Acemi asegura que borrador de decreto del Minsalud tiene artículos que violan la ley y la Constitución

Hace algunos días, el Ministerio de Salud publicó para comentarios dos borradores de decreto con los que buscaría hacer cambios en el sistema de salud, ante el complejo futuro del proyecto de reforma de la salud en el Congreso.

Con dichas normativas, el Gobierno buscaría hacer cambios en la asignación y manejo de la UPC y el rol que tienen las EPS en el sistema con la implementación de un ‘Modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo’. Básicamente, implementar por decreto algunos de los cambios que estaban dentro del texto de reforma.

Sin embargo, para Acemi, gremio de las EPS, varios de los artículos que conforman esa última propuesta de normativa violarían la ley e irían en contra de lo que establece la Constitución y el marco normativo del sistema de salud. Según explicó la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, el próximo 10 de mayo presentarán varias observaciones ante el Minsalud, por las irregularidades jurídicas que tendría el texto.

Por ejemplo, uno de los puntos es que por decreto no se pueden hacer cambios que requieren de una ley, de acuerdo con lo establecido en la ley 1122 y 1438. Entre esos cambios que propone uno de los decretos presentados por la cartera sanitaria estaría trasladar las funciones de las EPS a los entes territoriales.

De acuerdo con el borrador, los Centros Reguladores De Urgencias y Emergencias (Crue) serían los encargados de gestionar y garantizar la atención a los usuarios. Es decir, cada Secretaría de Salud de cada alcaldía tendría a su cargo parte de la gestión administrativa de los pacientes.

Sumado a ello, otro de los puntos que buscaría el decreto del Ministerio de Salud sería que alcaldes y gobernadores tengan facultades extraordinarias para la conformación de redes integrales de salud, algo que también buscaba la reforma cuyo futuro pende de un hilo en el Legislativo.

Dichas redes son básicamente los centros hacia dónde es remitido un paciente en su ruta a través del sistema, o básicamente a qué clínica y hospital se contrata para prestar la atención que requiera el usuario.

Otro de los puntos que también alertó Acemi fue el de la creación de subregiones y ‘microterritorios’, un concepto que jurídicamente no existe, pues el territorio nacional ya está definido. Allí, de acuerdo con Vesga, se estaría violando la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Ordenamiento Territorial.

La creación de nuevas instancias de participación ciudadana también estaría en contra del marco normativo vigente, pues permitiría al usuario tener funciones de diseño y ejecución dentro del sistema, algo que hoy por Ley le corresponde a otros actores como las EPS.

Si bien Vesga aseguró que cada Gobierno suele hacer cambios en el sistema de salud, y así implementan modelos de atención que se adaptan a la realidad y necesidad de transformación del sistema, nunca había sucedido que esos cambios se intentaran realizar yendo en contra del marco legal vigente.

Además, según lo planteado en la norma, habría una etapa de transición de un año, así que si llegara a publicarse el texto tal como está sería poco lo que el actual Gobierno podría ver de los cambios que intenta realizar en el sistema.

“El ministerio puede tener una visión política del modelo de salud, pero cualquier modificación estructural debe hacerse dentro del marco legal vigente. Estamos hablando de elementos que afectan profundamente la arquitectura institucional del sistema de salud”, aseguró la directiva.

Periodista de Medioambiente y Salud