MC Jalisco frena plan de Infonavit para regularizar invasiones

El partido Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco ha rechazado categóricamente el plan federal del Infonavit, dirigido por Octavio Romero, para regularizar miles de viviendas invadidas. Esta postura abre un nuevo frente de confrontación entre el gobierno estatal y la federación.

Un nuevo y significativo campo de batalla político se ha abierto entre el gobierno de Jalisco y la administración federal. El partido Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna el estado, ha manifestado su rechazo total y frontal al plan anunciado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar las propiedades que han sido invadidas ilegalmente.

La controversia surge tras las declaraciones del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien en una conferencia de prensa delineó la intención de implementar un nuevo programa destinado a la recuperación y posterior regularización de estas viviendas, permitiendo a los ocupantes actuales convertirse en propietarios.

«No a la Regularización»: MC Jalisco Fija Postura Frente a Plan Federal

La postura de Movimiento Ciudadano en Jalisco es inequívoca: no apoyarán una medida que, desde su perspectiva, valida un acto ilegal. Figuras importantes del partido, aunque no citadas directamente en el anuncio inicial, han mantenido históricamente una línea de defensa de la legalidad y la participación ciudadana, como los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, lo que contextualiza la filosofía del partido.

El rechazo de MC se fundamenta en la defensa del estado de derecho y la protección de la propiedad privada, principios que consideran no negociables. La medida federal es vista por el partido naranja como un incentivo a la ilegalidad y una afrenta a los trabajadores que sí cumplen con sus obligaciones crediticias.

¿Justicia Social o Fomento a la Ilegalidad? Los Dos Lados del Debate

Este enfrentamiento político refleja un choque ideológico fundamental con profundas ramificaciones sociales y económicas.

* La Postura Federal (Infonavit/Morena): El plan se enmarca en un discurso de justicia social. Busca dar una solución a miles de familias que viven en condiciones de precariedad y sin certeza jurídica sobre su patrimonio. El argumento es que, en lugar de costosos y largos procesos de desalojo, es preferible encontrar una vía para que estas familias se integren a la formalidad, paguen por las viviendas y el Infonavit recupere parte de su cartera vencida.

* La Postura Estatal (MC Jalisco): El gobierno de Jalisco y su partido argumentan que regularizar las invasiones es «premiar la ilegalidad». Sostienen que esta medida crea un precedente peligroso que desincentiva el cumplimiento de la ley y perjudica a quienes sí han seguido los cauces legales para adquirir una vivienda. La defensa de la certeza jurídica de la propiedad es, para ellos, un pilar para la inversión y el desarrollo ordenado del estado.

«No podemos premiar la ilegalidad. La certeza jurídica de la propiedad es fundamental para el desarrollo de Jalisco y para proteger el patrimonio de los trabajadores que sí cumplen. Regularizar invasiones sería enviar el mensaje equivocado», podría ser la síntesis del argumento esgrimido por los liderazgos de MC.

El Impacto Humano: Las Familias en el Centro del Conflicto

Más allá de la disputa política, en el centro de este conflicto se encuentran miles de personas. Por un lado, las familias que ocupan estas viviendas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que ven en el plan federal una oportunidad única para asegurar su hogar. Por otro lado, están los derechohabientes originales, trabajadores que en algún momento no pudieron seguir pagando su crédito y perdieron la posesión de la vivienda, y que ahora ven cómo podría ser entregada a terceros.

La decisión final tendrá un impacto directo en la vida de estas personas y en el futuro de miles de propiedades a lo largo de Jalisco.

Una Batalla Política con Fondo Social

La negativa de MC Jalisco a secundar el plan del Infonavit no es solo una diferencia de política pública, sino una declaración de principios que define su relación con el gobierno federal de Morena. Este tema se perfila como uno de los principales puntos de fricción en la agenda política estatal, y su resolución (o falta de ella) será un termómetro de la capacidad de diálogo y negociación entre ambos niveles de gobierno. La pregunta que queda en el aire es si se podrá encontrar un punto medio que equilibre la justicia social con el respeto a la legalidad.