Estas son las 15 medidas que propone Sánchez para combatir la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Pleno extraordinario sobre la corrupción que acoge este miércoles el Congreso de los Diputados cargado con una batería de medidas con la que busca apaciguar a sus socios parlamentarios y afianzar una legislatura, en el aire tras el escándalo de presunto cobro de comisiones por adjudicación de obras que a afecta a los dos últimos secretarios de organización del PSOE.

"Estoy aquí para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso que el Gobierno de coalición progresista hace de sus tareas ejecutivas, para despejar las dudas que pueden tener legítimamente los ciudadanos que sigan esta comparecencia, contando todo lo que sé y dando cuenta de lo que vamos a hacer para superar esta crisis", ha declarado Sánchez.

La estrategia pasa por llevar al Parlamento la aprobación de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción dotado de 15 medidas, que el Ejecutivo ha diseñado conjuntamente con el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE, y después de escuchar al resto de grupos parlamentarios y a expertos de la sociedad civil. También, detallan fuentes de La Moncloa, se han incorporado propuestas del Foro de Gobierno Abierto y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y recomendaciones de la Comisión Europea.

"El Plan supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en España y el objetivo es situar a nuestro país a la vanguardia del continente", ha asegurado Sánchez, detallando los cinco ejes que conlleva el plan.

El primer eje es el de la "prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción" e incluye seis medidas.

1. En primer lugar, se pondrá en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.

2. En segundo términos, el Ejecutivo propone una extensión a toda la Administración de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation para mejorar la auditoría y control de fondos.

3. La tercera medida pasa por introducir aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.

4. El cuarto punto implica la exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.

5. La quinta iniciativa pasa por impulsar la nueva Ley de Administración Abierta que refuerce la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.

6. En sexto término, se reforzarán los controles sobre los partidos políticos. Este punto incluye la obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes; profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción; y la aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.

7. El segundo eje del plan pasa por mejorar la protección a los denunciantes de casos de corrupción e incluye una medida central. Se trata de incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal.

En este sentido, se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

El tercer eje, que busca el refuerzo de la capacidad del estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción, consta de otras cinco medidas.

8. La octava propuesta del lote es la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Se busca otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.

9. La novena acción busca reforzar la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo las investigaciones a los fiscales en lugar de a los jueces.

10. El décimo punto de la estrategia es el endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.

11. El plan prosigue con la puesta en marcha de un sistema de exclusión y "listas negras" para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.

12. En duodécimo lugar, se apunta que dentro de los partidos, endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

El cuarto eje busca la recuperación de los bienes robados mediante la corrupción, e incluye dos iniciativas.

13. Por un lado, se prevé el aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. En paralelo, se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea.

14. A su vez, se plantea la introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

El quinto y último eje supone la generación de una verdadera cultura de integridad, e incorpora una última medida.

15. La iniciativa final busca la realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.

"Vamos a cumplir hasta la última coma", ha asegurado Sánchez, anunciando un acuerdo con la OCDE para impulsar un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.