Bajo la lupa: Procuraduría investigará a Luis Carlos Reyes por su gestión en la Dian

La Procuraduría General de la Nación anunció este viernes -11 de julio- que abrió investigación disciplinaria contra el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, por presuntas irregularidades en la formulación y mensualización de las metas de recaudo tributario para 2024.

El proceso también involucra a David Gustavo Suárez Castellanos, subdirector de Estudios Económicos de la entidad, y a Guillermo Alberto Sinisterra Paz, director de Gestión Estratégica y de Analítica y buscará priorizar si estos funcionarios desconocieron las alertas frente a sus proyecciones de recaudo cuando estuvieron en la entidad.

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La actuación disciplinaria, liderada por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, se originó tras conocerse una caída sustancial del recaudo entre enero y mayo de 2024, superior al 10% respecto al mismo periodo del año anterior, explicando que “esta brecha encendió las alarmas de expertos fiscales y del propio Gobierno, debido a que podría comprometer el cumplimiento de la regla fiscal, norma que obliga al Estado a mantener ciertos niveles de sostenibilidad en su manejo presupuestal”.

Según la información recopilada por el ente de control, las metas habrían sido construidas con supuestos alejados de la realidad macroeconómica, sin el debido respaldo técnico, lo que abre dudas sobre la calidad de la planeación dentro de la entidad. Así mismo, en su análisis preliminar, se evalúa si los funcionarios incurrieron en falta de rigor técnico, desconocimiento de principios de planeación y responsabilidad fiscal, y si hicieron caso omiso a advertencias emitidas desde el Ministerio de Hacienda.

Esta investigación, solicitada por sectores de oposición en varias ocasiones, pone en entredicho uno de los pilares de la política económica del gobierno nacional, como es el sistema de proyección y seguimiento del recaudo tributario, que sirve de base para estimar ingresos, formular presupuestos y definir límites de gasto.

Para las autoridades, una sobreestimación sin fundamentos sólidos puede distorsionar la percepción de disponibilidad fiscal y comprometer decisiones claves de inversión y financiamiento; razón por la cual entrarán a revisar.

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Luis Carlos Reyes asumió la dirección de la Dian en agosto de 2022 como una de las apuestas del gobierno Petro para modernizar la administración tributaria, dado que su perfil técnico y su cercanía con el ministro José Antonio Ocampo le dieron respaldo institucional en los primeros meses.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las metas de recaudo proyectadas por la entidad comenzaron a ser objeto de escrutinio por parte de analistas, gremios y entes técnicos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que en su momento advirtió sobre supuestos excesivamente optimistas en los cálculos oficiales.

Entre los principales cuestionamientos está el hecho de que, pese al contexto económico de desaceleración, se proyectaron incrementos en el recaudo que no se materializaron, especialmente en los primeros meses del año. Esta situación fue reportada en documentos internos del Ministerio de Hacienda, desde donde se alertó sobre la necesidad de ajustar las metas y adoptar correctivos oportunos, según conoció la Procuraduría.

Además del impacto fiscal, la caída del recaudo ha tenido efectos sobre el flujo de caja del Gobierno, el cumplimiento de compromisos financieros y la ejecución de programas sociales. También ha llevado a Hacienda a acudir con mayor frecuencia a fuentes de financiamiento como los TCO (TES de corto plazo), generando nuevas tensiones en el mercado de deuda.

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La Procuraduría evaluará ahora si los funcionarios de la Dian cometieron faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones y si incurrieron en negligencia, imprudencia o desconocimiento de advertencias técnicas. Si se encuentran méritos, podrían aplicarse sanciones administrativas, que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

El expediente aún se encuentra en etapa preliminar, pero refleja el problema de fondo de la necesidad de fortalecer los sistemas técnicos de proyección fiscal, blindarlos de sesgos políticos y garantizar una coordinación eficaz entre entidades clave del Estado.