlos Joaquín, exgobernador de Quintana Roo y actual embajador de México en Canadá, ha sido señalado por encubrir extorsiones y facilitar operaciones del crimen organizado en la Riviera Maya. Las acusaciones, lanzadas por el exsecretario Gabriel Mendicuti, sacuden al servicio exterior mexicano.

La tranquilidad diplomática fue sacudida por una declaración explosiva: Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno de Quintana Roo, acusó públicamente al embajador Carlos Joaquín González de permitir la expansión del crimen organizado en la entidad durante su mandato como gobernador (2016–2022).

Durante una entrevista en la estación Playa FM 103.1, Mendicuti afirmó que uno de los hijos del exgobernador participaba directamente en extorsiones, operando como “intermediario con los cárteles” y cobrando derecho de piso a empresarios locales.

“Lo van a reventar en las próximas semanas”, advirtió Mendicuti, asegurando que el entorno criminal que rodea al joven representa un alto riesgo incluso para su propia seguridad.

Carlos Joaquín llegó al poder mediante una alianza entre el PAN y el PRD, en un intento por romper con los gobiernos priistas que dominaron Quintana Roo durante décadas. Sin embargo, tras concluir su sexenio, se distanció de ambos partidos y se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldando proyectos federales como el Tren Maya.

Esa cercanía política lo catapultó a la diplomacia: fue designado embajador de México en Canadá, cargo ratificado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum apenas semanas atrás.

Las cifras que dejó su gobierno no son alentadoras. Durante el sexenio de Carlos Joaquín, los homicidios dolosos en Quintana Roo se dispararon más de un 180%, en comparación con su antecesor. A pesar de encabezar la detención de su predecesor, Roberto Borge, su administración fue duramente criticada por permitir la fragmentación del poder criminal en la región.

Paradójicamente, muchas de las denuncias por el saqueo del patrimonio estatal cometido bajo Borge fueron procesadas en el gobierno de Joaquín. No obstante, ahora su cercanía con actores señalados por extorsión despierta sospechas de una posible continuidad de redes delictivas bajo una nueva fachada política.

Hasta el momento, el embajador Carlos Joaquín González no ha emitido ninguna declaración respecto a las acusaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco ha ofrecido una postura oficial sobre el caso, mientras en redes sociales se multiplican los llamados a investigar a fondo.

La gravedad de las acusaciones no solo cuestiona la idoneidad de Joaquín como representante diplomático, sino que pone en entredicho los mecanismos de evaluación y ratificación de funcionarios con historial cuestionable.

El testimonio de Mendicuti, quien colaboró con el hoy encarcelado Roberto Borge, forma parte de una cadena de señalamientos que cruzan partidos y sexenios. La línea que separa la política de la criminalidad organizada en Quintana Roo parece, a decir de los hechos, cada vez más delgada.

Mientras tanto, empresarios en la Riviera Maya relatan que el cobro de piso se ha vuelto práctica cotidiana desde hace años, coincidiendo con el periodo en que el hijo del ahora embajador habría operado, según las acusaciones.

La presión pública crece. Organizaciones de la sociedad civil y voces en redes sociales exigen a la Fiscalía General de la República abrir una carpeta de investigación contra Carlos Joaquín y su círculo cercano. La sospecha de que recursos ilícitos pudieron haber financiado su campaña en 2016 ha reavivado los reclamos por transparencia y justicia.

Mientras tanto, en Canadá, su presencia como embajador mexicano podría convertirse en una crisis diplomática si el caso escala a nivel internacional.