Rechazo a señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre transparencia de las elecciones de 2026

La Registraduría adjudicó en la tarde de ayer el contrato clave para la realización de las elecciones en el 2026. Tendrá un valor total de más de 2,1 billones de pesos y asumirá aspectos como la inscripción de ciudadanos, la entrega y distribución de kits electorales, control de puestos de votación, y casi todo lo relacionado con los comicios, salvo el manejo de la biometría, que lo hace directamente la entidad.

No hubo sorpresas, pues solo se presentó un único proponente, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, después de que nueve se mostraron interesados, pero no presentaron una propuesta final. En la resolución de adjudicación conocida por EL TIEMPO se detalla que, de los 2,1 billones de pesos, 144.000 millones van destinados a los comicios de Consejo Municipal de Juventudes (este año), 1,2 billones para los de Congreso y 728.000 millones de pesos para las elecciones presidenciales, ambas en 2026.

Tanto el proceso del pliego contractual como el desarrollo del proceso no tuvo mayores observaciones ni de los posibles proponentes ni de los entes de control y de observación. Sin embargo, desde hace meses y con más intensidad en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro cuestionó la transparencia de los procesos electorales que se llevarán a cabo en el 2026, debido a que una de las empresas que hacen parte de la unión temporal ganadora es Thomas Greg & Sons, la misma firma que fabrica los pasaportes de los colombianos y que en este gobierno ha sido blanco de ataques del primer mandatario. Además, a la unión temporal la integran otros cuatro grupos conformados por varias empresas y entidades.

Los señalamientos de Petro, que no han sido acompañados por pruebas ni en el caso de los pasaportes ni en el de la Registraduría, fueron rechazados desde múltiples sectores políticos, jurídicos y gremiales que han advertido de las implicaciones que tiene el hecho de que un Presidente, que además fue elegido a lo largo de su vida política en procesos en los que también participó Thomas, esté poniendo en tela de juicio la solidez del proceso electoral. De hecho, el año pasado Petro aseguró que el sistema electoral venezolano, completamente dominado por el régimen de Nicolás Maduro, supuestamente funcionaba mejor que el colombiano.

“La toma de Thomas and Greg (sic) de los procesos electorales es el mayor peligro a la democracia colombiana”, manifestó el jefe de Estado en 2024. Y ahora los mensajes han subido de calado, siendo algunos de los más fuertes los que hizo entre el martes y ayer.

“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, dijo en la noche del martes, y en la siguiente jornada fueron varios los mensajes en los que reiteró su tesis. “Eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”, trinó. Incluso, en alguno llegó a hablar de un supuesto fraude físico y hasta aseveró que la empresa de sus desafectos era la encargada de hacer las cédulas en el país, cuando esta fabricación la asume directamente la Registraduría.

Las aseveraciones del Presidente fueron respondidas por varios exregistradores nacionales, quienes fueron responsables de la organización de las jornadas electorales de los últimos años. Aseguran que la selección de firmas como Thomas Greg está sustentada en el cumplimiento de exigencias que son básicas para la magnitud del reto de garantizar el funcionamiento de una democracia cuyo potencial de votantes se acerca a los 40 millones de ciudadanos.

Juan Carlos Galindo, exregistrador en dos ocasiones, destacó la presencia de la multinacional en buena parte de los últimos comicios. “Hay un tema que es muy importante, y es que la organización del proceso electoral es un proceso muy complejo que exige mucha experiencia y soporte. No es solo comprar unos computadores e imprimir. Son unas acciones que tienen unas múltiples acciones que exigen una experiencia y un conocimiento importantes. Thomas y las otras empresas han demostrado que tienen el conocimiento y la experiencia”, apuntó.

Galindo cuestionó la postura del primer mandatario y señaló que no puede poner en duda los procesos en los que ha participado la empresa. Agregó que las victorias electorales de Petro en el Congreso, en la Alcaldía de Bogotá y en la Presidencia demuestran que hay garantías suficientes. “Se trata de deslegitimar las elecciones sin ningún soporte, lo que es absolutamente censurable. Las entidades internacionales que han venido a mirar las elecciones han destacado las fortalezas. Es un proceso de Estado donde intervienen muchas autoridades, no solo la Registraduría”, resaltó Galindo.

A su vez, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuestionó que el Presidente trate de desconocer que la Registraduría es un ente con independencia constitucional y con resultados positivos probados a lo largo de la historia. “Es un irrespeto generalizado. Con esa misma empresa Petro ganó las elecciones presidenciales y ganó las elecciones de la Alcaldía. Yo sí tengo plena confianza en la decisión del Registrador y en que van a hacer unas elecciones excelsas, porque sé de sus cualidades”, aseveró en diálogo con EL TIEMPO.

“Poner en duda todo un proceso electoral sin ser específico sobre las preocupaciones que se tiene en torno a temas particulares, no es responsable. (...) Hacer afirmaciones generales sobre poca fiabilidad de las elecciones a un año de las mismas no corresponde al esfuerzo que hace una gran cantidad de instituciones y de organizaciones políticas para tener una contienda con garantías”, declaró Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Los gremios se sumaron al rechazo. “La Registraduría representa uno de los mayores símbolos de la democracia, y corresponde a todos los demócratas respaldar su gestión. Es preciso destacar y fortalecer su desarrollo, su objetividad y es necesario proteger su posición como garante de las elecciones de nuestro país”, opinó Bruce Mac Master, cabeza de la Andi.

También la alianza Aliadas siguió en esa misma línea y de forma más directa. “Cuando el jefe de Estado cuestiona públicamente la integridad del sistema electoral, sin pruebas y desde su posición de poder, se vulnera uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la confianza ciudadana en las reglas de juego. Esa confianza, que tanto nos ha costado construir, no puede debilitarse por intereses políticos ni por cálculos coyunturales”, indicaron por medio de un comunicado.

Desde esos sectores le han recordado al jefe de Estado que los eventuales riesgos para el próximo año están amarrados a la expansión del poder de los grupos violentos en medio de la ‘paz total’. Por esto, piden que el Gobierno garantice la seguridad para candidatos y votantes en todo el territorio nacional

Con información de la Unidad Investigativa