Contraloría alerta hallazgos fiscales por más de $1,17 billones este año

En apenas seis meses de 2025, la Contraloría General de la República ha identificado posibles daños al patrimonio público por un total de $1,17 billones. Así lo reveló el más reciente informe sobre los resultados de la vigilancia fiscal en todo el país, que recoge los hallazgos derivados de 4.196 auditorías practicadas por el organismo de control entre enero y junio de este año.

Los sectores con mayor concentración de hallazgos fiscales, es decir, irregularidades que podrían derivar en un detrimento del erario, son vivienda, saneamiento básico, educación, infraestructura vial y salud. Estos frentes han sido también tradicionalmente los de mayor inversión estatal, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles previos, concurrentes y posteriores a la ejecución del gasto.

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De los 9.241 hallazgos administrativos reportados, 1.454 tienen presunta incidencia fiscal, lo que representa cerca del 15,7% del total detectado. A esto se suman 1.984 hallazgos disciplinarios, que serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación, y 48 hallazgos con presunta connotación penal, que serán remitidos a la Fiscalía General.

Según el Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, “estos resultados demuestran que la vigilancia fiscal sigue siendo una herramienta clave para la defensa del patrimonio público. Nuestra tarea no es solo sancionatoria, sino también preventiva y correctiva”.

Más procesos en marcha

El informe también muestra que, en lo corrido del año, se han abierto 1.042 indagaciones preliminares y se han iniciado 581 procesos de responsabilidad fiscal, lo que eleva a 3.559 el total acumulado desde septiembre de 2022, cuando inició el actual periodo de administración. Estas acciones buscan recuperar los recursos comprometidos y establecer responsabilidades administrativas individuales o solidarias.

A la fecha, el total de recursos recuperados por la Contraloría desde 2022 supera los $3 billones, incluyendo procesos concluidos, conciliaciones y mecanismos de cobro coactivo.

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Uno de los focos principales de la vigilancia en este primer semestre fue el uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR); frente en el que se auditaron $2,74 billones asociados a proyectos en ejecución en los 32 departamentos y más de 700 municipios del país.

Los sectores más auditados con recursos de regalías fueron educación (29,6%), agua potable y saneamiento básico (19,5%), transporte (16,3%) y vivienda (9,4%). En estos casos, se han identificado preocupaciones sobre retrasos en la ejecución, deficiencias técnicas, pagos sin respaldo documental y contrataciones irregulares.

Obras que no avanzan

En el marco de su estrategia “Compromiso Colombia – Salvando Obras”, la Contraloría también reportó que 40 obras públicas han sido entregadas a la ciudadanía en 2025 tras procesos de intervención, mediación o control. Estas hacen parte de las 284 obras reactivadas desde el año 2022, cuyo valor agregado asciende a $4,1 billones.

Actualmente, el organismo de control le hace seguimiento a 1.092 proyectos críticos, muchos de ellos con altos niveles de avance físico, pero detenidos por problemas jurídicos, financieros o de ejecución.

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Con todo lo anterior, la Contraloría cerró haciendo un llamado a las entidades ejecutoras del gasto público a fortalecer sus mecanismos de control interno y a cooperar con la labor fiscalizadora, destacando que “el control fiscal no puede ser visto como una amenaza, sino como un aliado en la buena gestión pública”, según concluyó Zuluaga.

Con un panorama de fragilidad fiscal creciente y mayores presiones sobre el gasto, los resultados de este primer semestre advierten que cada peso público mal ejecutado representa no solo un daño al bolsillo del país, sino también una pérdida de confianza en las instituciones, y esa, a juicio de los expertos, es la herida más difícil de cerrar.