César Gaviria pide a la Fiscalía que investigue al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por gestión en la salud

El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación formal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por posible omisión dolosa al haber contribuido supuestamente en "el desfinanciamiento sistemático" y el "deterioro progresivo" del derecho a la salud.

Para el expresidente, el desfinanciamiento crónico, la fragmentación institucional, el colapso progresivo de las EPS y los retrasos sistemáticos en los pagos a hospitales y profesionales han configurado un panorama insostenible que amenaza el acceso efectivo y oportuno a la salud.

Según la colectividad roja, el Gobierno desoyó todas las alertas sobre el sistema de salud. "Esta responsabilidad no recae exclusivamente en el ministro, sino también en la Superintendencia de Salud y en todos aquellos funcionarios que, por acción u omisión, han facilitado el colapso institucional. Estas conductas podrían constituir faltas disciplinarias, fiscales y eventualmente penales, y deben ser objeto de una investigación rigurosa e independiente", indicó Gaviria.

En ese sentido, se solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación que determinen las responsabilidades correspondientes.

La Corte Constitucional ha sido clara: el derecho a la salud en Colombia es fundamental, autónomo e irrenunciable. La Sentencia T-760 de 2008 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 consolidaron ese reconocimiento y ordenaron transformaciones estructurales. Sin embargo, persisten fallas críticas que el Gobierno ha agravado.

La Sala de Seguimiento de la Corte ha documentado retrocesos graves: desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), desconocimiento de las sentencias C-978 y C-979 de 2010, exclusión de actores clave en las mesas técnicas, y uso de datos inconsistentes para calcular la suficiencia financiera del sistema. Las consecuencias son evidentes: aumento exponencial de tutelas (265.000 en 2024), caída en la afiliación (del 99% al 96,5%) y colapso en la atención por falta de insumos y pagos.

El Gobierno ha sido advertido reiteradamente. La Contraloría evidenció que las EPS acumulan una deuda de $32,9 billones, 16 presentan problemas de liquidez y solo 6 cumplen con los requisitos financieros. La Nueva EPS —con 11,5 millones de afiliados— ni siquiera presentó estados financieros. La crisis de flujos ha puesto en riesgo el acceso a medicamentos, el pago al personal médico y la sostenibilidad de los servicios.

A pesar de ello, el Ministro Jaramillo ha desatendido fallos, ha intervenido entidades sin el debido proceso —como en el caso Sanitas, donde la Corte declaró vulneración de derechos— y ha promovido medidas que ahondan el colapso. Hace unos mese yo afirme que, demandar a las EPS mientras se incumple la financiación estatal es una acción antijurídica y una violación a la Sentencia SU-480 de 1997.

A ello se suma la denuncia de que los decretos recientes no solucionan los problemas estructurales y, por el contrario, podrían desmantelar el sistema sin ofrecer una alternativa funcional. El desorden en la atención, la falta de control fiscal sobre modalidades contractuales como el PGP, y el incremento del 23% en las PQR son síntomas de una crisis inducida.

Hoy el sistema no colapsa por falta de diagnósticos, sino por la negligencia en atenderlos. Las advertencias estaban dadas por la Corte, la Contraloría y los expertos. La ignorancia no es excusa. Y la vida de millones de personas está en juego.

En todo caso, millones de ciudadanos viven hoy con incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos, el funcionamiento de sus prestadores y la viabilidad de las reformas. La salud, como derecho fundamental, no puede seguir siendo rehén de disputas políticas ni de intereses ideológicos. Frente a esta crisis, los partidos Liberal, Conservador y de la U propusimos en 2023 una ruta de reformas responsables, dentro del marco del sistema vigente, que la Corte Constitucional ha avalado, afirmando en la Sentencia C-378 de noviembre de 2023 que no existe prohibición alguna para que las EPS operen con ánimo de lucro y que el sistema vigente estaba dentro de nuestro ordenamiento constitucional.

Desde el inicio del debate que comenzó en la Casa de Nariño y cuyo objetivo era discutir con el presidente la posibilidad de que el gobierno financiara lo referente a la financiación de las zonas marginales para las cuales carecíamos de recursos, la exministra Carolina Corcho dejó clara la intención del gobierno. Había de eliminar las EPS para destinar directamente esos recursos subsidiados a una nueva estructura estatal. Lo que se tradujo en una estrategia deliberada y metódica para provocar una crisis explícita, calculada para asegurar que el sistema fuera público, sin medir que una tal metodología ya para ese momento así fuera en contra de los fallos de la Corte Constitucional. Recientemente, el presidente Gustavo Petro fue contundente: “No hago nada y dejo que pase”.

Esto, a pesar de que fuimos los tres partidos quienes, con sensatez y con un trabajo cuidadoso, propusimos una solución que corregía las fallas del sistema sin desconocer lo dispuesto por la Corte Constitucional, y sin hacer cambios que fueran innecesarios e incompatibles con cambios profundos del sistema. Pero desde ese momento el Ministro optó por el camino del desconocimiento sistemático de la legalidad y, incurriendo en lo que constituye un desacato abierto y sistemático de a decisiones judiciales.

