En Mendoza hay 600 niños viviendo en hogares del Estado y más de 10.000 con vulneración de derechos

Relevamiento: un plan provincial para ocuparse de la Primera Infancia

A nivel general, en Mendoza hay cerca de 600 niños, niñas y adolescentes de entre pocos meses y 18 años alojados y que viven en los 45 hogares distribuidos en todos los departamentos y bajo la tutela de la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes.

Verónica Álvarez Ocampos Subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la provincia de Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Todos somos responsables. El primero es el adulto que decide maternar o paternar, y quien tiene que cuidar a su hijo. Si esos padres no pudieron hacerlo, es clave que la red familiar pueda sostener estos cuidados, y también la red comunitaria. Si alguien escucha que golpean a un niño, el niño no puede defenderse. Pero, como adultos, podemos dar aviso a tiempo”, sostiene.

En 2005 fue promulgada la ley nacional 26.061 y que trajo un cambio de paradigma. Mientras que hasta entonces cualquier medida que apuntara al cuidado y la protección de derechos de los menores de edad eran facultades exclusiva del Poder Judicial, con este nuevo marco legal se incorporó el concepto de corresponsabilidad.

La ley nacional que en 2025 cumple 25 años establece los principios rectores, que son aquellos que hacen al interés superior del niño y entre los que se destacan la escucha activa y la corresponsabilidad.

“Todas las instituciones, públicas y privadas, son responsables de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. A partir de la ley 26.061, las decisiones referidas a quienes se ven vulnerados ya no pasan por el Poder Judicial, sino que las toma el Ejecutivo y con la intervención de todas las instituciones”, destacó Álvarez.

Mendoza busca actualizar ley de niñez

En 2018, con la sanción de ley provincial 9.139 –en sintonía con la norma nacional 26.061-, quedaron especificadas cuáles son las incumbencias del Estado y lo que hasta entonces era la OAL (Órgano Administrativo Local) –y con intervención exclusivamente judicial- se convirtió en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). Esta modificación es la que atribuye al Ejecutivo –con todas sus instituciones- la obligación de tomar medidas de protección.

El primer fusible donde se suelen activar las primeras alarmas ante fallas en la protección de NNyA es la escuela. Los establecimientos cuentan con gabinetes integrados por distintos profesionales de la salud mental que advierten comportamientos extraños. O, por ejemplo, reiteradas inasistencias.

“Ya en la escuela se puede advertir si los niños, niñas y adolescentes necesitan abordajes puntuales en distintos temas. Incluso, cuentan con protocolos de actuación puntuales. Hay instituciones que deben responder ante esto, los gobiernos locales son responsables de la protección de sus derechos. Y cuando se siguen vulnerando y no se logra la restitución de esos derechos mencionados justamente, recién allí se da aviso al ETI, que depende del Poder Ejecutivo”, enumera Álvarez.

Muchas de las medidas son administrativas. No obstante, pueden no ser suficientes. Y es allí cuando se debe recurrir a una medida excepcional y que implica sacar al niño de su centro de vida al determinarse que los adultos que deberían cuidarlos (padres) no lo están haciendo. Es allí donde se da intervención al ETI y se toman medidas.

Mendoza tendrá un Defensor de los Derechos del Niño y un "legajo único"

Cuando estas primeras instituciones intervienen y no se logra abstraer a los niños, niñas y adolescentes de la situación de vulneración de derechos, es indispensable que den aviso a tiempo para dar intervención a alguno de los 18 ETI con que cuenta Mendoza (uno por departamento).

“El primer responsable de la protección de derechos es el padre y la madre. La ley provincial 9.139 definen las situaciones en que interviene el ETI y que antes quedaban limitadas a la mirada tutelar judicial y eran responsabilidad de un juez de familia. La primera de ellas es ante ‘Negligencia’, que se da cuando se detecta una falta de cuidados intencionados de parte del adulto. La otra es ‘Violencia física’ y la tercera es ‘Violencia sexual’ ”, resume Álvarez.

“El ETI tiene que intervenir sí o sí, y tomar una medida que garantice la protección de derechos de los niños. Bajo ningún punto de vista se puede correr”, refuerza.

A nivel provincial, en los 18 ETI mendocinos, hay 10.000 legajos registrados e iniciados, lo que equivale a 10.000 NNyA con quienes se está trabajando.

La ley 9.139 especifica cómo se conforma la Dirección General de Protección de Derechos y aquí se fija que los 18 ETI quedan bajo la órbita de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos. En tanto, de la Dirección de Cuidados Alternativas dependen los 45 hogares para menores de la provincia.

Niñez maltratada: la cara más cruda de una sociedad en crisis

También existen programas intermedios y previos a los hogares. Aquí se destaca el programa de Familias de Acogimiento, siguiendo justamente aquella premisa de que los NNyA puedan vivir en entornos familiares.

Por medio de este programa, lo que hacen estas familias voluntarias es cuidar de manera solidaria a niños, niñas o adolescentes, quienes, en vez de ingresar a un hogar, van a estar en el seno de esa familia de manera temporal. Es el Estado quien tiene a su cargo la evaluación profesional de los voluntarios.

Si bien ya se determinó qué ocurrirá con las cinco hijas de Adriana Suárez, imputada por asesinar y descuartizar a un hombre hace unas semanas, por lo pronto se continúa trabajando con ellas dentro del Programa de Maltrato Infantil y Salud Mental de Hospital Carrillo.

Luego de que se determinara que las niñas –de 15, 13, 11, 9 y 7 años- atravesaron recientemente situaciones de negligencia grave, maltrato crónico y exposición a extrema violencia (estuvieron presentes cuando tuvo lugar el asesinato), se dispuso que ingresaran a hogares de menores. Ello como medida de protección excepcional y "dado que no se cuenta con red familiar para disponer una alternativa diferente en este momento".

Mientras Suárez estuvo con prisión efectiva por robo agravado, las cinco chicas quedaron bajo la tutela de su abuela. No obstante, cuando a la madre de las niñas le otorgaron prisión domiciliaria (justamente para que pudiese cuidar de sus hijas), las chicas regresaron su madre.

Prioridad absoluta: primera infancia

Luego del brutal crimen por el que está señalada y acusada oficialmente Suárez -cometido contra un inquilino a quien le alquilaba una propiedad de Dorrego-, el Estado tomó esta determinación ante la situación de vulnerabilidad y desprotección en que se encontraban las menores.

Las mayores de las adolescentes (de 15 y 13 años), por un lado, serán derivadas a residencias diferentes y descontextualizadas, para minimizar riesgos y facilitar intervenciones individualizadas.

En tanto, las tres hijas más chicas de Suárez (de 11, 9 y 7 años) quedarán alojadas en un mismo hogar, con el objetivo de priorizar la continuidad de vínculo fraterno y la creación de nuevas dinámicas vinculares.

“Jamás se las va a separar. Y, de ser necesario hacerlo, será por cuestiones lógicas de la edad, ya que hay hogares funcionan según la edad evolutiva. Pero la fortaleza más grande para ellas es poder estar juntas”, aclara la Subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez.