España Implementa Gran Reforma Judicial Centrada en Eficiencia y ADR; México Debate Cambios Ante Crisis de Confianza
España avanza en una profunda reforma de su sistema judicial, efectiva en mayo de 2025, priorizando la eficiencia y la resolución alternativa de disputas, mientras México continúa debatiendo urgentes cambios para combatir la corrupción y la lentitud procesal.
El mes de mayo de 2025 marca un hito en la evolución de los sistemas judiciales en diferentes partes del mundo, con España implementando una ambiciosa reforma procesal y organizativa, y México sumido en un intenso debate sobre la necesidad de transformar su propio aparato de justicia para restaurar la confianza ciudadana. Estos procesos reflejan una tendencia global hacia la búsqueda de mayor eficiencia y accesibilidad en la impartición de justicia.
La Ley Orgánica 1/2025, que entró en gran parte en vigor este mes, representa una «gran reforma del sistema judicial» español. Uno de los cambios más significativos en el ámbito civil es la obligatoriedad de intentar la resolución de controversias a través de medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de acudir a la vía judicial. Esto incluye la mediación, la conciliación y otras formas de negociación, buscando descongestionar los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y consensuadas.
La reforma también introduce el concepto de «abuso del servicio público de justicia», que se considerará al imponer costas, sancionando a quienes rechacen injustificadamente el MASC obligatorio. Otros cambios procesales incluyen la agilización de los juicios verbales, permitiendo a los jueces dictar sentencias orales, y modificaciones en los procedimientos de desahucio y tasación de costas.
A nivel organizativo, los juzgados unipersonales están siendo reemplazados por tribunales de instancia (órganos colegiados) y los juzgados de paz evolucionan hacia modernas oficinas de justicia en los municipios, con un mayor uso de la tecnología. El objetivo es claro: una administración de justicia más eficiente, moderna y cercana al ciudadano.
En contraste, México enfrenta un panorama donde la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia es crítica. Estudios y análisis recientes señalan problemas graves como la corrupción (percibida por el 70.3% de la población), la injusticia (42.9%), la desigualdad y la lentitud procesal, con trámites como los amparos directos en materia penal que pueden tardar en promedio entre 294 y 673 días en resolverse.
Se acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obstaculizar la aplicación de normas generales mediante suspensiones arbitrarias, lo que, según críticos, atenta contra la división de poderes y la voluntad popular representada en el Congreso. Las propuestas de reforma en discusión buscan mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Entre ellas, se plantea establecer plazos máximos para dictar sentencias (cuatro meses para delitos con pena menor a dos años, un año para penas mayores) y que las sentencias de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de una norma no tengan efectos generales.
Paralelamente, la SCJN ha emitido fallos relevantes en materia de derechos humanos, como la declaración de inconstitucionalidad de requisitos de seguridad social discriminatorios basados en estereotipos de género y la afirmación del derecho de libre asociación para colegios de abogados. También ha reiterado la obligación del Estado de reconocer y garantizar la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas.
«La publicidad [de las audiencias] sólo podrá restringirse por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores…»— Principio de Publicidad en el sistema penal acusatorio mexicano, reflejando la necesidad de transparencia.
La experiencia española con su énfasis en el MASC y la agilización procesal podría ofrecer lecciones valiosas para países como México. La búsqueda de eficiencia es una constante, pero también lo es el desafío de mantener la independencia judicial mientras se asegura la rendición de cuentas y se combate la corrupción.
La firma de acuerdos internacionales, como el recientemente alcanzado entre EE.UU. y China para consultas comerciales en Suiza, también ilustra cómo se buscan mecanismos alternativos para la resolución de disputas complejas, incluso a nivel de potencias globales, fuera de los sistemas judiciales tradicionales.
La transformación de los sistemas judiciales es un proceso continuo y complejo, vital para el estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones.
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La Verdad Yucatán
