Bancos no europeos, acceso a activos, transporte sanitario... La ministra Catherine Vautrin presenta las líneas generales del proyecto de ley sobre el fraude social, estimado en 13.000 millones de euros al año.
“El fraude social es una traición”. Catherine Vautrin, ministra de Trabajo, describió varias propuestas que se incluirán en el proyecto de ley contra el fraude social, en una entrevista con Le Parisien el sábado 2 de agosto.
Según un informe publicado en septiembre de 2024 por el Consejo Superior de Finanzas Públicas, este fraude social se estima en 13.000 millones de euros al año mientras que el importe del fraude detectado y detenido es de 2.100 millones de euros.
«Este texto también incluirá medidas para combatir el fraude fiscal», declaró el ministro a Le Parisien, mientras que el importe estimado del fraude fiscal se sitúa entre 60.000 y 80.000 millones de euros, frente a los 16.700 millones detectados. […]
A principios de julio, un taxista fue condenado a 30 meses de prisión por fraude y blanqueo de capitales contra las cajas de seguro médico primario en Bocas del Ródano. El sospechoso había facturado a la seguridad social 2,3 millones de euros en transporte médico ficticio entre 2019 y 2024. Para prevenir nuevos casos, Catherine Vautrin anunció que quiere «exigir a los transportistas que se doten de un sistema de geolocalización y un sistema integrado de facturación electrónica».
Entre otros anuncios, se intensificará la lucha contra las cuentas bancarias situadas fuera de la Unión Europea, en las que ya no se podrán abonar los seguros de desempleo, según el plan establecido por el ministro.
Al mismo tiempo, aunque las empresas y los trabajadores autónomos representan la principal categoría de fraude social, el Ministro pretende impedir que las empresas que realizan trabajo no declarado puedan "organizar su insolvencia" bloqueando sus cuentas bancarias "durante el periodo de control".
Finalmente, «de la misma manera que el Ministerio de Economía grava a los narcotraficantes por las cantidades de droga incautadas, también les aplicaremos más impuestos», anunció la Sra. Vautrin. El texto aumentaría así la CSG (contribución social general) recaudada por actividades ilícitas a una tasa del 45 %. […]
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