ONU alerta sobre polarización política en Colombia y condena ataque contra Miguel Uribe en su más reciente informe

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas presentó este lunes su más reciente informe sobre los procesos de paz en Colombia, documento en el que dio cuenta de avances parciales en la implementación del acuerdo de paz de 2016, pero también advirtió sobre un deterioro de la seguridad en varias regiones del país y un aumento de la polarización política en el contexto preelectoral.

El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2025 y será el último bajo el liderazgo de Carlos Ruiz Massieu tras su traslado a Haití, resalta que, aunque el Gobierno ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, especialmente en materia de reforma rural, persisten las preocupaciones por la situación de seguridad de excombatientes y de las comunidades más vulnerables, en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Uno de los hechos relevantes que recoge el informe de este periodo fue el atentado del 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, condenado de forma unánime por los distintos sectores políticos. En ese sentido, António Guterres, secretario general del organismo, pidió una investigación a fondo para llevar a los responsables ante la justicia. “El incidente recordó la violencia política del pasado y suscitó preocupación por las garantías de seguridad en el próximo proceso electoral”, dice el informe.

Guterres valoró que distintos líderes, sin distinción de partidos, hayan condenado de forma unificada el atentado e insistió en la necesidad de eliminar la violencia del ejercicio político. “El progreso nunca es lineal y siguen existiendo grandes desafíos”, indicó el secretario general, quien también subrayó la necesidad de fortalecer el espíritu de cooperación entre los actores políticos, especialmente de cara al próximo ciclo electoral.

La misión también mencionó que durante estos tres meses el presidente Gustavo Petro anunció la adquisición de 577.000 hectáreas para el Fondo de Tierras; sin embargo, subrayó limitaciones estructurales, como la falta de legislación específica y recursos financieros.

El informe da cuenta, además, del incremento de las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, agudizadas por la propuesta de una consulta popular sobre la reforma laboral -rechazada por el Senado- y el anuncio del presidente Petro de que podría convocarse una asamblea nacional constituyente.

En cuanto a la reincorporación de excombatientes, la Misión reporta que el 95 por ciento de los firmantes ha culminado sus planes individuales. No obstante, insisten en que persisten los riesgos de seguridad en los territorios donde hacen presencia grupos armados ilegales. En el periodo del informe fueron asesinados 10 exintegrantes de las Farc, lo que eleva la cifra a 470 homicidios desde la firma del acuerdo.

El documento también menciona la escalada de violencia en Catatumbo, Cauca, Chocó, Bolívar y Antioquia, regiones afectadas por enfrentamientos entre el Eln, el Estado Mayor Central (disidencias de Mordisco), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (disidencias de Calarcá) y el ‘clan del Golfo’.

“Sigo profundamente preocupado por la persistente violencia que afecta a la población civil en varias regiones de Colombia. Las comunidades indígenas y afrocolombianas se han visto especialmente afectadas, incluidos los niños reclutados por grupos armados, al igual que excombatientes y líderes sociales”, añadió Guterres en el documento.

Justamente, sobre la situación del Catatumbo, reportan que hubo más de 65.000 desplazados entre enero y abril y en medio de la ofensiva del Eln contra el frente 33. Además, la misión hace un recuento del estado de conmoción interior declarado tras la crisis y sobre la decisión de la Corte Constitucional de validar parcialmente esta declaratoria y de limitar su alcance.

La Misión, citando datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), también reportó que entre el 1 de enero y el 19 de junio de 2025, se registró un total de 168.300 personas afectadas en al menos 112 emergencias humanitarias, de las cuales 67.800 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo, mientras que 98.700 fueron objeto de confinamiento (un aumento del 5 %) en 60 municipios de 15 departamentos.

“Persistieron las deficiencias en la asistencia debido a la falta de recursos y a las condiciones de seguridad que limitan el acceso humanitario, que obedecen sobre todo a las amenazas y la violencia contra el personal, los enfrentamientos armados y la imposición de paros armados y restricciones a la movilidad que afectan las operaciones”, añadieron.

