Un año del desastre que ha mostrado lo peor de la política

Los partidos llevan un año echándose los muertos a la cara en vez de actuar de forma unida.

Cuando se cumple un año de la dana que causó 229 muertos en Valencia, los familiares de las víctimas siguen con unas heridas abiertas que tardarán mucho tiempo en curar. En estos 12 meses, España ha presenciado la peor versión de sus políticos, sin excepción, incapaces de prever el problema, de actuar frente a la catástrofe y de reconstruir los 75 pueblos afectados, cuyos habitantes siguen viviendo en precario sin que la administración central, la autonómica o la municipal les hayan dado soluciones. Lo peor de todo es que las fuerzas políticas llevan doce meses echándose los muertos a la cara en vez de actuar de forma unida para hacer frente a los efectos de la tragedia.

De todos ellos, el peor sin duda es el que todavía sigue siendo presidente de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón se sigue aferrando a un cargo que debió haber abandonado inmediatamente después de su desastrosa gestión, mientras ofrece cada semana una versión diferente de lo que estaba haciendo la tarde del 29 de octubre de 2024, mientras la riada quitaba la vida a 229 personas. Sin embargo, lo importante no es lo que hizo entre las 12 y las 20 horas de aquel día, sino lo que no hizo. Una dejación clara de sus funciones que seguramente tenga consecuencias judiciales.

No es comprensible que Mazón siga al frente del gobierno valenciano, ni que Alberto Núñez Feijóo no le haya forzado a presentar su dimisión. Ha habido tiempo de sobra, mientras se iban confirmando su negligencia y sus mentiras sobre los acontecimientos de aquel día. Un mínimo de dignidad hubiera exigido su salida de la primera línea política. Al margen de su responsabilidad penal, que tendrán que dirimir los tribunales, existe una responsabilidad política que debería haber asumido él o le tendría que haber forzado a tomarla su partido.

El espectáculo de ayer, durante el homenaje a las víctimas no deja lugar a dudas sobre el sentimiento popular en Valencia. "Asesino" , "cobarde", "rata", le gritaban algunos familiares, después de que él afirmara en una declaración institucional que "tratamos de hacer lo mejor, pero no fue suficiente". Por supuesto que no, si no estaba en el lugar que requería la gravedad de la situación. Tampoco su equipo actuó como debiera, retrasando el envío del aviso a los teléfonos móviles de la zona. ¿Cuántos muertos se hubieran evitado?

También hay que reprochar la actitud del gobierno central respecto a la catástrofe. Después de siete proyectos presentados para canalizar el barranco del Poyo, en 2021 se decidió actuar para evitar futuros desbordamientos. Sin embargo, el ministerio que presidía entonces Teresa Ribera frenó la reforma por no considerarla rentable. Era una enorme actuación en siete lugares diferentes, valorada en 240 millones de euros, que hubieran reducido la intensidad de la riada, evitando muchas muertes.

Razones medioambientales y económicas frenaron las actuaciones y aun ahora, un año después de la catástrofe, se sigue sin emprender unos proyectos que reducirían notablemente el caudal del barranco para evitar futuras riadas. Según la documentación oficial, el Barranco del Poyo ha registrado cien inundaciones documentadas en los últimos dos siglos. Un cauce de unos 40 kilómetros que empieza en las montañas de Buñol, con una altitud de 1.000 metros, y continúa por Chiva, Cheste, Torrent, Catarroja, Picanya y Paiporta. Municipios tristemente famosos tras la dana del 29 de octubre.

También hay que reprochar a la delegada del Gobierno (¿o del partido?) en Valencia su actitud de escasa colaboración con las autoridades autonómicas, en un intento claro de erosionar su prestigio con vistas a unas futuras elecciones. Pilar Bernabé ha jugado a la contra y ha participado activamente en la red de bulos transmitidos para defender la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Aemet. Ambos organismos fallaron en la predicción y en la información en tiempo real de la catástrofe, como se ha demostrado durante la investigación judicial posterior.

En vez dedicar tanto tiempo a culpabilizarse mutuamente, los gobiernos de España y de la Comunidad Valenciana deberían haber unido sus fuerzas para afrontar con mucha más rapidez y eficacia los efectos de la riada. Gracias al trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, de Protección Civil y de miles de voluntarios llegados de toda España, se consiguieron paliar en las primeras semanas las consecuencias de la catástrofe.

Pero, pasados unos meses, todas las ayudas e inversiones anunciadas por Madrid y Valencia han ido llegando con cuentagotas. Sus máximos responsables han dedicado más tiempo a echarse las culpas unos a otros que a trabajar de forma coordinada para reconstruir las viviendas, las escuelas y las infraestructuras de la zona y para ayudar a rehacer su vida a las miles de familias afectadas.

¿Y qué decir de la falta de empatía de los políticos con las víctimas? Todavía resuenan las palabras de Pedro Sánchez diciendo que "si quieren ayuda que la pidan", o la politización del dolor y la muerte en innumerables debates entre las distintas fuerzas políticas en Valencia y en España.

Una vez más, han sido los Reyes los que han mostrado mayor solidaridad con las víctimas de la dana durante todo este año. Don Felipe y Doña Leticia han viajado en numerosas ocasiones a mostrar su apoyo y consuelo a los ciudadanos afectados por la catástrofe, recordando siempre la necesidad de trabajar juntos para afrontar la tragedia. Ayer, durante el homenaje celebrado en Valencia, el monarca volvió a decirlo: "Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita".