Pedro Sánchez lucha por su vida política

Las bases para el ascenso de Pedro Sánchez a la cima de la política de izquierdas de la UE se sentaron con su figura de 1,90 metros encorvada en un Peugeot 407. Era 2016 y el futuro presidente del Gobierno español recorría el país en su pequeño coche para sondear a las bases del electorado y preparar su camino hacia el poder.

Pero esa gira de hace una década también plantó las semillas de la peor crisis de su mandato.

Las acusaciones de corrupción contra su círculo íntimo lo han desacreditado en su país, mientras que su resistencia a las exigencias estadounidenses de un aumento del gasto militar, impulsada por la lealtad a sus votantes, ha minado su reputación en el extranjero.

En el momento de su gira en coche, Sánchez estaba forjando vínculos con dos futuras manos derechas que lo instaban a recuperar el liderazgo del Partido Socialista.

"Estábamos creando una conexión muy especial", escribió sobre ellos en sus memorias de 2019. También tenía cerca un tercer ayudante que durmió en una oficina del partido una noche para custodiar una urna que ayudaría a dar a Sánchez las riendas del partido.

Esos mismos tres hombres —Santos Cerdán, el exministro José Luís Ábalos y Koldo García— se encuentran ahora en el centro de un creciente escándalo por las acusaciones de haber cobrado sobornos de empresas a cambio de contratos públicos de construcción.

Los tres niegan haber cometido delito alguno. Sin embargo, el Partido Socialista los ha expulsado, calificándolos de "triángulo tóxico".

Cerdán, que era el número tres en la jerarquía del partido, se encuentra en prisión preventiva desde la semana pasada. Los aliados de Sánchez afirman que nunca se metió en el coche con los tres, pero su cercanía está más allá de toda discusión. El Partido Popular (PP) en la oposición los ha bautizado como la "banda de Peugeot".

Sánchez ha declarado que no sabía nada de los presuntos delitos y se ha disculpado con el pueblo español, pero ha rechazado las exigencias de sus críticos de que se celebren elecciones anticipadas, insistiendo en que las próximas se celebrarán según lo previsto en 2027.

Irónicamente, fue la corrupción sistémica del Gobierno de derechas del PP de aquel momento lo que le permitió echar a su predecesor, Mariano Rajoy. El día que Rajoy fue destituido en una moción de censura en 2018, Sánchez calificó la corrupción de "enfermedad crónica" que constituía "la verdadera amenaza a la estabilidad política e institucional de nuestro país".

El miércoles, Sánchez declaró ante el Parlamento que su Gobierno había introducido más de 30 medidas anticorrupción en los últimos siete años, pero que era "evidente" que debía hacer más. Anunció un nuevo "plan estatal de lucha contra la corrupción".

Sin embargo, los líderes de la oposición, la UE y los analistas políticos han expresado su preocupación por la corrupción en España y la forma en que el Gobierno de Sánchez está gestionando la situación.

El martes, la Comisión Europea señaló que España estaba obligada por ley a adoptar una estrategia anticorrupción, pero que el trabajo al respecto "aún no había empezado".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, afirmó que Sánchez "no llegó [al poder] a limpiar nada. Llegó a ensuciarlo todo".

En referencia a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de construcción, José Ignacio Torreblanca, asesor senior del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirma: "Nos sorprendió mucho ver que todavía es relativamente fácil manipular un contrato público simplemente llenando las comisiones de obras públicas con personal designado por políticos".

"Esto es muy preocupante", añade Torreblanca. "La política tiende a colonizar en exceso la administración".

El escándalo relacionado con Cerdán estalló justo antes de la mayor prueba internacional de Sánchez: una cumbre de la OTAN el mes pasado destinada a apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump impulsando el gasto europeo en defensa.

Como primer ministro español con buen inglés y algo de arrogancia —y un líder no definido por las crisis financieras como los dos anteriores—, Sánchez había logrado hasta entonces elevar el perfil global de España.

Pero en la cumbre de la OTAN deshizo gran parte de ese trabajo, exhibiendo la negativa de España a aceptar lo que calificó como el objetivo "irrazonable" de gastar el 5% del PIB en defensa. A cambio, Trump amenazó con tomar represalias contra él por buscar "aprovecharse".

Sánchez apelaba en parte al antimilitarismo y al antitrumpismo de sus bases en España, así como a la izquierda radical de su frágil alianza parlamentaria.

"Los demás líderes saben que está en apuros en su propio país y que sus reacciones están condicionadas por ello más que por mejorar la UE o la OTAN", explica Carlos Miranda, exembajador español ante la OTAN.

Pero Sánchez, al igual que algunos de sus predecesores, ni siquiera intentó convencer a la opinión pública española de apoyar un mayor gasto militar.

"Ningún político español ha tenido el valor de decir: 'Miren, tenemos que gastar aún más. Los polacos y los rumanos son nuestros amigos y tenemos que ser solidarios con ellos'", señala Miranda.

Un funcionario del Gobierno respondió que la postura de Sánchez no se basaba en la conveniencia, sino en sus arraigadas convicciones pacifistas: en 2014, afirmó que el Ministerio de Defensa español "superaba las necesidades".

Otra debilidad de Sánchez, tanto dentro como fuera del país, es que se ha visto atrapado en el controvertido tema del separatismo catalán.

Antes de las elecciones generales de 2023, predicó la sanación tras el trauma del fallido intento de independencia catalán, afirmando que, si bien creía en un país diverso y descentralizado, no habría amnistía para los separatistas condenados por el intento de secesión de 2017.

Tras las elecciones, todo cambió, porque la única forma en que Sánchez podía alcanzar una mayoría parlamentaria y formar gobierno era con los votos del partido separatista más radical, con lo que quedó subyugado a las exigencias de su líder, Carles Puigdemont.

La primera exigencia fue una ley de amnistía, que Sánchez concedió alegando que estaba "haciendo de la necesidad virtud". El acuerdo, que indignó a la derecha, fue negociado por uno de los viejos amigos del presidente: Cerdán.

Puigdemont ahora quiere que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la UE, pero los intentos de Madrid de presionar a otros Estados miembros para que acepten han avivado el descontento en Bruselas.

El orgullo catalán, incluso entre los socialistas de la región, también explica por qué Sánchez ha intervenido en una gran oferta de compra bancaria. Su Gobierno ha impuesto una prohibición de tres años a la fusión de BBVA con el banco catalán Sabadell, una prohibición que contradice los esfuerzos de la UE a favor de la consolidación bancaria.

Juan Luis Manfredi, profesor titular de política exterior de la Universidad de Castilla-La Mancha, denuncia: "El presidente del Gobierno trae sus propios problemas a Bruselas para resolver sus diferencias con los nacionalistas [catalanes], pero estos problemas no contribuyen a una Europa más cohesionada".

Aun así, el partido de Puigdemont sigue sin estar satisfecho. Esto deja a Sánchez paralizado en el Parlamento, incapaz de aprobar un presupuesto ni ninguna ley importante. Sus aliados occidentales, mientras tanto, se sienten desdeñados. Y su apoyo popular sigue flaqueando ante el creciente hedor a corrupción.

Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, dijo el miércoles que toda la "mafia del Peugeot" estaba destinada a ser juzgada, hasta el "número uno".

Un Sánchez dolido se declaró un "político limpio", pero añadió: "Sé que en estos casos es más difícil creerme que dudar de mí". Parecía muy distinto del ambicioso optimista que emprendió aquella gira por España en 2016.

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