Diputada del PT acusa a Fiscalía de BC de intimidarla con vigilancia

La tensión entre el Poder Legislativo y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha escalado. La diputada del Partido del Trabajo (PT), Yohana Hinojosa Gilvaja, denunció públicamente un acto de presunta intimidación por parte de agentes de la FGE, ocurrido días después de que citara a comparecer a la fiscal estatal.

Un grave señalamiento de presunto abuso de poder ha surgido desde el Congreso de Baja California. La diputada local del Partido del Trabajo, Yohana Hinojosa, ha acusado directamente a la Fiscalía General del Estado de intentar intimidarla, describiendo un incidente en el que un vehículo oficial de la FGE se detuvo frente a su domicilio en Tijuana para fotografiarla a ella, a su auto y a su casa.

La legisladora ha vinculado este hecho directamente con su labor de fiscalización, particularmente con sus recientes acciones para exigir rendición de cuentas a la titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez.

Según el relato de la diputada Hinojosa, el incidente ocurrió el 25 de junio. Al llegar a su domicilio, un vehículo adscrito a la FGE se detuvo detrás de ella. Una agente en el interior del auto procedió a tomarle fotografías con un teléfono celular.

La justificación oficial que recibió del fiscal central, Max Ramos, fue que la unidad se encontraba en la zona realizando una investigación por violencia familiar. Sin embargo, la diputada refutó enérgicamente esta explicación.

«El fiscal central, Max Ramos, justificó la presencia de la unidad alegando una supuesta investigación (…) en la cuadra de abajo. No pudieron haberse equivocado de dirección. Esto es una clara intimidación.» – Yohana Hinojosa Gilvaja, Diputada del PT (declaraciones parafraseadas).

Para Hinojosa, el momento en que ocurrió el incidente no es una coincidencia. Sucedió justo después de que ella, junto con otros legisladores, lograra el respaldo unánime del Congreso para citar a comparecer a la fiscal Andrade Ramírez, quien, según los diputados, ha incumplido reiteradamente con requerimientos previos del poder legislativo.

Ante lo que considera un acto de amedrentamiento inaceptable, la diputada del PT no ha dudado en señalar a las más altas esferas del poder en Baja California.

Hizo responsables directos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a la fiscal María Elena Andrade Ramírez de «cualquier cosa» que pudiera sucederle a ella, a su familia o a su equipo de trabajo.

«No me voy a callar, no me van a detener y no me van a intimidar», sentenció la legisladora, afirmando que hacía la denuncia pública como una medida de protección. Este conflicto pone de manifiesto una preocupante tensión entre dos poderes del estado, donde la labor de fiscalización de un legislador es respondida, presuntamente, con tácticas de vigilancia e intimidación por parte del órgano encargado de procurar justicia.