Rechazo empresarial a detonar la financiación

Las patronales alertan de que el cupo catalán hará menos competitivas a muchas empresas.

El empresariado se opone al modelo fiscal privilegiado que ha concedido Pedro Sánchez a la Generalitat catalana como pago al apoyo parlamentario de los partidos separatistas por una pléyade de motivos. En primer lugar, por haber sido negociado de forma bilateral y a espaldas del resto de comunidades autónomas, que se verán sin duda perjudicadas por la salida de Cataluña del régimen común.

Segundo, por considerar que el pacto financiero se pretende utilizar de forma cortoplacista para sostener a un Ejecutivo debilitado por los casos de presunta corrupción que implican al entorno más estrecho del actual inquilino de la Moncloa, pero que su aplicación práctica tendría consecuencias a largo plazo para el conjunto de la economía española.

Tercero, porque lo acordado por PSOE y PSC con ERC no sólo supone que la Generalitat catalana dispondrá de más recursos de la caja común que el resto de regiones, sino que restringe la autonomía fiscal de éstas, al impedirles bajar los tributos cedidos más allá de un determinado nivel fijado de forma arbitraria por esas formaciones políticas. Un corsé diseñado específicamente para impedir que la Comunidad de Madrid siga desplegando la exitosa estrategia de baja fiscalidad que le ha permitido alzarse como la economía regional más dinámica de España, cuya reversión forzada por parte del Gobierno de Sánchez reduciría gravemente la competitividad de las empresas de nuestro país y no sólo de las localizadas en la región que preside Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, las grandes patronales consultadas por EXPANSIÓN alertan de que este cambio nuclear del régimen de financiación de las comunidades autónomas por conveniencia partidista, en el que no se han seguido ni los procedimientos reglados ni se ha hecho partícipes a las administraciones afectadas ni se ha consultado a los contribuyentes, ahonda en la percepción generalizada entre los inversores de una alarmante inseguridad jurídica en la economía española. Algo que se refleja ya en los menores flujos de inversión productiva llegados durante los últimos meses.

En suma, los representantes empresariales rechazan de plano que desde planteamientos teóricamente de izquierdas y sin consenso alguno se dinamite la solidaridad entre territorios establecida en la Constitución de 1978, lo cual supone condenar a las regiones menos avanzadas a un menor desarrollo futuro, y a que sus habitantes dispongan de unos servicios públicos de inferior calidad.