Social. Seguro de desempleo: los interlocutores sociales deben ahorrar entre 2.000 y 2.500 millones de euros al año.

El Gobierno ha enviado a los interlocutores sociales una "carta marco" sobre el seguro de desempleo, una hoja de ruta que establece el marco para negociar una nueva reforma, con el objetivo de lograr "entre 2.000 y 2.500 millones de euros" de ahorro al año entre 2026 y 2029.

Si aceptan abrir negociaciones sobre el seguro de desempleo, empresarios y sindicatos están invitados a alcanzar un acuerdo antes del 15 de noviembre y a generar entre "2.000 y 2.500 millones de euros" de ahorro al año de media durante los próximos cuatro años, "con un aumento gradual" para alcanzar "al menos 4.000 millones de euros de ahorro a velocidad de crucero a partir de 2030", según este documento.

“Trabaja más”

Para "favorecer una rápida vuelta al empleo", el documento marco añade que será necesario "modificar la duración mínima del empleo y el periodo de referencia necesario para abrir un derecho al desempleo que determine la duración máxima de la indemnización".

«La situación financiera del sistema de seguro de desempleo y la necesidad de que más personas trabajen hacen necesario modificar las reglas del seguro de desempleo», escribió el primer ministro François Bayrou en su carta a los interlocutores sociales que acompaña al documento marco.

"Hay que trabajar más", afirmó François Bayrou el 15 de julio, expresando su deseo de que los interlocutores sociales abrieran negociaciones sobre el seguro de desempleo para participar en el esfuerzo presupuestario.

Un acuerdo ya concluido el año pasado

Los sindicatos acogieron con enojo las opciones presupuestarias del gobierno y el anuncio de estas negociaciones, en particular el nuevo endurecimiento del sistema de seguro de desempleo, calificado de "masacre total para los solicitantes de empleo" por la líder de la CFDT, Marylise Léon.

Esta nueva reforma llega después de que los interlocutores sociales alcanzaran un acuerdo en noviembre de 2024, con nuevas reglas para cuatro años, la mayoría de las cuales entraron en vigor el 1 de abril de este año.