Una sospechosa reforma de la Lecrim

La Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno pretende que sean los fiscales y no los jueces los que lleven la instrucción y, por tanto, controlen también a la policía judicial, a la que pertenecen órganos como la UCO.

El Consejo de Ministros dio luz verde el martes a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con la que el Gobierno pretende dar un nuevo paso para controlar la Justicia. Posiblemente se trate solo de un estéril ejercicio de melancolíaporque en estos momentos caben muchas probabilidades de que la norma no supere el trámite parlamentario al no contar el Ejecutivo con los apoyos necesarios. Más aún después de que, en las última horas, Junts, esencial para que esta o cualquier otra norma prospere, haya anunciado que rompe la colaboración con Sánchez en lo que queda de legislatura.

La ley que aprobó el Gobierno pretende que sean los fiscales y no los jueces los que lleven la instrucción y, por tanto, controlen también a la policía judicial, a la que pertenecen órganos como la UCO. Quiere además cortar las alas de la acusación popular, una figura recogida en el artículo 125 de la Constitución Española, prohibiendo directamente que la ejerzan partidos o sindicatos.

Aunque el argumento del Gobierno para justificar la ley ha sido modernizar la Justicia y homologar el proceso penal "a todas las democracias europeas y occidentales", tanto el momento elegido como la falta de independencia de la Fiscalía en el ordenamiento jurídico español desmienten esta justificación.

Con su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado y sus más estrechos colaboradores en el Gobierno y en el partido imputados, es difícil creer que el interés de Sánchez para hacer una reforma que le otorga mayor poder de control sobre los procesos tenga nada que ver con ninguna modernización. Lo expresó el martes con meridiana claridad la magistrada María Jesús del Barco.

Cuando un partido (el que sea) gobierna, quiere que sea la Fiscalía la que haga la instrucción, porque a través del fiscal general del Estado tiene una influencia decisiva en los procesos. Y al mismo tiempo quiere cercenar la figura de la acusación popular para evitar que nadie le pueda acusar. Cuando ese mismo partido está en la oposición quiere que la instrucción recaiga en los jueces y que la acusación popular sea lo más amplia posible.

En España, como se ha demostrado con las sospechosas actuaciones del fiscal general del Estado, la Fiscalía está enormemente supeditada al Gobierno, algo que no ocurre en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos europeos. En las actuales circunstancias dejar la instrucción en manos de los fiscales sin una reforma que garantice la independencia de este Ministerio supone dejar una puerta abierta a la injerencia del Gobierno en los procesos penales, fundamentalmente aquellos que le afectan directamente.

En este momento la reforma que pretende Félix Bolaños levanta todas las sospechas y apunta hacia un intento a la desesperada de Sánchez para controlar la Justicia. Con la nueva ley, el Gobierno podría usar el control que ejerce sobre la Fiscalía y esta sobre la policía judicial, para intervenir en cualquier investigación penal contra la corrupción que le afectara. La posibilidad de que la Fiscalía pueda acabar llevando la instrucción podría tener sentido si previamente hay una reforma consensuada de este Ministerio para garantizar su total independencia.