Asociaciones de magistrados y fiscales protestan hoy con un paro de diez minutos ante los tribunales

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, anunció ayer que el Congreso debatirá mañana la reforma de acceso a la carrera judicial, en plena bronca con jueces y fiscales que se concentran hoy en contra de la reforma. López indicó que se trata “de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal para atraer talento con independencia del origen económico, social o geográfico”.

Uno de los objetivos es establecer un sistema de becas con la cuantía del salario mínimo interprofesional durante 4 años. La reforma que se debate este jueves crea el llamado cuarto turno y, además, prohibirá la financiación privada de los cursos judiciales. Los socialistas cuentan con los votos en contra del PP y Vox. La previsión es que el Gobierno de coalición, junto a los socios de investidura, tumben las enmiendas a la totalidad que se presenten.

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El impulso de esta reforma viene acompañado por la convocatoria de todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, de un paro de diez minutos para las 12 horas del miércoles a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.

En el comunicado de la convocatoria, las firmantes solicitaban “la retirada” del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge “medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial”, que no responde a “una verdadera demanda social” y que no contribuye a “solucionar los verdaderos problemas de la Justicia”.

El anuncio de la reforma del Estatuto Fiscal coincide con el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por filtrar a un medio de comunicación datos personales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El anuncio de la reforma del Estatuto Fiscal coincide con el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El ministro Félix Bolaños intentó apaciguar a las asociaciones judiciales y fiscales para evitar los paros. En una carta remitida a las siete asociaciones, Bolaños defendió que estas reformas son “imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI”. Cinco de las siete asociaciones emitieron un comunicado conjunto en el que advertían que suponen “un serio retroceso” en el Estado de derecho y amenazan a la independencia judicial y los principios constitucionales.

Para estas asociaciones, el proyecto de ley que se va a llevar al Congreso para su tramitación propicia “un acceso arbitrario a la judicatura”.