La intención fue brutalmente confirmada. Con una franqueza que raya en el cinismo, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció públicamente que las EPS están siendo llevadas “a cuidados intensivos” mientras se intenta imponer una reforma ampliamente cuestionada, que desconoce los fallos y las órdenes de la Corte hasta el presente. No fue un lapsus: fue una confesión abierta de una estrategia de asfixia institucional. Ya se sabe que carece de veracidad las declaraciones de que estas deudas serían pagadas, lo que no va ocurrir.

Los informes indican que la situación fiscal será la razón que el Estado a aducir. El gobierno no cuenta con los recursos fiscales para pagar las deudas millonarias que tiene con el sistema. La situación se agrava. El mismo ministro ha declarado que las EPS sirven solo como "cortina" mientras se aprueba su nuevo proyecto. Pero sin pagos, el sistema pronto colapsará, y lo que quedará será un sistema raquítico, quebrado, apenas funcional para atender a los más pobres. Estoy seguro de que el presidente Petro ignora que este es un problema que se le viene encima.

Como estoy seguro que cuando el gobierno empezó a comparar nuestros indicadores con los de la OCDE, estos últimos son en su inmensa mayoría los países desarrollados. Colombia y otros países de Latinoamérica fueron llevados allí por la crisis generada para la creación del ALCA con los países del Mercosur, pero como entonces lo dijimos, era una comparación inapropiada para mostrar. Insistió el gobierno en que nuestro sistema era malo, cuando era mejor que el de la inmensa mayoría de los países en desarrollo. Era más era un modelo de eficiencia en muchos frentes. Desconocemos lo que el ministro pensaba a este respecto. El debió entender que sentido tenia la discusión, pero no participo, aunque debió comprender su sentido.

Porque no solo las EPS están en cuidados intensivos. También lo están los pacientes, las clínicas y hospitales, que a diario cierran servicios, y los proveedores, que ya no pueden garantizar la entrega de medicamentos vitales. Hoy, las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, lo que compromete gravemente el suministro de medicamentos esenciales. Y como si fuera poco, 29,7 millones de colombianos —6 de cada 10— están afiliados a EPS intervenidas desde hace más de un año y medio, sin viabilidad operativa ni financiera, como lo ha advertido la Contraloría General de la República. Tal explicación oculta que quien la mala administración de las EPSs se deriva de la mala gestión de la Superintendencia de Salud cuyo superior jerárquico es el ministro. Una de las decisiones más torpes fue como el ministro demandando a todas las EPS que él administra por no cumplir los indicadores financieros y era suya la responsabilidad de su administración,

Según la Contraloría General de la República, en 2024 la siniestralidad del sistema de salud alcanzó el 110%, lo que significa que por cada 100 pesos recibidos, las EPS gastaron 110. Los costos del sistema ascendieron a $94 billones, mientras los ingresos apenas llegaron a $87,9 billones. Es decir: el sistema está desfinanciado, y al gobierno, simplemente, no parece importarle.

Lejos de abrir espacios de diálogo técnico o de construir sobre lo que funciona, se ha optado por arrasar con todo. Esto no es una política pública: es una maniobra de demolición institucional.

Un caso doloroso y emblemático fue el de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, quien falleció el 11 de junio de 2025 por complicaciones derivadas de hipertensión pulmonar secundaria asociada a lupus eritematoso sistémico. Famisanar, su EPS, no le suministró medicamentos vitales, lo que precipitó su muerte. Esta tragedia no es un caso aislado: es la consecuencia directa de un colapso institucional que el gobierno se niega a reconocer y asumir.

La responsabilidad de garantizar atención a pacientes en estado crítico es ineludible desde el punto de vista legal y constitucional, incluso cuando se trata de EPS en proceso de intervención o liquidación.

La Corte Constitucional ha sido clara y reiterativa. En el Auto 007 de 2025, volvió a exigir al gobierno un cálculo riguroso de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema, incluyendo los ajustes pertinentes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la cobertura de servicios por fuera del Plan de Beneficios. Este mandato se suma a lo establecido en el Auto 2882 de 2023, donde la Corte ordenó al gobierno garantizar el flujo oportuno de recursos y respetar el marco jurídico vigente.

Sin embargo, el ministro de Salud persiste en su desacato sistemático. Interpone nulidades, solicita aclaraciones, aparenta cumplir, pero en la práctica desobedece su responsabilidad más alta: proteger los derechos fundamentales de millones de colombianos. Prefiere ver cómo se derrumba el sistema, antes que implementar soluciones que ya conoce. Y no solo se trata de omisión.

En días recientes, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela presentada por los accionistas de Sanitas, y ordenó a la Superintendencia de Salud devolver la EPS a sus propietarios, al considerar que su intervención fue arbitraria, sin garantías procesales ni fundamentos técnicos. Sin embargo, circulan versiones preocupantes: la Superintendencia no estaría dispuesta a cumplir dicha orden.

