PAN BC señala “narco-gobierno” tras revocación de visa a gobernadora

PAN de Baja California acusa «narco-gobierno» en la administración de Marina del Pilar Ávila tras retiro de visa de EE.UU. ¿Qué hay detrás de esta grave denuncia?

La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, ha lanzado una dura acusación contra la administración estatal, señalando la existencia de un presunto «narco-gobierno» encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras la polémica por el retiro de la visa estadounidense a la gobernadora.

La arena política en Baja California se ha encendido con graves acusaciones. La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, ha denunciado una supuesta pérdida de confianza en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, llegando a afirmar que la entidad es señalada como un «narco-gobierno». Estas contundentes declaraciones surgen en el contexto de la revocación de la visa para ingresar a Estados Unidos tanto a la gobernadora como a su esposo.

«Lamentó que hoy Baja California sea señalada como un ‘narco-gobierno’, ya que eso es lo que significa que le quiten la visa a una gobernadora de una de las fronteras más importantes del país», declaró Mata Lozano en una postura que ha generado un intenso debate.

La polémica se desató cuando se hizo público que las autoridades estadounidenses habían revocado los permisos de entrada a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su cónyuge. Aunque la propia gobernadora ha atribuido el hecho a un «problema administrativo» , la falta de una explicación detallada y oficial por parte de las autoridades de ambos países ha alimentado una ola de especulaciones y críticas por parte de la oposición.

El PAN ha cuestionado el silencio de la diplomacia mexicana en este asunto: «¿Por qué no los defiende Esteban Moctezuma (embajador de México en EE.UU.) ni el canciller? Si son tan inocentes. ¿Por qué la Cancillería y el embajador de México en Washington no han levantado la voz en su defensa de su supuesta inocencia?», inquirió la dirigente panista.

La acusación de «narco-gobierno» es una de las más graves que se pueden lanzar contra una administración, ya que sugiere una posible infiltración o colusión del crimen organizado en las estructuras del poder estatal. Este tipo de señalamientos, aunque deben ser probados y sustentados, tienen un impacto inmediato en la percepción ciudadana sobre la integridad de sus gobernantes y en la confianza en las instituciones.

Desde la perspectiva del PAN, el retiro de la visa a una mandataria estatal de una región fronteriza tan estratégica como Baja California es un indicio preocupante que no puede ser minimizado. Lizbeth Mata ha señalado la importancia de que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se reúna con autoridades estadounidenses para plantear la problemática de la inseguridad y el crimen organizado que afecta a la región.

Por su parte, aliados de la gobernadora y comentaristas han pedido prudencia y respeto a la presunción de inocencia, argumentando que no se deben construir narrativas sin pruebas fehacientes. Se ha señalado que si existieran vínculos delictivos graves, las acciones de las autoridades estadounidenses podrían haber sido más drásticas, como una detención.

“Esperemos y seamos muy prudentes porque es una gobernadora, tiene una familia, tiene un prestigio y me parece que la presunción de inocencia es muy importante en este momento.» – Postura de defensa ante las acusaciones.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila ha declarado públicamente: «Aquí estoy, no estoy motivada (por acusaciones), no tengo nada que esconder. No he cometido ningún (delito), ni mi esposo».

Independientemente de la veracidad de las acusaciones o de la naturaleza del problema con la visa, este episodio ha enrarecido el clima político en Baja California. La gobernadora, quien hizo historia al ser la primera mujer en asumir este cargo en el estado , enfrenta ahora un escrutinio intenso.

La situación subraya la delicada relación bilateral en temas de seguridad y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, especialmente en una región fronteriza que enfrenta complejos desafíos por la actividad del crimen organizado y los flujos migratorios. La ciudadanía espera claridad y acciones contundentes que garanticen la integridad de sus instituciones