Además, citaron el informe de la Defensoría del Pueblo para expresar su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas. Según el documento, en 2024 se registraron 463 casos, que afectaron a 279 niños y 184 niñas.

Sobre los diálogos de paz, el informe advierte que las negociaciones con el Eln permanecen suspendidas, mientras que los contactos con el estado Mayor de Bloques y Frentes registra avances puntuales. Uno de estos es la instalación de una zona de ubicación temporal para el frente 33 en Tibú -acuerdo que no se concreta debido a labores de desminado-, luego de un mes de suspensión del cese del fuego con el Gobierno.

Asimismo, desde la misión registraron progresos en las conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con acuerdos para sustituir 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo, y el inicio de zonas de ubicación temporal con participación del Estado en proyectos de desarrollo local.

Uno de los avances destacados por el organismo fue la entrega, el 5 de abril, de 585 artefactos explosivos por parte del grupo Comuneros del Sur —disidencia del Eln— al Ejército Nacional, en el marco de la primera fase del proceso de desarme acordado con el Gobierno en 2024. Además, se firmaron acuerdos para la sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos, la búsqueda de personas desaparecidas y la creación de un distrito minero en Nariño.

En las observaciones finales, Guterres reconoció la determinación del pueblo colombiano por consolidar una paz duradera, al tiempo que advirtió sobre la persistencia de obstáculos estructurales -como por ejemplo los cambios en entidades clave- y desafíos urgentes, especialmente en materia de seguridad y financiamiento.

Guterres recordó que al actual Gobierno le resta poco más de un año de mandato, por lo que instó a aprovechar ese tiempo para avanzar en la implementación. De hecho, uno de los puntos en los que fue más enfático fue el llamado a garantizar financiación adecuada y sostenida para cumplir con lo pactado en el acuerdo. Advirtió que sin recursos suficientes, los proyectos podrían sufrir retrasos o retrocesos que minen la confianza entre las partes y la continuidad de los avances.

Guterres también insistió, como lo había hecho hace tres meses, en que el diálogo con actores armados debe mantenerse como una herramienta clave para dar fin a la violencia, siempre que estos demuestren compromiso con la paz. En ese sentido, subrayó que dichos procesos deben enfocarse en resultados concretos para las comunidades locales y en la resolución definitiva de los conflictos.

Finalmente, reiteró el valor del respaldo internacional al proceso de paz colombiano y elogió el papel de la Misión de Verificación, cuya presencia en el terreno, afirmó, contribuye a generar confianza, visibilizar desafíos y facilitar soluciones. “Deseo expresar mi gratitud al Representante Especial y a todo el personal de la Misión de Verificación y a los miembros del sistema de las Naciones Unidas por sus continuos esfuerzos en favor de una paz y una estabilidad duraderas en Colombia”, concluyó.

Durante el periodo revisado, la Misión de Verificación y el equipo de las Naciones Unidas en Colombia también apoyaron iniciativas de construcción de paz. El informe indican que se implementaron cinco nuevos proyectos liderados por organizaciones de la sociedad civil, que se suman a los doce ya iniciados en 2024.

Además, añadieron que se promovieron siete proyectos adicionales a través del Mecanismo de Respuesta Inmediata del Fondo para la Consolidación de la Paz, enfocados en fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo local, en el marco de los diálogos con el EMBF, los Comuneros del Sur y los procesos sociojurídicos en Buenaventura y Medellín.

En materia de conducta y disciplina, la Misión informó que sigue avanzando en su estrategia de prevención de explotación y abusos sexuales, implementando campañas de comunicación externa sobre la política de tolerancia cero de la ONU, capacitaciones iniciales y visitas de evaluación de riesgos.

El informe trimestral será presentado ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad será el viernes 18, a las 9:00 a. m. (hora Colombia), en Nueva York.

CAMILO A. CASTILLORedacción PolíticaX: (@camiloandres894)