En Estados Unidos, la Corte Suprema autoriza a Carolina del Sur a retirar fondos a Planned Parenthood, allanando el camino para otros estados hostiles al aborto.

La Corte Suprema de Estados Unidos, con una mayoría conservadora, aprobó el jueves 26 de junio la retirada de la financiación pública de Carolina del Sur a la organización de planificación familiar Planned Parenthood, allanando el camino para decisiones similares en otros estados hostiles al derecho al aborto.

El caso no se refiere directamente al derecho al aborto, sino a la congelación de fondos para las organizaciones que lo defienden. El tema en cuestión es la decisión de 2018 del gobernador republicano Henry McMaster de excluir a Planned Parenthood del programa de seguro médico público Medicaid debido a su participación en abortos.

La organización opera dos clínicas en el estado donde brinda atención a personas de bajos recursos con fondos de Medicaid, como exámenes médicos, pruebas de detección de cáncer y pruebas de detección de enfermedades crónicas como diabetes, anemia e hipertensión. Estos centros también realizan abortos, que solo son legales durante las primeras seis semanas de embarazo en este estado del sureste de EE. UU.

Planned Parenthood y una mujer con diabetes desafiaron con éxito la decisión del gobernador, argumentando que violaba una ley federal que permite que un paciente sea tratado por el proveedor de atención médica calificado de su elección.

Pero la Corte Suprema, dividida ideológicamente, con seis conservadores contra tres progresistas, dictaminó que la ley no permite que una persona, en este caso un paciente, impugne ante los tribunales la exclusión de su médico, clínica u hospital del programa Medicaid. «Corresponde a los representantes electos del pueblo, no a los jueces no electos, quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley tal como está», escribió el juez conservador Neil Gorsuch en representación de la mayoría.

Ketanji Brown Jackson, en representación de los tres jueces liberales, discrepó. «Como mínimo, esta decisión privará a los beneficiarios de Medicaid de su único recurso real para hacer valer el derecho que el Congreso les otorgó expresamente», declaró.

Y más allá de eso, "privará a estos habitantes de Carolina del Sur —y a innumerables beneficiarios de Medicaid en todo el país— de una profunda libertad personal", la de elegir a su cuidador en una situación vulnerable, lamenta Ketanji Brown Jackson. "Si bien el impacto inmediato de esta decisión se limita a Carolina del Sur, otros estados podrían decidir impedir que las personas con cobertura de Medicaid accedan a ciertos proveedores de salud por motivos políticos", respondió Planned Parenthood.