Amnistía y democracia

Fijemos bien la flecha en la diana: cuando este mes de junio el Tribunal Constitucional (TC) avale la ley de Amnistía y diga que es plenamente compatible con la Constitución Española de 1978, esta sentencia tendrá lugar solo dos años después del nonato verano azul, siete años después de la moción de censura y quince años después de la sentencia del mismo TC que declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatut de Catalunya del 2006, y otros 27 artículos más fueron sometidos a interpretación por parte del mismo alto tribunal. Quince años después, señorías, sí, una generación después, toda una vida después, la carpeta Catalunya pasa a otra etapa.

La sentencia resolverá el recurso de inconstitucionalidad del PP, solo aceptándolo muy parcialmente, finalizando así una etapa procelosa y truculenta que se abrió con las derivadas políticas de la anterior sentencia sobre el Estatut, a propósito también de otro recurso de inconstitucionalidad del mismo PP. Solo si se explica así, si se unen estos dos puntos en el continuo espacio y tiempo –del Estatut a la Aministía– se entiende todo mejor. Más, en concreto, que el PP fuera esta vez, y por enésima vez, al TC para que le arreglase en lo judicial lo que en el poder legislativo no pudo ganar, la citada ley de Amnistía. Es importante recordarlo, porque los nuevos votantes del año 2027, entre los que Vox es primera fuerza, no vivieron nada de esto. Quince años dan para mucho. Eran niños o ni tan siquiera habían nacido.

La segunda parte de la legislatura va de otra teoría de España, la del reencuentro total

No olviden asimismo para el 2027 electoral que ese bipartidismo, al que le molestan las lenguas constitucionales como el euskara, catalán o gallego y que boicoteó la pasada conferencia de presidentes en Barcelona, representa a menos de 6 de cada 10 votantes. Y no olviden tampoco que la actual Constitución solo pudo ser votada por el 25% del censo actual, menos de 10 millones de votantes. El 75% restante no la votó.

El PP, por tanto, no pudo frenar hace quince años que el Congreso aprobara la ley orgánica que es el Estatut y luego que Catalunya lo refrendara. Así que el recurso de inconstitucionalidad, antes como ahora, fue la última palanca para derogar desde fuera las decisiones de la soberanía popular representada en el legislativo. En el 2010, el Estatut fue declarado inconstitucional y, por tanto, derogada la voluntad primero del Parlament de Catalunya, después del Congreso y finalmente de la misma Catalunya en referendo.

En cambio, en el 2025, la amnistía que viene será compatible con la Constitución y la sentencia no derogará técnicamente voluntad popular alguna. Hay que atender a este cambio de rasante histórico, quince años después, afortunadamente, porque el TC está siendo igual de TC hoy que en el 2010. O, dicho de otro modo, lo que valió entonces, debiera valer ahora a los populares. Si en el 2010 el PP confió su visión particular de la convivencia de España en última instancia a una sentencia, hoy debería verse en su mismo espejo. Su ausencia de didáctica, lejos de empequeñecer a Vox, lo está consolidando y contrariando al resto del electorado que decide elecciones. Pues solamente cuando la derecha fue plural, comportándose en términos democráticos y garantizando la convivencia, los españoles­ desempataron a su favor. El temor sigue siendo uno: ¿En qué teoría de España se sustentaría un Consejo de Ministros PP-Vox?

Miren, el PSOE resiste y no es nuevo. Resistió como jabato en la V legislatura. Ninguno de los socios tiene incentivos para que esta XV legislatura colapse antes de tiempo. Y este punto de partida vale, porque ya le sucedió a Felipe González, que con una semana más de campaña y una Loreg que no repartiera dos escaños mínimos por provincia sino uno y los otros proporcionales según población, por ejemplo, habría derrotado a José María Aznar en 1996, a pesar del váyase señor González y todas las semejanzas que quieran encontrar con la actual situación. La política tiene estos matices. Una semana después del 23-J escribimos por ello “Amnistía y Artículo 92”, explicando la “amnistía” como el eje que desbloqueaba la legislatura y el “artículo 92” como sinónimo de democracia, para ganar la reelección. Ya hemos llegado al ecuador y ahí tienen la amnistía. La democracia debe servir a partir de ahora para encauzar conflictos políticos y sacarlos del lugar imposible adonde los llevó su judicialización hace quince años. De esto va la segunda parte de la legislatura. De otra teoría de España, la del reencuentro total.

Next week Dos años de crispación

Váyanse a la V legislatura, “la de la crispación”, para entender que al PP no le bastaron dos años largos de confrontación para torcer el brazo al PSOE, como tampoco sucederá en la XV, “la de la amnistía y la democracia”. Aznar solo fue presidente cuando el PSOE se quedó sin mayoría alternativa. Lo que sucede hoy, que Sumar y Podemos compartan mayoría de investidura con Junts, no fue posible en 1996 con Julio Anguita y Jordi Pujol. Dicho lo cual, ante el trumpismo actual, quizás el gran Anguita hoy compartiera votaciones con el molt honorable Pujol. Así vienen las cosas en este nuevo mundo.

El ojo de halcón Conferencia de presidentes

Se vio en la conferencia de presidentes: las autonomías, al igual que el Senado, hoy son una caja de reverberación de la oposición a la mayoría del Congreso. Los sacrosantos padres de la Constitución se escandalizarían al verlas como una instancia de segunda lectura del poder central. Y se ofenderían aún más observando que todas las comunidades autónomas del PP, más Castilla-La Mancha, presentan recursos de inconstitucionalidad a la ley de Amnistía al mismo tiempo que se muestran incapaces de pactar la política de vivienda y de encontrar una solución al reparto de menores inmigrantes .