Las dos ruedas del Congreso

Esta mañana finaliza el Congreso sus actividades, tomándose unas vacaciones similares a las de la población activa. Aunque la Constitución mandata que sus miembros no hayan de volver a Madrid por julio y agosto, ese apartado del artículo 73 está quedando en desuso, aunque en otros, de superior fama laboral, sea el parlamento quien decide por sí mismo cuándo cierra o permanece abierto, así Alemania. El efecto no declarado, pero benéfico, de suspender el trabajo estival de los diputados ha sido el de aliviar a los ministros de los requerimientos y presiones de las señorías.

Entre lo que se quiere como de urgencia extraordinaria figura la reforma del Reglamento del Congreso mismo, muy resistente a ser cambiado, tanto como le sucede a la todavía más veterana ley electoral. De modo que han venido siendo los sucesivos presidentes quienes, mediante resoluciones compartidas por una clara mayoría, han ajustado la actividad de la Cámara a los imprevistos y faltas de precisión de sus artículos; la primera de esa larga lista data del socialista Peces Barba en 1983.

No se entiende la inhibición de la presidencia en favor de un torpe cambio reglamentario

Esta auto-reforma, que va a aprobarse sin el asentimiento del grupo parlamentario más numeroso, el Popular, ni tampoco del tercero en escaños, sancionará las conductas impropias entre los periodistas acreditados ante el Congreso. Sus señorías van a entender, tras consultarlo con las asociaciones de prensa, de sus asuntos profesionales, aunque no sean los de la organización y funcionamiento de los diputados, de lo que se ocupaba el Reglamento hasta hoy. ¿Vale la pena conducir al Pleno a otra notoria división en su seno, en respuesta a las reiteradas demandas de unos afectados que tienen el lógico prurito de permanecer ajenos a los juegos de poder de la política, también de la parlamentaria?

Lo urgente era no arrastrar por más tiempo un problema de convivencia, que no es el de la ostentosa parcialidad hacia los escaños progubernamentales de algunos nuevos medios, como sostiene el portavoz de ERC. Pero ése no resignarse a entrevistas que llegan al careo burlón grabado a pie de calle, a los altercados y el desdén con el compareciente en las ruedas de prensa, difícilmente justifica pasar a un régimen sancionador que dispone, entre otras medidas, la actuación de un personal de los grupos para mantener el orden en las salas.

¿No habría bastado con que la presidencia de la Cámara siguiera haciéndose cargo de afrontar cualquier incidente en el recinto parlamentario, como le mandatan la Constitución y el actual Reglamento, al punto de que ella pueda ordenar la detención y puesta a disposición judicial de cualquiera de los presentes, sean o no diputados? No se entiende bien esta inhibición personal en favor de un torpe dispositivo reglamentario, de otro Frankenstein, que mezcla periodistas y parlamentarios, ruedas que deben rodar bien separadas para que el parlamento funcione.