Alcaldes de NL Urgen Mesa de Seguridad; Piden Más Coordinación

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad pública es un tema recurrente y a menudo espinoso en Nuevo León. Este 11 de junio, la discusión ha cobrado nueva fuerza con el pronunciamiento de varios alcaldes metropolitanos que urgen al gobierno estatal, encabezado por Samuel García, a reinstalar y ampliar la Mesa de Coordinación de Seguridad, un espacio que consideran vital para articular estrategias efectivas contra la delincuencia.

Entre los alcaldes que han expresado esta preocupación se encuentran figuras prominentes del área metropolitana. Andrés Mijes, edil de Escobedo, ha sido claro al señalar que «debe haber una mesa más amplia y tomar decisiones de manera coordinada». Su homólogo de Apodaca, César Garza Villarreal, coincidió con esta postura, enfatizando la importancia de que se sumen más participantes a este esfuerzo conjunto.

La demanda de los alcaldes no es nueva, pero resurge en un contexto donde la percepción de inseguridad y los hechos delictivos de alto impacto continúan siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía neoleonesa. Argumentan que la seguridad no puede ni debe politizarse y que la colaboración interinstitucional es fundamental para obtener resultados tangibles.

El gobernador Samuel García había anunciado previamente, en enero de 2025, que las mesas de seguridad se realizarían de manera diaria y que se sumaría a los alcaldes, siguiendo una indicación del gobierno federal en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). En ese momento, el mandatario estatal señaló que esta medida buscaba «encabezar y liderar los esfuerzos» en materia de seguridad. Sin embargo, la actual exigencia de los alcaldes sugiere que la implementación o la efectividad de dicha inclusión no ha satisfecho las expectativas de todos los municipios.

La relación entre el gobierno estatal y los municipios en temas de seguridad ha tenido sus altibajos. En el pasado, el propio gobernador García había expresado reservas sobre la politización del tema de seguridad en algunos municipios, como Santa Catarina, y había hecho un llamado a «cerrar filas».

Las mesas de coordinación de seguridad tienen como objetivo principal el intercambio de información de inteligencia, la planeación de operativos conjuntos, la evaluación de estrategias y la toma de decisiones consensuadas entre las corporaciones policiales estatales, municipales, la Fiscalía General de Justicia del Estado, y fuerzas federales como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La ausencia o deficiencia de estos espacios puede llevar a una desarticulación de esfuerzos, duplicidad de funciones o, en el peor de los casos, a una competencia o desconfianza entre corporaciones.

Los alcaldes que impulsan esta demanda sostienen que una mesa de coordinación robusta y verdaderamente incluyente permitiría:

* Mejorar el flujo de información: Compartir datos cruciales sobre incidencia delictiva, modus operandi de grupos criminales y puntos críticos en tiempo real.

* Optimizar recursos: Evitar la dispersión de esfuerzos y recursos humanos y materiales, asignándolos de manera más estratégica.

* Fortalecer la confianza: Generar un ambiente de mayor colaboración y confianza entre los distintos mandos policiales.

* Adaptar estrategias: Ajustar los planes de seguridad a las particularidades de cada municipio, pero dentro de una visión metropolitana integral.

* Rendición de cuentas: Establecer mecanismos más claros de seguimiento y evaluación de los resultados.

La percepción de que el crimen organizado opera de manera transfronteriza entre municipios hace aún más imperativa una respuesta coordinada que trascienda las divisiones administrativas.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha informado de una respuesta oficial y actualizada del gobierno de Nuevo León a esta nueva exigencia de los alcaldes. Se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento por parte del Ejecutivo estatal o de la Secretaría de Seguridad Pública.

«Debe haber una mesa más amplia y tomar decisiones de manera coordinada.» – Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

La presión de los ediles se suma a la constante demanda ciudadana por mayor seguridad. La voluntad política para reconstruir puentes y fortalecer estos mecanismos de coordinación será clave para avanzar en la pacificación de Nuevo León. La seguridad, insisten los actores involucrados, debe ser una prioridad que una, y no que divida, a las autoridades.