Los influencers se enfrentan a medidas drásticas por parte de la AGCOM: Código de conducta y multas de hasta 600.000 euros.

Prohibición de la publicidad encubierta, mayor protección para menores, fuertes multas para quienes infrinjan las normas y un registro oficial de influencers "relevantes". Tras meses de consultas y acalorados debates, incluso en sus propias cámaras, la Autoridad Italiana de Comunicaciones (AGCOM) ha aprobado el primer Código de Conducta para Influencers. El documento, aprobado por el Consejo con el único voto en contra de la comisaria Elisa Giomi, pretende poner orden en un sector que desde hace tiempo ha estado bajo escrutinio para su regulación. Y ha crecido de forma innegable: en 2024, los ingresos por marketing de influencers alcanzaron los 370 millones de euros, con previsiones de crecimiento hasta los 385 millones de euros en 2025.

El texto aprobado por el Consejo de AGCOM en su reunión de anteayer es el resultado de una consulta pública iniciada a finales del año pasado. El objetivo, según explica el presidente de la Autoridad, Giacomo Lasorella, es claro: «Las nuevas normas para influencers confirman una vez más el compromiso de la Autoridad con la protección de los ciudadanos y el mercado para un mundo digital seguro y fiable».

Según el nuevo Código de Conducta, los "influencers relevantes" —con al menos 500.000 seguidores o un promedio de un millón de visualizaciones mensuales en al menos una red social o plataforma para compartir vídeos—, como escribe Agcom en un comunicado, deberán ser claramente identificables y adherirse a normas específicas en materia de comunicación comercial, derechos fundamentales, protección infantil y derechos de propiedad intelectual. Estas normas se han aplicado desde hace tiempo en la televisión y ahora también se aplican a los influencers.

Este no es un detalle menor. La AGCOM considera a estos creadores como auténticas entidades editoriales. Y quienes no cumplan las nuevas normas se arriesgan a multas de hasta 250.000 €, que pueden llegar a 600.000 € por contenido perjudicial para menores.

Este es, por lo tanto, un primer paso para frenar lo que hasta hace poco parecía una zona digital libre. El Código también prevé la creación de un Registro oficial de personas influyentes relevantes, cuya inscripción será obligatoria en un plazo de seis meses a partir de su publicación. Este es uno de los cambios con respecto al texto sometido a consulta, ya que el Registro será implementado y mantenido exclusivamente por Agcom, sin la asistencia, como se había previsto inicialmente, de entidades externas.