BC evalúa Fondos de Emergencia por crisis migratoria de Trump

Ante las deportaciones masivas y el cambio en el flujo migratorio por las políticas de Trump, el Congreso de Baja California analiza activar recursos extraordinarios para atender la crisis en Tijuana y otros municipios.
La respuesta de Baja California a las duras políticas migratorias de Estados Unidos ya está en marcha. El Congreso del estado analiza la posibilidad de declarar una emergencia y habilitar fondos extraordinarios para hacer frente a las posibles deportaciones masivas y atender a la población migrante.
Mexicali, B.C.- El gobierno de Baja California se prepara para las consecuencias de la nueva era migratoria impuesta por Estados Unidos. El Congreso del estado ha iniciado una evaluación para determinar si es necesario implementar una declaratoria de emergencia o activar fondos extraordinarios para apoyar a los municipios fronterizos, especialmente a Tijuana, en la atención de migrantes.
Esta acción responde directamente a las nuevas y severas leyes migratorias de la administración Trump, que han alterado drásticamente el flujo de personas en la frontera y amenazan con deportaciones masivas de connacionales.
El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que, aunque la situación aún se está evaluando, existen mecanismos legales y presupuestales para responder a la crisis. El Congreso ha hecho un llamado formal al gobierno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para que se coordine con autoridades federales y municipales y así garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
«No se trata sólo de gestionar flujos migratorios, sino de garantizar sus derechos humanos, esto no es opcional, sino una obligación ética y legal», se lee en un acuerdo del Congreso, subrayando el enfoque humanitario que se busca implementar.
Uno de los primeros pasos sería asegurar que los ayuntamientos, con Tijuana a la cabeza, reciban los recursos necesarios para atender a los mexicanos que podrían ser retornados masivamente desde Estados Unidos.
El Ayuntamiento de Tijuana, previendo este escenario, ya había aprobado una declaratoria de emergencia municipal el pasado 13 de enero, una medida que busca preparar a la ciudad para recibir a los migrantes y brindarles el apoyo necesario.
Las autoridades estatales y legislativas están a la espera de las evaluaciones completas de los tres niveles de gobierno para definir las acciones a seguir. La discusión no solo se centra en el presupuesto, sino también en la estrategia. El gobierno federal ha puesto en marcha el programa «México te abraza», que ofrece albergue y servicios básicos, pero la escala de las posibles deportaciones podría rebasar la capacidad actual.
La situación en Baja California es un claro ejemplo de cómo las decisiones de política exterior de un país tienen un impacto directo y profundo en las finanzas y la política social de su vecino. La respuesta que el estado logre articular en las próximas semanas será crucial para definir el rostro de la frontera en esta nueva y compleja etapa.
La Verdad Yucatán