Los aliados del PSOE calibran su presión para evitar una crisis de Gobierno

La creciente impaciencia de los socios y aliados del PSOE ante su gestión de la crisis por los casos de corrupción que han estallado en el seno de Ferraz está llevando la legislatura a un terreno resbaladizo. Pero el temor a un adelanto electoral con PP y Vox al alza está conteniendo, al menos de momento, las pulsiones más beligerantes.

Ante el mutismo de Pedro Sánchez, que no ha contactado con sus socios para consensuar el paquete de medidas que presentará este miércoles en el Congreso, la formación de Yolanda Díaz decidió contraatacar ayer con un doble órdago. El primero: llevar al pleno del Congreso la propuesta de creación de una oficina estatal anticorrupción. El segundo: trasladar al Consejo de Ministros, antes de que acabe julio, la ampliación de los permisos retribuidos para cuidados.

Son cuestiones importantes para la formación, pero lo cierto es que se tratan más de un golpe de efecto que de medidas tangibles como tal. Porque ninguna de las propuestas depende exclusivamente de Sumar.

La creación de la oficina anticorrupción requiere una mayoría parlamentaria que pasa, inevitablemente, por el PSOE. Y en cuanto al permiso parental, su debate en el Consejo de Ministros no garantiza nada si el ala socialista del Ejecutivo decide no impulsarlo. Dicho de otra manera, el control final de lo que llega o no al Boletín Oficial del Estado (BOE) sigue siendo, como recuerdan fuentes de la coalición, prerrogativa socialista.

En Sumar son conscientes de ello, pero entienden que es la fórmula más adecuada para sacar al PSOE del “estado de shock” en el que se encuentra: “Es el primer paso para hacer efectivo el reseteo de la legislatura”, argumentan fuentes del espacio plurinacional.

Más prudente se muestra el PNV. Los nacionalistas vascos no piensan “abrir ninguna carpeta” hasta escuchar a Sánchez este miércoles. Y rechazan sumarse a las presiones de otras formaciones, como Coalición Canaria, cuyo secretario general instó a Sánchez a presentarse a una cuestión de confianza. Para los de Aitor Esteban, el momento exige más escucha que acción.

En Esquerra Republicana, la crítica se combina con el cálculo político. La gestión del caso Cerdán y la elección de Montse Mínguez como portavoz socialista no han gustado, al considerar que “el PSC nunca podrá defender los intereses de Catalunya”. Pero ERC prefiere la cautela: esta semana se juega una carta clave en la negociación del nuevo modelo de financiación.

La reunión bilateral Estado-Generalitat del 14 de julio es vista como decisiva. En la mesa, el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya, esencial para avanzar hacia una mayor soberanía fiscal pactada con el PSC. Por eso, las críticas se dosifican, sin romper el respaldo táctico al Gobierno.

La única formación que ha abandonado por completo la lógica de los equilibrios es Podemos. Tras su ruptura con Sumar y su creciente aislamiento parlamentario, ejerce como oposición desde la izquierda. Pablo Fernández, su secretario de organización, deslizó ayer que Sánchez perderá cualquier opción de ganarse la confianza de Podemos, “si no asume una autocrítica clara”.

A 24 horas de la trascendental comparecencia del presidente, los equilibrios resisten. Pero cada vez con menos convicción.