El impuesto a las blusas recauda poco y castiga a los más pobres

Resumen El “impuesto a la blusa” recaudó poca recaudación en un año, careció de fundamento técnico y fue criticado por su regresividad, afectando directamente a los más pobres y generando un fuerte rechazo social.

Un año después de la implementación del impuesto a las remesas internacionales de hasta US$50, conocido como “impuesto blusa”, el abogado tributario Ranieri Genari, especialista de IBET y consultor fiscal de Evoinc, cuestiona la efectividad y equidad de la medida.

Según datos de la Hacienda Federal, el impuesto ha generado una recaudación mensual promedio de R$175,8 millones. Genari considera que esta cantidad es marginal en comparación con el presupuesto federal.

“Para justificar este cobro, sería necesario demostrar impactos estructurales más amplios —como la corrección de distorsiones competitivas con el comercio minorista nacional o el combate a la informalidad—, lo que en la práctica no ocurrió”, afirma.

Señala además que el efecto práctico fue gravar un segmento del consumo accesible al estrato más bajo de la población, sin una contrapartida evidente en la redistribución del ingreso o el equilibrio fiscal.

El experto fiscal también critica la falta de estudios técnicos que sustenten la decisión.

Llama la atención la ausencia total de estudios de impacto, especialmente considerando el alcance del comercio electrónico, lo que plantea dudas legítimas sobre la base técnica de la medida, que parece más alineada con una lógica de flujo de caja que con una política fiscal equitativa.

En opinión de Genari, el impuesto es regresivo y recae casi exclusivamente sobre las personas que utilizan el comercio electrónico internacional para acceder a productos más baratos o no disponibles en el mercado local.

"Esto contrasta marcadamente con la indulgencia histórica del Estado a la hora de revisar las exenciones fiscales otorgadas a los principales actores, con un fuerte cabildeo en el Congreso".

A pesar de haber sido creada por el Legislativo, la medida tuvo su costo político trasladado al Ejecutivo.

Al renunciar a su rol protagónico en el desarrollo de una solución fiscal justa, el Gobierno Federal asumió el costo político de una medida que fue fuertemente rechazada por la sociedad, algo que sin duda se reflejó en el bajo índice de aprobación de la administración.

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