Vuelta al cole: CGT llama al boicot de suministros del grupo Hamelin, cuyos empleados están "sin recursos" tras un expediente de regulación de empleo.

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, el sindicato CGT llama a boicotear los suministros de la papelera Hamelin, denunciando la situación de los empleados de una filial en Charente, que se encuentran "sin recursos" tras un despido seguido de liquidación obligatoria. En febrero, el grupo con sede en Caen, uno de los líderes europeos del sector, cerró su planta de Lecas Industries en Nersac, cerca de Angulema, despidiendo a 69 empleados como parte de un plan de protección del empleo (PSE).

Los sindicatos habían negociado diversas medidas de apoyo, pero su implementación ha estado suspendida desde la liquidación de la empresa a finales de junio. «La ayuda para la vuelta al cole [pagada por el Estado a las familias en función de sus ingresos] no debe ser utilizada por un jefe deshonesto», declaró la CGT en un comunicado de prensa, llamando al boicot de las agendas y cuadernos de las marcas Oxford, L'Étudiant y Conquérant, entre otros artículos vendidos por Hamelin.

Para el sindicato, al declararse en quiebra, el grupo pretendía eludir sus obligaciones con los empleados despedidos bajo el PSE. «Desde junio, no tienen ingresos», lamenta Philippe Desbordes, representante de la CGT. Sin compensación, sin salario, sin formación, sin posibilidad de inscribirse en el paro, explica. «No podemos hacer nada, no tenemos recursos, a menos que aceptemos los términos de un PSE que nos llevó cuatro meses negociar».

Contactado por la Agencia France-Presse (AFP), el presidente del consejo de administración del grupo Hamelin, Éric Joan, "deplora sinceramente" una situación de la que, según él, el grupo "no puede ser considerado en absoluto responsable" .

La intervención de la inspección de trabajo "para prohibir el despido de nueve empleados protegidos [representantes del personal] creó una carga insoportable", explica el directivo, mientras que los salarios y el PSE "iban a ser cubiertos íntegramente por los activos residuales de la empresa y el fondo nacional de garantía salarial" (AGS).

El Sr. Ralph Blindauer, abogado de los empleados, alega una suspensión artificial de pagos y ha llevado el asunto ante la justicia penal por fraude. La fiscalía de Caen ha recurrido la decisión del tribunal mercantil de la ciudad. Aún no se conoce la fecha de la audiencia. Los empleados esperan que, finalmente, los tribunales anulen la liquidación y apliquen el PSE. Mientras tanto, 55 de los 69 empleados despedidos han llevado el asunto ante el tribunal laboral, reclamando salarios e indemnizaciones impagados desde junio.