Debate nacional: ¿Cancelar INE por no votar? Propuesta del PVEM

Una iniciativa presentada por el diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propone sancionar con la cancelación de la credencial del INE por un año a los ciudadanos que no emitan su voto en elecciones y consultas populares. La propuesta, pendiente de discusión, ha encendido el debate sobre la naturaleza del voto y los derechos ciudadanos.
En el contexto de la participación ciudadana y los procesos democráticos en México, ha surgido una propuesta legislativa que busca modificar la relación de los ciudadanos con el sufragio. El diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una iniciativa para reformar el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer el voto como una obligación ciudadana y sancionar su incumplimiento.
La iniciativa del legislador del PVEM plantea adicionar un párrafo a la fracción III del artículo 36 constitucional. Este cambio establecería explícitamente la obligación de los ciudadanos de la República de votar en las elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato, en los términos que establezca la ley.
La sanción propuesta por el incumplimiento de esta obligación es contundente: la cancelación de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como documento de identificación oficial, por un periodo de un año.
El diputado Miranda Barrera fundamenta su propuesta en la idea de que una mayor participación ciudadana en los procesos electorales legitima a los gobiernos y facilita la rendición de cuentas por parte de las autoridades electas. Sostiene que el voto debe ser considerado una obligación y que la implementación de sanciones fomentaría la participación, fortaleciendo así las instituciones democráticas del país.
Como parte de su argumentación, el legislador comparó la situación de México con la de países donde el voto es obligatorio, como Bélgica, Australia, Brasil y Argentina. En estas naciones, según el diputado, las tasas de participación electoral suelen superar el 75%, mientras que en México, sin esta obligatoriedad, la participación en las últimas elecciones se situó en un 61%.
Al momento de este reporte, la iniciativa se encuentra pendiente de discusión y votación en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin fecha definida para su análisis.
La propuesta inevitablemente suscita una discusión sobre la naturaleza del voto: ¿es un derecho que puede ejercerse libremente, incluyendo la opción de la abstención como forma de expresión, o una obligación cívica cuyo incumplimiento debe ser sancionado? Imponer una penalización como la cancelación de la credencial del INE, que en México es un documento de identificación esencial para múltiples trámites cotidianos, representa una medida de considerable impacto.
Si bien el objetivo de fomentar la participación ciudadana es ampliamente compartido, la vía de la coerción podría generar una «participación artificial». Es decir, los ciudadanos podrían acudir a las urnas meramente para evitar la sanción, sin un ejercicio informado o reflexivo del voto, lo que podría no traducirse en una mejora de la calidad democrática e incluso podría generar mayor desafección.
Además, la implementación práctica de una medida de esta naturaleza conllevaría desafíos logísticos significativos para el INE, encargado de verificar quién votó y aplicar las sanciones. También surgirían interrogantes sobre cómo se manejarían los casos de ciudadanos que no pueden votar por razones justificadas, como enfermedad, barreras de acceso en zonas remotas, o encontrarse fuera de su sección electoral por motivos de fuerza mayor. Sin salvaguardas adecuadas, la medida podría afectar desproporcionadamente a poblaciones ya vulnerables.
El debate está abierto y se espera que en las próximas semanas o meses se conozca el curso que tomará esta controvertida propuesta en el Congreso.
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La Verdad Yucatán