Tensión en Querétaro: Alcaldesa de Cadereyta acusada de usurpar funciones; crece presión por Ley de Movilidad

El escenario político en Querétaro presenta focos de tensión. Por un lado, la alcaldesa de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega, enfrenta serias acusaciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) por una presunta usurpación de funciones. Por otro, el Congreso del Estado es objeto de crecientes críticas debido al prolongado retraso en la armonización de la Ley de Movilidad, un tema sensible para la ciudadanía.

La administración municipal de Cadereyta de Montes, encabezada por la alcaldesa Astrid Ortega, se encuentra en una situación delicada. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha anunciado que iniciará un proceso legal en su contra por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones. La acusación se centra en que la alcaldesa habría expedido constancias de repatriación, un trámite que es facultad exclusiva de la autoridad migratoria federal.

Según Carlos Alberto Alcaraz, secretario de Gobierno de Querétaro, el tema fue expuesto en la Mesa Estatal de Seguridad, donde se solicitó que se emprendieran las acciones legales correspondientes. Alcaraz subrayó la gravedad del asunto, indicando que se trata de la «posible comisión de una conducta delictiva» y que las constancias de repatriación son documentos de alta importancia legal, ya que son la «llave para acceder a todos los programas sociales disponibles dentro de México» para las personas repatriadas.

La presunta actuación de la alcaldesa Ortega, al emitir estos documentos sin tener la facultad, podría haber generado confusión y falsas expectativas en personas en situación vulnerable. Las motivaciones detrás de esta acción aún no están claras y serán parte de la investigación.

En otro frente político, el Congreso del Estado de Querétaro enfrenta duras críticas por parte de la Coalición Movilidad Segura. Esta organización ha acusado al poder legislativo de «desacato legislativo» debido a un retraso de más de tres años en la armonización de la Ley de Movilidad estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada a nivel federal por todas las fuerzas políticas.

Los integrantes de la coalición señalan que el reglamento de tránsito actual en Querétaro es obsoleto y no protege adecuadamente a los usuarios más vulnerables de la vía pública, como peatones, ciclistas, personas en silla de ruedas o niños. La falta de una legislación moderna y armonizada, argumentan, perpetúa condiciones de riesgo y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para una movilidad más segura, eficiente y sostenible. La presión ciudadana para que los legisladores atiendan este pendiente se intensifica.

Estos dos casos se desarrollan en un contexto donde otros temas políticos también ocupan la agenda estatal. El gobernador Mauricio Kuri González se ha referido a la aparición de bardas pintadas con nombres de posibles aspirantes políticos como «estrategias personales». Por su parte, el partido Morena en Querétaro ha anunciado medidas internas para eliminar el nepotismo y el influyentismo de cara a procesos electorales futuros.

Asimismo, el gobernador Kuri ha expresado preocupaciones sobre la competitividad del estado ante la posible implementación de la jornada laboral de 40 horas a nivel nacional y ha presentado una iniciativa de ley para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico contra la trata de personas y la explotación sexual infantil.

Estos problemas concretos de gobernanza, como la situación en Cadereyta y el estancamiento de la Ley de Movilidad, contrastan con los discursos de alto nivel sobre ética, competitividad y protección, y podrían estar generando una percepción de desconexión entre las prioridades políticas y las necesidades ciudadanas urgentes.

El proceso legal contra la alcaldesa de Cadereyta podría tener serias consecuencias políticas y jurídicas para ella. En cuanto a la Ley de Movilidad, se espera que las críticas de la sociedad civil y de expertos continúen hasta que el Congreso del Estado tome acciones concretas. Otros actores políticos y partidos de oposición probablemente fijarán posturas sobre estos temas en los próximos días, alimentando el debate público en Querétaro.

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