Cerdán se defenderá hurgando en el pasado policial de Koldo

Santos Cerdán buscará marcar distancia con Koldo García y con José Luis Ábalos y tratará de relacionar su implicación en la presunta trama de corrupción que está sacudiendo al Gobierno de Pedro Sánchez con una operación orquestada desde las entrañas de la Guardia Civil a través del primero.

Cerdán, en prisión desde el pasado 30 de junio, parte de la premisa de su inocencia. Aunque la voz sea la suya, no se reconoce en las grabaciones que han trascendido, en el sentido que asegura no haber mantenido nunca conversaciones con García para repartirse comisiones por obras, según fuentes cercanas a la defensa del exsecretario de organización del PSOE. De entrada, porque Cerdán carecía de margen para maniobrar en el ministerio de Transportes desde su posición en el PSOE. Estas mismas fuentes subrayan que el político insiste en que los investigadores nunca le encontrarán cuentas bancarias o propiedades ocultas, producto de supuestas mordidas, sencillamente porque no existen. “No ha habido ningún incremento de su patrimonio, algo que es incompatible con la tesis de la acusación”, explican.

La defensa de Cerdán tratará de indagar en la relación entre García y la Guardia Civil, que le condecoró en el 2018

Por el momento, la carga de la imputación de Cerdán se concentra en las grabaciones realizadas por Koldo García. Su defensa tratará de ahondar en las sombras del personaje y en las de las propias grabaciones. Antes de ser asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, García pudo tener un papel como confidente de la Guardia Civil. Sus primeros empleos en sus años en Pamplona fueron de vigilante de seguridad y portero de locales nocturnos. En el 2018 fue condecorado con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en la categoría de Cruz con distintivo blanco, que premia “acciones o conductas de extraordinario relieve, que redunden en prestigio del Cuerpo e interés de la Patria”, y pueden ser concedidas a agentes del cuerpo o civiles. Recibió la medalla el 3 de mayo de 2018, menos de un mes antes de que prosperase la moción de censura de Pedro Sánchez, que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.

La primera grabación realizada por García que se ha hecho pública es de menos de un año después: 9 de abril de 2019. El expediente de concesión de la medalla en el que se concretan esos méritos está bajo secreto. Por ello, la defensa de Cerdán tratará de indagar en esa relación entre García y la Guardia Civil, cuya Unidad Central Operativa (UCO) es responsable de la investigación.

García también fue indultado por el gobierno del PP, en 1996: una condena por una paliza cuando era vigilante de un vertedero.

El segundo pilar de la defensa de Cerdán será cuestionar la integridad y el origen de las grabaciones. Ha contratado un peritaje para determinar si han sido editadas, con qué dispositivos fueron realizadas y en qué fechas, dónde se almacenaron exactamente y qué dicen en su globalidad. El análisis tardará varias semanas en completarse. Cerdán pedirá acceso a la globalidad de las grabaciones, que al parecer son miles, y que han requerido de un ingente trabajo de clasificación y documentación. Fuentes personadas en la causa estiman que las grabaciones tienen un peso informático de al menos dos terabytes, lo que implica una gran formación y conocimiento.

La estrategia de defensa no contempla un pacto con la fiscalía que suavice una eventual condena, ni tampoco una colaboración o coordinación con los otros dos principales acusados de la supuesta trama, Ábalos y García. Cerdán figura como investigado en la causa que instruye el Tribunal Supremo (TS) en tanto que Ábalos es aún diputado en el Congreso, ahora sin adscripción. Cerdán renunció a su escaño y carece de aforamiento, pero no está imputado en la causa original, que instruye para la mayor parte de los implicados el Juzgado Central núm. 2 de la Audiencia Nacional.

En el recurso presentado por los abogados de Cerdán para pedir su liberación, se argumenta la desconexión entre éste y la trama que investiga el TS, referida a las concesiones de obra pública en la etapa de Ábalos como ministro de Transportes, entre 2018 y 2021. Dos de las obras investigadas (la concesión de Mina Muga, entre Aragón y Navarra, y la reforma del pabellón Navarra Arena), en las que intervino la empresa Servinabar, de la que Cerdán pudo tener un porcentaje, se hicieron en un periodo en el que éste “no ostentaba cargo alguno en la administración pública” y su partido, el PSOE, estaba en la oposición tanto en Navarra como en Madrid.