Las gasistas de la trama Montoro se ahorraron 10,5 millones en cinco años
La Agencia Tributaria calcula que las cinco gasistas investigadas en la trama de Cristóbal Montoro se habrían ahorrado 10,5 millones de euros en un lustro gracias a la reforma del impuesto de actividades económicas (IAE), aprobado por el Ministerio de Hacienda a petición de Equipo Económico, la consultora creada por el propio exministro.
Así consta en un informe de la causa impulsada por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, al que ha tenido acceso La Vanguardia , en la que aparecen como investigados tanto el exministro Montoro como otros ocho miembros del ministerio durante el gobierno de Mariano Rajoy, los socios de Equipo Económico y los máximos responsables de cinco empresas gasísticas, así como la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)
El inspector de la AEAT que elaboró el texto, en apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, se basa en un documento interno hallado a una de las empresas investigadas que calculó que se había ahorrado 438.000 euros anuales tras lograr que el equipo de Montoro reformara el IAE en el 2018.
Lee tambiénLas cinco gasistas, Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Sociedad Española de Carburos Metálicos, habrían logrado un beneficio de 2,1 millones de euros al año, lo que supone 10,5 millones en cinco años. Ese dinero se dejó de recaudar para las arcas públicas, lo que supuso un “considerable ahorro en las tarifas del IAE”.
El juez ha tenido ocho años en secreto la investigación ante las sospechas de que habría existido una trama en el seno del Ministerio de Hacienda cuando lo dirigía Cristóbal Montoro para aprobar reformas a la carta previo pago al despacho que él fundó y del que se desvinculó legalmente en el 2008, Montoro y Asociados, que después pasó a llamarse Equipo Económico (EE).
La recaudación que se dejó de ingresar debía ir destinada a autonomías y ayuntamientosSegún el informe, “en la elaboración del anteproyecto investigado, se observaría la presunta existencia de decisiones, omisiones de información/de controles, eventuales contradicciones, la cesión a intereses privados de las decisiones y potestades que materialmente resultarían ejercidas por los beneficiarios de la reforma, la ausencia de transparen- cia… a costa del erario de los entes territoriales”.
En la causa se señala que las gasistas buscaban desde hace años modificaciones para lograr beneficios fiscales y tuvieron éxito en dos ocasiones, previo pago a EE. La primera fue con el beneficio fiscal del impuesto a la electricidad en el 2014, cuando introdujeron su sector como beneficiario de la exención fiscal. Y después el IAE en el 2018. “Los beneficios fiscales investigados parece que no habrían sido adoptados de no existir un factor externo decisivo y ajeno al criterio técnico”, como sería la contratación de EE por parte de las empresas afectadas.
El dinero que se dejó de ingresar iba destinado a comunidades autónomas y ayuntamientos. De ahí que la secretaría general de Financiación Autonómica y Local llegara a presentar una enmienda, solicitando la compensación por la pérdida de recaudación.
Esto contradice los informes presentados para aprobar la reforma en los que se aseguraban que el cambio legal no tendría impacto recaudatorio, negando así la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran activar los mecanismos de compensación de pérdidas de ingresos. Por eso, la Agencia Tributaria sostiene en los informes aportados al juez que la reforma provocó inseguridad jurídica. Y alerta de que los textos aprobados son “idénticos” a los presentados por EE al ministerio.
Los textos que se aprobaron para la reforma del impuesto eran “idénticos” a los de Equipo EconómicoEl inspector encargado de la investigación considera que las gasistas pagaron a EE tras el éxito de la reforma, “sin localizar estudio, dictamen o trabajo técnico que demostrara la existencia de un valor añadido asociado al desempeño remunerado de EE”. A su juicio, su labor parece “limitarse a unos exiguos contactos con los órganos del Ministerio de Hacienda competentes para el establecimiento en el texto del anteproyecto del beneficio fiscal investigado”.
Al igual que los Mossos, la AEAT concluye que las reformas legales investigadas se consiguieron mediante el pago a EE. “Tales pagos presuntamente se efectuarían al objeto de negociar e influir ante el Ministerio de Hacienda para la obtención de reforma legislativas de favor”, apunta.
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