La llave del catalán está en Berlín

Buena parte de los grandes debates europeos no se desencallan hasta que Alemania no escoge bando. El caso de la oficialidad del catalán no será una excepción.

Berlín es, ahora mismo, el principal escollo para que se apruebe en los próximos meses. El ministro alemán de Estado para Europa, Gunther Krichbaum, fue el primero en tomar la palabra durante el Consejo de Asuntos Generales del pasado martes, que terminó con el aplazamiento de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Su negativa abrió la puerta a que otros, comenzando por Italia, escudasen sus dudas tras Alemania.

Los ministros del Partido Popular Europeo se reunieron antes del Consejo para compartir posturas

El nuevo Gobierno alemán lo encabeza el canciller Friedrich Merz, de la CDU, un partido con excelentes relaciones con el PP. Dolors Montserrat acaba de ser elegida número dos de Manfred Weber en los populares europeos (PPE). Pero Merz gobierna en coalición con los socialdemócratas del SPD, y el PSOE ya está pulsando esta tecla para tratar de decantar la locomotora.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estaba el jueves en Aquisgrán, acompañando a Felipe VI en la ceremonia de entrega del premio Carlomagno a Ursula von der Leyen. Aprovechó el viaje para insistir por este tema ante los oficiales alemanes.

El Gobierno se encontró el martes con tres bloques de países. En un lado, los contrarios, o reticentes: aquellos que, como Alemania, no tienen claro el encaje legal y financiero y que así lo comunicaron a Fernando Sampedro, el secretario de Estado de la UE, el hombre de Sánchez para esta misión.

El primer bloque es, evidentemente, el más problemático. Se encuentran Alemania, Italia, Suecia, Finlandia, Austria, República Checa y Croacia. Muchos de estos están gobernados por el PPE.

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El PP español ha reconocido los contactos para persuadir a sus aliados. El martes por la mañana hubo un desayuno de los ministros de la familia del PPE, al que no acudió Montserrat, de misión en Canarias. Estos encuentros son habituales antes de todas las reuniones ministeriales, pero en muchos casos sirven para decantar la balanza. En este, por ejemplo, Austria se decidió por expresar en público sus reticencias.

Después están los convencidos (Portugal, Bélgica, Eslovenia y Rumanía) que dijeron abiertamente que apoyan al Ejecutivo. Y luego se encuentran la gran mayoría, los que no se pronunciaron. A algunos les es indiferente, como a la Grecia del ambicioso Kiriakos Mitsotakis, que, pese a ser del PPE, no tiene interés en posicionarse en contra de España.

Entre los callados también hay favorables silenciosos, como Malta, Estonia, Hungría, Irlanda o Dinamarca; pero también escépticos, como Bulgaria o Letonia. El Gobierno cree que en el caso de que se llegase a votar, ellos no serían un obstáculo. Como se requiere unanimidad, basta con que no se pronuncien. Si alguien quisiera señalar su contrariedad sin oponerse, le vale una abstención.

Las cláusulas económicas del acuerdo del CESE

El Ministerio de Asuntos Exteriores firmó recientemente un acuerdo que permite que los representantes españoles se puedan expresar oralmente en una de las lenguas cooficiales en los plenos del Comité Económico y Social Europeo (CESE), un órgano consultivo que actúa como puente entre las instituciones ejecutivas y los ciudadanos. En este acuerdo, según el documento administrativo al que ha podido tener acceso La Vanguardia, España asume todos los costes, tanto del servicio de interpretación en los plenos –que se deberá pedir con un mínimo de siete semanas– como para traducir las comunicaciones entre los ciudadanos y el organismo. El CESE presentará una nota semestral detallándolos, y el Gobierno debe reembolsaros en un mes, apunta. Y, en el caso de las comunicaciones, se harán por medio de traducciones al castellano: “El CESE enviará su respuesta en castellano a este órgano –se lee– para que envíe a los interesados una traducción certificada de esta en la lengua de la comunicación original”.

Hay dos casos particulares. Uno es Francia. El ministro francés tomó la palabra, pero fue tan calculadamente ambiguo que las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo sobre si se expresó a favor o en contra. Es la diplomacia de París, que, pese a querer mantener buenas relaciones con Madrid, no tiene ningún interés por la diversidad lingüística. El PSOE cree que, de llegar a un voto, Francia no será un obstáculo.

El otro es Italia. El Gobierno de Giorgia Meloni no quiere decepcionar a sus aliados del PP y Vox, pero tampoco ser el único en vetar, y está cómodo con el argumento de la falta de garantías. Por eso, todos los ojos están ahora puestos en Alemania. Si el escudo alemán cae, piensa el PSOE, el resto de contrarios irán detrás. O por lo menos no tendrán tantas ganas de hablar en contra.