Ley Guardia Nacional: Plan Sheinbaum refuerza rol militar en seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso una iniciativa para una nueva Ley de la Guardia Nacional, que busca consolidar su adscripción a la SEDENA, otorgarle un carácter militar y ampliar las facultades de inteligencia del Ejército.

La estrategia de seguridad pública de México podría experimentar una nueva y significativa transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha remitido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional, junto con un paquete de reformas a leyes secundarias que redefinirían el papel y la estructura de esta corporación clave. La propuesta ya ha sido turnada a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un intenso debate.

El núcleo de la iniciativa de Sheinbaum busca reglamentar la reforma constitucional de 2024 que ordenó la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el objetivo de otorgarle una «figura militar». Este movimiento representa una consolidación de la tendencia hacia la militarización de la seguridad pública observada en los últimos años.

El proyecto no solo expide una nueva Ley de la Guardia Nacional, sino que también propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de al menos nueve leyes, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea. Un aspecto crucial de la propuesta es el planteamiento de otorgar mayores facultades de inteligencia e investigación a la SEDENA. Esto implicaría que la Defensa Nacional no solo tendría el control de la GN, sino que también vería expandidas sus capacidades para generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional, con el fin de advertir riesgos y prevenir amenazas.

Según se ha informado, el conjunto legislativo propuesto tiene como fin último «la construcción de la paz en todo el territorio nacional mediante una estrategia de seguridad pública integral». Esta estrategia se basaría en la prevención del delito, el uso intensivo de la inteligencia y una mayor coordinación, incluso a nivel internacional, para recuperar el espacio público.

La iniciativa se alinea con el plan de seguridad más amplio presentado por la administración Sheinbaum, que contempla la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la SEDENA para garantizar su permanencia, disciplina y desarrollo profesional. Además, el plan enfatiza la «coordinación absoluta» con las 32 entidades federativas y un enfoque inicial en seis estados con alta incidencia delictiva: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, confirmó la recepción del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Con este paso, se da inicio formal al proceso legislativo que incluirá el análisis, discusión y eventual votación de la iniciativa en ambas cámaras del Congreso. Dada la magnitud de los cambios propuestos y las implicaciones para la estructura de seguridad del país, se espera un debate profundo y, posiblemente, polarizado.

La Guardia Nacional, creada durante la administración anterior como una fuerza de seguridad civil, ha estado en el centro de un debate continuo sobre su naturaleza y su mando. La intención de adscribirla plenamente a la SEDENA ha sido una constante, argumentando la necesidad de disciplina y capacidad operativa militar para enfrentar al crimen organizado. La nueva iniciativa busca solidificar esta visión.

La propuesta de fortalecer el control militar sobre la Guardia Nacional y expandir las facultades de inteligencia de la SEDENA inevitablemente reaviva el debate sobre la militarización de la seguridad pública en México. Organizaciones de derechos humanos y analistas han expresado consistentemente su preocupación por los riesgos que esto conlleva, incluyendo posibles violaciones a los derechos humanos, la falta de rendición de cuentas de las fuerzas armadas en tareas civiles y el debilitamiento de las policías civiles.

La centralización de la estrategia de seguridad en el gobierno federal y, más específicamente, en las fuerzas armadas, también plantea interrogantes sobre el equilibrio de responsabilidades con los estados y municipios, quienes constitucionalmente tienen un papel preponderante en la seguridad pública.

Aunque el partido en el gobierno y sus aliados puedan contar con una mayoría legislativa para impulsar la reforma, la legitimidad y aceptación social de esta nueva Ley de la Guardia Nacional dependerán de la capacidad del gobierno para argumentar convincentemente su necesidad y efectividad. Será crucial abordar las preocupaciones sobre el impacto en los derechos humanos y establecer mecanismos robustos de supervisión y rendición de cuentas para la corporación y para la SEDENA en sus nuevas funciones. La discusión pública y la participación de la sociedad civil serán fundamentales en este proce