Ni el ministro ni el superintendente han ofrecido una respuesta clara frente al pronunciamiento de la Corte. Por el contrario, crece el temor fundado de que se esté preparando una nueva intervención o incluso la liquidación de Sanitas, lo que pondría en riesgo la atención de millones de usuarios y profundizaría la crisis humanitaria y financiera que vive el país.

La Superintendencia de Salud ha ignorado los reiterados llamados de la Corte Constitucional a garantizar el financiamiento adecuado del sistema, causa estructural del incumplimiento de los indicadores financieros por parte de las EPS. Lejos de aportar soluciones, sus intervenciones han provocado un deterioro aún mayor en la calidad del servicio, evidenciando las profundas limitaciones de esta entidad para actuar con eficacia en medio de la crisis.

Las consecuencias jurídicas de estas decisiones serán enormes: el Estado deberá asumir pérdidas multimillonarias por mala administración. Es urgente repensar el modelo de intervención y diseñar un sistema más competente para administrar las EPS, una tarea que la Superintendencia ha demostrado ser incapaz de cumplir.

En el caso de Sanitas, la EPS debe ser devuelta a sus propietarios tras 15 meses de intervención desastrosa, con un deterioro patrimonial superior a $1 billón, reservas técnicas agotadas y un incremento de más del 30% en las quejas. Las finanzas colapsaron y los usuarios fueron los principales perjudicados. El ministro de Salud, que convirtió a Sanitas en su blanco personal, guarda silencio.

Las intervenciones a otras EPS, supuestamente justificadas en indicadores de gestión, también han fracasado. No solo no mejoraron el servicio, sino que profundizaron la crisis financiera. Este deterioro se refleja con contundencia en la experiencia de los usuarios: las peticiones, quejas y reclamos (PQR) aumentaron 23,2% en un año, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024, principalmente por fallas en el acceso a servicios y tecnologías en salud.

Los datos son alarmantes. La Contraloría General ha advertido que la siniestralidad sigue disparada; el patrimonio agregado de las EPS, excluyendo la Nueva EPS —que sorprendentemente no presenta estados financieros desde 2023—, cayó a menos $10,6 billones, y las pérdidas acumuladas del sistema superan los $14,4 billones.

La crisis no es únicamente financiera. Es estructural, alimentada por una peligrosa mezcla de mala gestión, negligencia administrativa y soberbia institucional. La Corte Constitucional, desde la Sentencia SU-480 de 1997, dejó claro que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la continuidad del servicio de salud, incluso cuando lo presta a través de terceros. Esta jurisprudencia reafirma que las EPS no son simples intermediarias: son engranajes esenciales del sistema, y su sostenibilidad debe ser asegurada por el Estado.

Desde el Partido Liberal, lo advertimos con responsabilidad desde 2022: Colombia necesita una reforma técnica, basada en evidencia y construida con consensos, no una demolición política del sistema.

Optó por la imposición ideológica en lugar del diálogo técnico. Hoy, Colombia enfrenta una crisis más severa que la vivida con el antiguo Seguro Social: hospitales colapsados, EPS quebradas, pacientes sin medicamentos y profesionales de salud sumidos en la incertidumbre. La situación es crítica y exige respuestas inmediatas.

Desde el Partido Liberal, exigimos que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación formal contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por posible omisión dolosa, al haber contribuido al desfinanciamiento sistemático del sistema y al deterioro progresivo del derecho fundamental a la salud. Esta responsabilidad no recae exclusivamente en el ministro, sino también en la Superintendencia de Salud y en todos aquellos funcionarios que, por acción u omisión, han facilitado el colapso institucional. Estas conductas podrían constituir faltas disciplinarias, fiscales y eventualmente penales, y deben ser objeto de una investigación rigurosa e independiente.

Igualmente, solicitamos a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación que determinen las responsabilidades correspondientes. De no hacerlo, estarían incurriendo también en omisiones graves que comprometen la vigilancia del gasto público. La magnitud del daño al erario exige una acción decidida y transparente por parte de los órganos de control. Resulta especialmente preocupante la actuación inicial del Vicecontralor, quien remitió informes ligeros y técnicamente imprecisos, sin evaluar a fondo las causas estructurales de la crisis ni atribuir responsabilidades al Gobierno por su impacto fiscal.

Ambas entidades —Contraloría y Procuraduría— deben corregir el rumbo y ejercer sus funciones con rigor, independencia y sin temor. Su actuación será clave para evitar que esta crisis derive en una cadena de impunidad institucional.

Frente a este panorama, es urgente enfrentar la emergencia con la seriedad que el momento exige. Proponemos avanzar hacia la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional, que permita una intervención estructural, inmediata y transparente para preservar lo que aún queda del sistema de salud colombiano.

Confiamos en que tanto el Contralor General como el Procurador General actuarán con la diligencia que la crisis amerita y que impedirán que esta situación desemboque en un conflicto jurídico de gran escala, no solo por la ilegalidad en la toma de control de EPS como Sanitas, sino por la negativa reiterada del Ejecutivo a cumplir decisiones judiciales en firme.