Carlos Fernández-Vega: México SA

▲ Integrantes de El Barzón Metropolitano durante una protesta contra el Fobaproa frente al Tribunal Superior de Justicia local en septiembre de 1996.Foto Víctor Mendiola

E

n la crisis bancaria de 1995 del gobierno federal, a cargo de Ernesto Zedillo, los voceros oficiales y oficiosos se desgañitaban al difundir la versión oficial en su intento de justificar el rescate bancario. Sin el salvamento de las instituciones reprivatizadas en el salinato, se perderán miles de empleos formales; que o pagan los deudores de la banca o toda la sociedad tendrá que hacerlo; y que los recursos públicos no se destinarán a dar alivio a la minoría en perjuicio de la mayoría. A la par, no perdían oportunidad para subrayar la probidad de los banqueros y la legalidad de las prácticas bancarias.

Esa era la perorata oficial, pero en los hechos sucedió exactamente todo lo contrario: se rescataron a bancos y banqueros, y en 1995 se perdieron 815 mil empleos formales; no pagaron los grandes deudores y a la sociedad el gobierno zedillista le cargó, íntegro, el pago del festín (que a estas alturas los mexicanos no terminan de pagar) y abundantes cuan crecientes recursos de las arcas públicas se destinaron descaradamente a beneficiar a la minoría, mientras la falta de probidad y la ilegalidad de las prácticas bancarias quedaron expuestas.

Según esos inteligentísimos voceros, ¿quién era la mayoría que preveía beneficiar el rescate? De acuerdo con informes (1995) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esa mayoría eran los propietarios de apenas 24 mil 193 cuentas bancarias (0.17 por ciento del total de cuentas, pero representativas de 60 por ciento de los dineros depositados en los bancos) en las que estaban depositados cerca de 210 mil millones de pesos; en cambio, para ellos, la minoría no rescatable era las cerca de 8.5 millones de cuentas (60 por ciento del total, pero representativas 1.09 por ciento del total de dichas cuentas), con depósitos por apenas 4 mil millones de pesos. Y no fue una cuestión de números, sino de elitismo. El dinero de la nación, al servicio de unos cuantos.

Es decir, Zedillo decidió rescatar a la mayoría (la que más dinero tenía depositado, pero representaba el menor número de cuentas) y rechazar a los que menos recursos mantenían en las instituciones, a pesar de ser mayoría en el número de cuentas. Casi casi un trabalenguas, pero con el fin obvio de rescatar a los de hasta arriba, fingiendo que eran los de hasta abajo.

A menos, claro está, que Zedillo considerara –y lo sigue haciendo– que la mayoría a rescatar era aquella compuesta por empresarios como Fernando Senderos Mestre (entonces a cargo del Grupo DESC), Fernando Canales Clariond (a la sazón gobernador de Nuevo León), José Eduardo Robinson Bours Castelo (Grupo Bachoco y entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial; fue gobernador de Sonora cuando la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo), Carlos Hank Rhon (heredero de El Profesor), Carlos Cabal Peniche (Salinas de Gortari lo presumía como ejemplo del empresariado mexicano) y Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino (ganador de Banpaís que huyó del país por defraudación fiscal).

También Vicente Fox, Pablo Escandón Cusi (de la mafia farmacéutica), Manuel Gómez-Daza Rangel y los Ballesteros (más Claudio X. González Laporte, Agustín F. Legorreta, Valentín Díez Morodo y otros en el Grupo Mexicano de Desarrollo), el infaltable Ricardo Salinas Pliego, Enrique Molina Sobrino (con Salinas de Gortari en Los Pinos se convirtió en multimillonario Forbes; después huyó) y algunos más. Esa era la mayoría de Zedillo, y a la minoría –los mexicanos en su conjunto– ilegalmente le pasó la factura del rescate.

Hagan cuentas: Salinas de Gortari y Pedro Aspe presumían que la reprivatización bancaria dejó al gobierno alrededor de 13 mil millones de dólares; el ilegal rescate de Zedillo le ha costado a la nación (capital e intereses pagados hasta ahora) cerca de 150 mil millones de billetes verdes (11.5 veces más que lo obtenido por la desincorporación de las instituciones), y contando, sin olvidar que el tal Ernesto entregó la soberanía financiera del país a las trasnacionales.

Entonces, el atraco del Fobaproa no se limita a los casi 74 mil millones de pesos (más de 10 mil millones de dólares de la época) en créditos relacionados (autopréstamos no pagados de los barones de la banca reprivatizada), sino a la ilegalidad misma del rescate con recursos de la nación.

Las rebanadas del pastel

Dice Zedillo que la pensión dorada que recibe del Banco de México (por apenas nueve años de chamba en esa institución) es un reconocimiento por los servicios que en él presté. Bueno, si ese es la justificación, entonces debe pagar a la nación por los destrozos que causó.

X: @cafevega

[email protected]