¿Cañones o mantequilla?

En el proceso de reequilibrio de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, existe un consenso creciente: Europa ha vivido demasiado tiempo del llamado "dividendo de la paz", gastando poco en defensa y confiando su seguridad a Estados Unidos para destinar recursos a otras prioridades. Sin embargo, la guerra de Rusia contra Ucrania, junto con las advertencias del presidente Trump sobre una posible reducción de las fuerzas estadounidenses en Europa, han obligado a la UE a despertar bruscamente de la ilusión de que puede seguir siendo un espacio económico próspero sin hacerse cargo de su propia seguridad.
Actualmente, once Estados miembros de la UE incumplen el objetivo de la OTAN de destinar al menos un 2 % de su PIB a defensa, entre ellos España, con un 1,28 % para 2024. En contraste, EEUU destina un 3,38 % de su PIB. En la última década, Rusia y China han aumentado sus presupuestos militares en un 300% y un 600 %, respectivamente.
A las puertas de la cumbre de la OTAN en Holanda, donde se espera la adopción de un nuevo objetivo de gasto en defensa del 3,5% del PIB, junto con un 1,5% para infraestructura estratégica, el debate sobre la disyuntiva "cañones o mantequilla" se ha intensificado.
El Gobierno de España primero rechazó este nuevo objetivo, argumentando que lo que importa no son porcentajes abstractos, sino las contribuciones militares reales. Es cierto, pero la realidad es que ni España ni la mayor parte de la UE cuentan con capacidades militares suficientemente robustas.
Se trata de gastar de manera más coordinada. La industria europea de defensa está fragmentada, con numerosas duplicidades y poca interoperabilidad entre países. Mientras EEUU opera con un único modelo de tanque de batalla, la UE cuenta con 17 diferentes; frente a sus cuatro tipos de fragatas, Europa tiene 29; y mientras EEUU emplea 6 modelos de aviones de combate, los países europeos utilizan 20. Esta dispersión responde a que los gobiernos son la principal fuente de demanda para sus respectivas industrias de defensa, lo que mantiene a las empresas armamentísticas en mercados pequeños y limita la producción a niveles insuficientes para el actual contexto geopolítico.
En respuesta, la Comisión Europea ha impulsado el Plan de Rearme, con el objetivo de fortalecer la capacidad militar europea para 2030, creando una demanda estable que brinde a la industria las condiciones necesarias para planificar y aumentar su producción.
Debido a que los Tratados de la UE no permiten usar directamente el presupuesto comunitario para operaciones militares, y dado que este solo representa el 1 % del PIB agregado de los Estados miembros, el grueso del gasto adicional debe proceder de los presupuestos nacionales. Para facilitar esta financiación, la Comisión propuso activar la cláusula de escape nacional de las reglas fiscales europeas, otorgando mayor flexibilidad a los gobiernos para cumplir sus objetivos de déficit. Se esperaba que esta medida movilizara 600.000 millones de euros adicionales, pero hasta la fecha solo 16 países, entre ellos Alemania, han solicitado acogerse a ella. Francia, Italia y España han optado por no activarla, temiendo reacciones negativas en los mercados debido a sus altos niveles de deuda, lo que reduce a la mitad el gasto adicional previsto por la Comisión.
El segundo pilar de financiación es europeo. El fondo SAFE ofrece 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo (hasta 45 años) para que los gobiernos financien compras conjuntas entre varios gobiernos europeos de material militar. Los gobiernos tienen plazo hasta finales de julio para solicitar estos préstamos.
En cuanto a los subsidios a fondo perdido, la Comisión ha propuesto el Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP), con una dotación de 1.500 millones de euros hasta 2027. El Parlamento Europeo, sin embargo, aboga por aumentar significativamente esta cantidad.
El tercer pilar del plan es la simplificación administrativa, con tramitaciones aceleradas para autorizaciones relacionadas con la defensa.
El cuarto y último pilar es la financiación privada. Recientemente, el Banco Europeo de Inversiones anunció un préstamo de 500 millones de euros a Deutsche Bank que permitirá movilizar hasta 1.000 millones de euros en capital para pymes a lo largo de la cadena de suministro de seguridad y defensa.
El objetivo de inversión en defensa de la OTAN representa un compromiso a medio plazo. Implica un gasto estructural que exige planificación multianual, no parches presupuestarios.
Además, la distinción entre un objetivo de gasto en defensa en sentido estricto y otro en infraestructura deja claro que no todo el gasto en defensa podrá justificarse mediante productos de uso dual (civil y militar), una estrategia que algunos gobiernos —como el de España— esperaban aprovechar para incluir partidas como la ciberseguridad dentro del cómputo del gasto militar. Aunque las tecnologías disruptivas son cruciales, sigue siendo imprescindible contar con armamento convencional. Si se busca disuadir amenazas reales, las capacidades de defensa deben ser efectivas y tangibles, no simples cifras proyectadas en hojas de cálculo.
Tampoco tiene sentido fingir un trato excepcional dentro de una organización intergubernamental como la OTAN, que se basa en la simetría entre aliados, no en privilegios a medida. Algunos parecen confundir a la Alianza con los mercadeos "plurinacionales" en España. Pero estas pretensiones de excepcionalidad pueden volverse en contra: podrían debilitarnos en otras mesas de negociación, especialmente en el contexto de las relaciones comerciales entre la UE y EEUU La falta de compromiso con la defensa colectiva en la OTAN podría traducirse en más aranceles.
Eva Poptcheva, ex eurodiputada
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