Registro de Avatares: qué es, cómo funciona y para qué se usa el nuevo sistema del Ministerio de Seguridad

El gobierno de Javier Milei anunció este martes la creación de un “registro de avatares” en el marco de la nueva figura de “agentes encubiertos digitales”, que apunta a gestionar identidades online en investigaciones con efectivos infiltrados en diversas organizaciones criminales. Operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Según se publicó en el Boletín Oficial, este registro "tendrá por misión planificar el uso de identidades falsas, a partir de diversos perfiles, con el objetivo de auxiliar a la justicia en investigaciones penales". Con “falsas” se refieren a crear usuarios que, por ejemplo, interactúen con grupos delictivos para obtener información que pueda aportar datos clave para una detención o allanamiento.

“Como el mundo online creció mucho, intentamos organizar a todas las fuerzas. Cuando un juez ordena que haya un agente encubierto en internet, le asignamos un nombre, una cara, una cuenta, características. Esa persona recibe un entrenamiento: así como un agente entrena tiro en un polígono, el encubierto en la web necesita otra capacitación: cómo relacionarse, cómo vincularse, cómo actuar”, explicó a Clarín Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional.

“Esta ley es de 2016. Hace muchos años que se aplica, pero poco. Ahora le estamos dando más fuerza. Cuando empezó no había tanto desarrollo de bandas cibercriminales, desde narcotráfico hasta pornografía infantil o incluso aquellos que roban cuentas de WhatsApp para sacar dinero. También hay mulas digitales, que abren cuentas, retiran plata del cajero y hacen que se pierda el rastro: este tipo de bandas intentamos desbaratar”, sigue.

Apunta a organizar un proceso que ya existe: “Al principio, los jueces designaban agentes encubiertos para intervenir online, y cada fuerza se arreglaba a su manera con la información que le mandaban. Esto es una unificación del protocolo de avatares: cuando se crea un avatar, no se vuelve a usar, se forma otro nuevo para cada caso. Se asigna una identidad para que el agente pueda hacer una transacción o lo que sea. Terminada la investigación, ese avatar se borra”, aclara.

El anuncio habla de un "Protocolo para la Designación y Actuación de Agentes Encubiertos Digitales y Agentes Reveladores Digitales" y se enmarca en la Ley N° 27.319.

En internet, un avatar es la forma en la que un usuario se representa a sí mismo en un entorno digital. Puede ser una foto, un dibujo, un personaje virtual, un ícono o incluso una figura creada: cualquier imagen que sirva para identificarse ante terceros. Los avatares son habituales en redes sociales, foros o videojuegos. Eran una figura clave del fracasado “metaverso” de Facebook.

En rigor, el concepto no es para nada nuevo: ya en los primeros chats y juegos en línea de los años 90, los usuarios elegían un alias (nickname) y una pequeña imagen para mostrar. Con el tiempo, los avatares se volvieron más elaborados y personalizables, al punto que redes sociales como Reddit permiten comprar versiones premium: hoy pueden ser desde una simple foto de perfil hasta un personaje tridimensional que camina, habla y gesticula.

Pero más allá de todo esto, la función es siempre la misma: darle identidad a un usuario. Es por esto que para el Ministerio que dirige Bullrich es crucial ordenar estas identidades.

“En nuestro caso tenemos dos figuras, la de agente encubierto y el revelador. El encubierto forma parte de la organización y permanece en el tiempo. Puede infiltrarse en una organización que capta niños, por ejemplo, hasta obtener un hecho concreto y la información necesaria. El revelador se hace pasar por alguien que quiere comprar pornografía infantil, por ejemplo. Ese usuario tiene que convencer al delincuente de que tiene una cuenta legítima y el nombre real de esa persona solo lo saben dos funcionarios en toda la cadena. Al juez se le informa solo un número y una identidad falsa”, explica Soto.

“Cuando se necesita un perfil específico —por ejemplo, un camionero para infiltrarse en un chat o grupo donde se maneja trata de personas— se busca en el registro para asignar el más adecuado y ser más eficientes en este trabajo”, sigue.

La medida constituye un ladrillo más en la pared de la estrategia de ciberpatrullaje que emplea el Ministerio de Seguridad, esto es, controlar comportamientos de usuarios en redes sociales o interactuar con usuarios para obtener información sobre sus actividades.

En 2024, Bullrich habilitó a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullaje en Internet, incluyendo las redes sociales, a través de otra resolución del ministerio, la 428/2024. La creación de una unidad específica de Inteligencia Artificial responde a la misma línea de trabajo: la cibervigilancia de los usuarios.

“El protocolo representa una evolución institucional necesaria para sistematizar herramientas investigativas que operaban desde 2016 de manera fragmentada entre diferentes fuerzas de seguridad. La centralización del sistema y la creación de perfiles específicos según las necesidades de cada caso constituyen mejoras significativas en términos de eficiencia operativa”, dice a este medio Luis García Balcarce, abogado especializado en derechos digitales.

El especialista advierte un potencial problema: “Sin embargo, desde la perspectiva de los Derechos Digitales, esta sistematización plantea una serie de desafíos específicos. En primer lugar, durante las investigaciones prolongadas, los avatares policiales inevitablemente interactúan con usuarios legítimos que desconocen su naturaleza policial, lo que genera la recolección incidental de información personal de terceros ajenos a los delitos investigados”, sigue.

“Ante esto, el principal punto de mejora es incluir en el protocolo directivas específicas sobre el manejo de esta información colateral. Aunque se establece que cada avatar se destruye al finalizar la investigación, sería recomendable incluir salvaguardas adicionales sobre cómo se trata la información de terceros durante el proceso, qué datos pueden conservarse para futuras investigaciones y bajo qué condiciones, y cómo se garantiza que esta herramienta legítima no genere efectos inhibitorios desproporcionados en la comunicación digital”, agrega.

En este sentido, Balcarce sostiene que “no se trata de cuestionar la legitimidad de la herramienta, que es necesaria para combatir delitos que se organizan en entornos digitales, sino de perfeccionar sus salvaguardas para equilibrar las necesidades de seguridad pública con las garantías constitucionales en el entorno digital”.

Bullrich también creó esta semana un "Consejo Académico Asesor ad-honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos", formado por jueces y fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional y oficiales de alta jerarquía de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Estará dirigido por Ricardo Basílico, juez federal y profesor de derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos y criminología.