Campeche, la capital de la censura

En los últimos meses, las acusaciones de censura gubernamental en México se han multiplicado de forma alarmante. Los intentos por silenciar las críticas o controlar la información que se difunde provienen de diversas instituciones, autoridades y poderes. A veces se presentan en forma de iniciativas de legislación, como ocurrió con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que implementó restricciones excesivas a los contenidos radiodifundidos, y a veces con resoluciones judiciales, ya sea que prohíban la difusión de información o que obliguen a los críticos incómodos a pedir disculpas públicas para restituir el honor del funcionario ofendido, en cada caso.

Dentro de este ecosistema jurídico, que de por sí ya es hostil para los medios de comunicación, el caso de la Gobernadora de Campeche es sin duda uno de los más preocupantes. Layda Sansores ha hecho de la censura una forma de gobierno. Sus ataques a periodistas no se reducen a meras expresiones espontáneas para desmentir a alguno de sus críticos, sino que la Gobernadora ha implementado una maquinaria que de manera sistemática e institucional intimida a quienes considera sus enemigos, y lo peor es que el engranaje de la censura es financiado con recursos públicos.

Por una parte, el Gobierno de Campeche tiene un aparato jurídico que utiliza indiscriminadamente para interponer demandas y denuncias en contra de medios y periodistas que publican información que incomoda a la Gobernadora. Los procesos generalmente son gestionados por funcionarios públicos de su gobierno, como Walther David Patrón Bacab, titular de Comunicación Social, o por servidores de la Consejería Jurídica local, como Juan Pedro Alcudia y César Cuauhtémoc Sánchez Cabrera.

Si bien es cierto que las instituciones del Poder Ejecutivo generalmente tienen un equipo de Comunicación Social, la función principal de este departamento es la difusión de las acciones del Gobierno como institución, pero de ninguna manera puede dedicarse a la construcción o preservación de la imagen personal del gobernador en turno, ni del partido político que lo haya postulado. En el mismo sentido, la Consejería Jurídica tiene como objeto la defensa legal del Gobierno, pero no la interposición de juicios para defender los intereses personales de la Gobernadora.

Layda Sansores ha utilizado los recursos humanos del Gobierno para interponer demandas por daño moral, y denuncias por incitación al odio, entre otros juicios, para defender su imagen personal, y no los intereses institucionales del Gobierno de Campeche. El caso más claro son las acciones civiles y penales interpuestas en contra de Jorge Luis González y el medio digital Tribuna, de Campeche, que derivaron en la imposición de un censor judicial a dicho medio.

Además del equipo de ofensiva jurídica, la Gobernadora también organizó una herramienta de comunicación mediática. Me refiero al programa que ella misma conduce, conocido como el “Martes del Jaguar”, que se transmite semanalmente a través de Internet. En éste, Sansores ataca directamente a periodistas, valiéndose hasta de caricaturas y sátiras para ridiculizarlos, a costa del erario público.

Cabe mencionar que el propio Sistema de Televisión y Radio de Campeche reconoció, entre contradicciones, que la transmisión de cada episodio del Martes del Jaguar cuesta $11,863.50 pesos, ocupando para ello 2 camarógrafos y 1 operador de audio, con 2 cámaras de video y una consola de audio (solicitud de acceso a la información con folio 040085400001422).

Al día de hoy, pueden encontrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, decenas de solicitudes de acceso a la información en las que se cuestiona expresamente la fuente de financiamiento del Martes del Jaguar, así como de los premios que la Gobernadora “regala” en el mismo, como laptops y motocicletas, y se solicita información sobre la posible investigación de responsabilidades administrativas y violaciones de derechos humanos cometidas a través del programa. En Campeche, la censura se ha institucionalizado cínicamente como parte de las funciones del Gobierno.