Alrededor del 90% de la inversión pública proviene de los fondos de cohesión de la UE

«Durante el período de programación 2014-2020, la política de cohesión contribuyó, de media, con el 14 % de la inversión pública total en el conjunto de la UE, aunque con variaciones considerables entre Estados miembros», indica el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en un informe publicado hoy.

En un documento sobre el futuro de la política de cohesión y las lecciones que hay que aprender del pasado, el auditor de la UE señala a Portugal como el país del espacio comunitario con mayor porcentaje de estos fondos europeos en relación a la inversión pública, que es del 90% según las cuentas del TCE.

Le siguen Croacia (69%), Lituania (67%), Eslovaquia (60%) y Bulgaria (58%).

Por el contrario, los países con menor peso de la cohesión en sus inversiones públicas son Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia, todos con un 1%.

En total, la política de cohesión de la UE ha proporcionado alrededor de un billón de euros a los países de la UE entre 1989 y 2023, y se esperan otros 400 000 millones de euros para 2027, lo que la convierte en la mayor política de desarrollo regional de su tipo en el mundo.

Según la Comisión Europea, la cohesión ha ayudado a reducir las diferencias sociales y económicas en el bloque, pero el TCE señala que este proceso no ha sido el mismo en todas las regiones.

Los patrones de convergencia económica reflejan diversas dinámicas nacionales. Por ejemplo, un mayor crecimiento en las regiones capitalinas de los Estados miembros orientales suele incrementar las disparidades en dichos países, y en Portugal, la convergencia regional se debe a un crecimiento anterior más lento en regiones que anteriormente presentaban un alto rendimiento, afirma el informe.

En un comunicado, el auditor de la UE señala que "en los últimos períodos, la aplicación de la política [de cohesión] se ha centrado más en el rendimiento, sin mucho éxito visible".

En este ámbito, un aspecto a considerar sería el apoyo a las reformas nacionales y regionales para aumentar la eficiencia y la eficacia de las inversiones financiadas por Bruselas. Además, el TCE ha señalado reiteradamente que sería más fácil crear políticas basadas en la evidencia si se supervisara y evaluara mejor el rendimiento, añade.

En el informe, el auditor comunitario destaca también "la importancia de que las normas aplicables se adopten con antelación, para que la programación pueda ser más rápida y haya un buen nivel de financiación anticipada para que la aplicación pueda empezar a tiempo".

Y propone una revisión de las reglas para evitar "burocracia inútil y alto riesgo de error", así como mayor transparencia para poder "responsabilizar a los gestores" y también "recuperar fondos utilizados indebidamente".

El TCE señala además que, con el tiempo, la política de cohesión ha tenido que abarcar un conjunto cada vez mayor de prioridades y objetivos de la UE, incluidas situaciones imprevistas como la pandemia de Covid-19 y la afluencia de refugiados procedentes de Ucrania tras la invasión del país.

Si bien reconoce la importancia de la flexibilidad en el uso del dinero, el TCE advierte que esto dispersará los fondos de la política de cohesión y podría desviarlos de su objetivo principal, que es reducir las desigualdades entre regiones. Por lo tanto, es esencial que los objetivos de la futura política sigan vinculados a las necesidades de desarrollo de cada región y se centren en aumentar la convergencia económica y social, concluye.

Con un presupuesto de 392.000 millones de euros para el actual período de programación 2021-2027, la política de cohesión es la principal política de inversión de la UE.

El marco comunitario vigente en la UE prevé alrededor de 23.000 millones de euros para que Portugal aplique programas de cohesión.

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